Denuncian “cartel de diplomas irregulares” en 16 entidades del Gobierno Petro
Al menos 24 casos de funcionarios con títulos de la Fundación Universitaria San José fueron identificados, en un proceso que habría implicado pagos superiores a los mil millones de pesos.
La representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, denunció la existencia de un presunto cartel de diplomas irregulares expedidos por la Fundación Universitaria San José, cuyos beneficiarios habrían sido contratados o vinculados como funcionarios en al menos 16 entidades del Gobierno nacional durante la administración de Gustavo Petro. Según la investigación, entre 2023 y 2025 estas contrataciones le habrían costado al Estado más de 1.100 millones de pesos.
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De acuerdo con la congresista, el equipo que adelantó la verificación detectó 24 casos en los que los títulos profesionales o tecnológicos presentarían irregularidades graves frente a los requisitos legales. La investigación identificó dos modalidades principales. En la primera, seis personas obtuvieron su diploma sin que exista registro verificable de haber presentado la prueba Saber Pro, examen obligatorio para acceder a un título profesional en Colombia.
En la segunda, 18 personas sí presentaron la prueba, pero lo hicieron después de haberse graduado, lo que contraviene la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 de ese mismo año, que establecen que este examen debe aprobarse antes de la expedición del título.
Los hallazgos muestran que varios de estos títulos fueron utilizados para acceder a contratos y cargos en entidades públicas, algunos de ellos con requisitos explícitos de formación profesional.
Entre las entidades que habrían vinculado a estas personas figuran el SENA, con el mayor número de casos, 10 en total. La Unidad Nacional de Protección, el Invima, el Ministerio de Transporte, la DIAN, el DANE, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Dapre, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Salud, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Corporación Aeronáutica Colombiana, entre otras.
En al menos un caso, una misma persona habría tenido contratos simultáneos o sucesivos en más de una entidad.
La denuncia incluye situaciones en las que contratistas y funcionarios accedieron a cargos como asesores, analistas, instructores o técnicos administrativos, con asignaciones mensuales y contratos que, en conjunto, suman decenas de millones de pesos, pese a que los títulos con los que acreditaron su formación podrían ser inválidos.
En algunos casos, incluso, se advierte que las personas ya estaban vinculadas al Estado antes de la fecha oficial de grado de los programas profesionales que posteriormente reportaron.
Para Juvinao, estos hechos sugieren que el caso de Juliana Guerrero no sería un episodio aislado, sino apenas el inicio de un esquema más amplio.
La congresista planteó serios cuestionamientos sobre el rol de la Fundación Universitaria San José, los mecanismos de control del Ministerio de Educación Nacional y la verificación de requisitos por parte de las entidades contratantes.
“Se abren ahora diversos interrogantes que tanto la Fundación Universitaria San José, el Ministerio de Educación Nacional, el ICFES y las personas beneficiarias de los contratos deberán responder con el mayor grado de urgencia y transparencia ante el país y las autoridades”, cuestionó la congresista.
Ante este panorama, la representante hizo un llamado urgente al Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía para que inicien las investigaciones correspondientes, determinen posibles responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales, y evalúen si existió un detrimento patrimonial por los recursos públicos ya pagados.
También pidió esclarecer si hay más casos similares en otras entidades del orden nacional o territorial y quién deberá responder por la eventual devolución de los dineros comprometidos.
Uno de los casos que más llama la atención dentro de la denuncia es el de un funcionario que aparece con cuatro títulos profesionales obtenidos el mismo día. Según la documentación revisada, el hombre figura como graduado el 5 de julio de 2024 en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional.
Sin embargo, solo registra una prueba Saber Pro, pese a que la normativa establece que este examen puede ser homologado para máximo dos programas académicos, no para cuatro pregrados. A pesar de ello, el funcionario se encuentra vinculado a la DIAN desde octubre de 2023, es decir, antes de la obtención de los títulos, como analista II (código 202, grado 02), con una asignación mensual cercana a 4,6 millones de pesos.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué irregularidades tendrían los diplomas denunciados?
- Algunos títulos se habrían expedido sin prueba Saber Pro o con el examen presentado después del grado, lo cual es ilegal en Colombia.
- ¿Cuántas entidades públicas estarían involucradas?
- La denuncia menciona al menos 10 entidades del orden nacional, entre ellas el SENA, la DIAN, el DANE y varios ministerios.
- ¿Qué autoridades deben investigar el caso?
- El Ministerio de Educación, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.