Los expedientes de la JEP que salpican al general Miguel Huertas
La JEP realizará del 4 al 6 de diciembre, en Granada (Meta), la Audiencia de Reconocimiento de los máximos responsables. Aunque Huertas no figura entre los imputados, podría ser llamado nuevamente a declarar.
El general Juan Miguel Huertas Herrera atraviesa uno de los mayores escándalos militares de los últimos años, luego de que se conocieran sus posibles relaciones con las disidencias de las Farc. Mientras ese tema se esclarece, su nombre también aparece en expedientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque en un contexto distinto y con alcances jurídicos delimitados.
Entre 2002 y 2003, se desempeñó como oficial de operaciones (S3) del Batallón de Artillería No. 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez” (BAJES), adscrito a la Cuarta Brigada.
En ese cargo, su nombre apareció mencionado en dos escenarios: El caso de la muerte de Medardo Ángel Galeano Rave y otros tres hombres sin identificar. La Fiscalía lo mencionó en la Resolución 9729 porque, como oficial de operaciones, fue quien firmó los documentos que legalizaron la operación militar en la que Galeano y los otros tres fueron asesinados. Su firma no lo declaró responsable, pero sí lo vinculó como parte del engranaje operativo del batallón en ese periodo.
El otro caso es el homicidio de una adolescente de apenas 16 años, quien fue presentada como una baja en combate. Las versiones de dos comparecientes del subcaso Antioquia ante la JEP lo señalaron por su rol como oficial de operaciones.
Tras años de investigación, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR) estableció, en los Autos 062 de 2023 y 005 de 2025, quiénes eran los máximos responsables de los crímenes cometidos por el BAJES en Antioquia. En total identificó a nueve militares, pero Huertas Herrera no figura entre ellos.
Por esa razón, mediante el Auto 017 de 2025, la JEP envió su caso a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ), instancia que se ocupa de quienes no fueron catalogados como máximos responsables dentro del patrón macrocriminal del subcaso Antioquia.
Esto significa que Huertas no enfrenta una imputación dentro del macrocaso 03, sino que su situación será evaluada para determinar si mantiene beneficios, si debe aportar verdad adicional o si se adoptan otras medidas judiciales.
La JEP adelantará el 4, 5 y 6 de diciembre en Granada (Meta) la Audiencia de Reconocimiento de los máximos responsables de ese caso. Aunque Huertas no está entre los imputados, sí es posible que vuelva a ser citado, solo si alguno de los máximos responsables lo menciona; si las víctimas solicitan su comparecencia o si aparecen nuevos informes o testimonios que justifiquen una versión más amplia.
De cumplirse alguno de estos supuestos, la Sala de Definición podría exigirle precisiones adicionales sobre su papel en las operaciones de la época.
Subcaso Antioquia
Investiga la muerte de seis personas, dos de ellas menores de edad, que fueron presentadas como supuestas bajas en combate, por miembros del Batallón de Artillería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (Bajes) y Batallón de Ingenieros No. 4 ‘Pedro Nel Ospina’ (Biosp), adscritos a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.
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Una de las víctimas es Luz Stelly Morales, de 16 años. La adolescente desapareció el 19 de septiembre de 2003, en la vereda La Linda, tras ser detenida durante una operación militar ejecutada por la unidad Atacador I. El grupo estaba bajo el mando del subteniente Edwin Leonardo Toro Ramírez y actuó tras el señalamiento de una desmovilizada que colaboraba con el Ejército como guía en la zona.
La menor fue trasladada al campamento donde operaban las tropas y allí fue asesinada. Posteriormente, fue presentada como integrante de un grupo armado ilegal dada de baja en combate. Su hermana relató ante la JEP que Luz Stelly era una adolescente dedicada al trabajo en el campo y que no tenía ningún tipo de vínculo con organizaciones armadas.
En las diligencias ante la Jurisdicción, un cabo que participó en la operación explicó cómo se alteró la escena para simular un enfrentamiento: se colocaron distintos elementos sobre el cuerpo y un arma en la mano para respaldar el reporte militar. La familia solo pudo identificar a la menor un año después de su muerte.
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La operación se realizó con base en una orden firmada por el comandante del Batallón de Artillería N.° 4 (BAJES). Ese documento fue revisado y autenticado por la Sección de Operaciones del batallón, oficina que para esa fecha estaba a cargo del entonces capitán Juan Miguel Huertas Herrera.
En versiones posteriores, militares que han comparecido ante la JEP describieron que durante ese periodo las órdenes operacionales eran generales y no estaban respaldadas por información de inteligencia suficiente. También afirmaron que existían instrucciones para retener a civiles por varios días y emplearlos como guías. Uno de los comparecientes señaló que esas directrices provenían de la Sección de Operaciones, y al ser consultado sobre quién ocupaba ese cargo en ese momento, mencionó a Huertas Herrera.