Investigan supuesta fuga de información en la Fiscalía que habría terminado en manos del ELN
La fuga de información habría derivado en el asesinato de al menos dos desertores de esa guerrilla señalados de colaborar con las autoridades.
Una serie de expedientes judiciales puso bajo la lupa a un investigador del CTI y a una fiscal especializada contra el crimen organizado, quienes actualmente son objeto de indagaciones internas. Sus nombres aparecen en procesos distintos que coinciden en la posible filtración de información reservada de la Fiscalía que, según versiones recogidas en investigaciones judiciales, habría terminado en manos del ELN y desencadenado asesinatos contra personas señaladas como informantes.
El asunto gira en torno a la muerte de dos desertores de esa guerrilla que, de acuerdo con informes de inteligencia, habían sido vinculados en varios procesos como presuntos colaboradores de las autoridades. Uno de esos casos estaba relacionado con un supuesto plan para perpetrar un atentado contra figuras de alto perfil en el país.
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Las sospechas sobre la filtración se mencionan en diferentes expedientes a los que tuvo acceso el El Tiempo. Allí se plantea que la información reservada pudo haber sido utilizada por el ELN para ubicar y ejecutar a quienes consideraba traidores dentro de sus filas.
Uno de los crímenes ocurrió el 19 de agosto de 2023, cuando Joaquín Vergara Mojica, quien había abandonado la guerrilla, fue perseguido por un sicario hasta un establecimiento comercial en el municipio de San Vicente de Chucurí, Santander. Allí fue atacado a tiros. Pocos días después, el ELN se atribuyó el homicidio y aseguró que se trató de un “ajusticiamiento” por traición.
Un día antes, el 18 de agosto de ese mismo año, también fue asesinado Otto Daniel Aponte Vásquez, otro excombatiente de esa organización armada. Según reportes de inteligencia, ambos hombres eran vistos dentro de la estructura guerrillera como posibles delatores.
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Una declaración entregada en septiembre de 2023 ante el entonces director del CTI, Alberto Acevedo, aporta una hipótesis sobre el trasfondo de estos crímenes. Durante más de dos horas y media, una fuente relató que el ELN habría emprendido una especie de “cacería interna” para identificar a quien filtró detalles sobre un presunto plan terrorista de gran escala.
Según ese testimonio, el complot implicaba un movimiento de cerca de 2.600 millones de pesos y tenía como posibles objetivos al entonces fiscal general Francisco Barbosa, al general retirado Eduardo Enrique Zapateiro y a la senadora María Fernanda Cabal.
El informante aseguró que la idea detrás del supuesto atentado era generar una distracción de gran impacto mediático mientras el grupo armado realizaba movimientos estratégicos de tropas y armamento desde Venezuela hacia territorio colombiano.
Durante su declaración, la fuente señaló a una fiscal especializada en crimen organizado que, según afirmó, habría empezado a indagar por su identidad y por información de su familia, pese a que no tenía competencia directa en el proceso que se adelantaba. El testigo sostiene que, tras esas averiguaciones, su rastro habría sido desviado hacia Vergara y Aponte, los dos exmiembros del ELN que finalmente fueron asesinados.
En medio de esta controversia también aparece el nombre del investigador del CTI Eber Augusto Huertas, quien acompañó al informante durante su declaración. Huertas había trabajado años atrás junto a la fiscal señalada, Lizeth Paola Rodríguez, cuando ambos estaban asignados a investigaciones en Arauca en 2013.
La relación entre los dos funcionarios, según El Tiempo, ha estado marcada por acusaciones mutuas en los últimos años. En distintos procesos judiciales se mencionan denuncias por presunto acoso e injuria presentadas por la fiscal contra el investigador, mientras que Huertas ha insinuado supuestos vínculos de la funcionaria con el ELN, afirmaciones que también forman parte de las indagaciones en curso.
Por ahora, las autoridades revisan la información recopilada en los expedientes para establecer si realmente existieron filtraciones de datos sensibles dentro de la Fiscalía y si estas pudieron haber facilitado los asesinatos de los dos desertores, en medio de la guerra interna que la guerrilla libra contra quienes considera informantes de las autoridades.
Según la investigación del medio citado, la fiscal Rodríguez será trasladada a la Dirección Especializada de Derechos Humanos, y el investigador Huertas trabaja en Paloquemao. La fiscal, por su parte, pidió la activación de un grupo especial para que esclarezca todas las denuncias en su contra que la relacionan con el grupo armado ilegal.