Fiscalía busca aclarar si la JEP ocultó a exguerrilleros
Las primeras personas llamadas a declarar hacen parte de la Secretaría Ejecutiva, entre ellas la exmagistrada y exfiscal Martha Lucía Zamora.
Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.
Mediante interrogatorios, la Fiscalía General de la Nación busca determinar si funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz trataron de ocultar la ausencia de excomandantes de las Farc los procesos que adelanta la justicia transicional.
Hoy y mañana serán escuchados por un fiscal, la directora administrativa de la JEP Martha Lucía Zamora, quien obró por tres meses como secretaria ejecutiva en reemplazo de Néstor Raúl Correa (quien renunció en medio de un mediático escándalo); y los abogados contratistas July Milena Henríquez Sampayo y Luis Ernesto Caicedo Ramírez.
Presuntas falsedades
Serían por lo menos dos las razones por las que la Fiscalía los interrogará. Fuentes cercanas al ente acusador explicaron que mediante el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP, coordinado por Henríquez, es posible que hayan tratado de dar la apariencia de que exguerrileros, de los que no se sabe su paradero, habrían comparecido ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
El argumento de esta tesis es que no fueron presentadas las firmas autenticadas ante notario público, como debía ser, argumentando dificultades en la movilidad desde los Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización. Así los excomandantes citados aparecían cumpliendo cuando posiblemente ya se desconocía su paradero y real interés de aportar a la JEP.
El segundo asunto por el que serán interrogados, y que hizo público el fiscal general Néstor Humberto Martínez, tiene que ver con presuntos fraudes procesales para no iniciar un incidente de incumplimiento en contra de los excomandantes que renunciaron al esquema de seguridad y no aparecen.
Efectivamente la Ley Estatutaria de la JEP señala que un incidente de incumplimiento al régimen de condicionalidad puede ser solicitado por las víctimas, la Procuraduría, la Fiscalía, la Unidad de Investigación y Acusación o por las mismas salas de la JEP y podría derivar en la pérdida de los beneficios adquiridos en este sistema de justicia .
Sin embargo, dijo el fiscal que “esa actuación judicial puede empezar a estar empañada porque tengo que declararle al país que la Fiscalía tiene evidencias de que algunos funcionarios, unos inescrupulosos, estarían cocinando falsedades y fraudes procesales para que la JEP no actúe cumpliendo con la Constitución y la Ley”.
Los implicados
Si bien la presidenta de la JEP, Patricia Linares, había sido optimista al señalar que las personas implicadas en la presunta falsedad procesal no eran magistrados, sí es un golpe a la jurisdicción que se trate de Zamora, quien ostentó el cargo más importante de esa jurisdicción, a parte de los magistrados.
Zamora fue magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, donde coincidió con Correa, su antecesor en la Secretaría. Además, fue fiscal general encargada, en reemplazo de Viviane Morales, en marzo de 2012. Tiene procesos por supuestamente manipular falsos testigos en los casos contra Sigifredo López, exdiputado del Valle, y Juan Francisco Gómez, exgobernador de La Guajira.
Por su parte, Henríquez, quien responde a Zamora, fue abogada de Lazos de Libertad, una ONG mediante la cual lograron la excarcelación varios exguerrilleros y que incluso solicitó la repatriación de Simón Trinidad. Henríquez es la profesional que aprobó el permiso de “turismo” hacia Isla Margarita de Fernando Arellán, el exguerrillero condenado por el atentado al Club El Nogal.
A ella le responde Caicedo, quien fue abogado de la Comisión Colombiana de Juristas y llevó casos de víctimas de restitución de tierras. Después de oírlos, la Fiscalía determinará si sus sospechas eran ciertas y si hay causales para empezar una investigación formal.