La gobernabilidad en riesgo: Petro se juega la soledad o los acuerdos en su último año
El Gobierno tomó la decisión de sacar a tres ministros y directores de varias entidades tras perder el debate de la Corte Constitucional en el Congreso. Ahora se verá si logra mantener la gobernabilidad un año más o si se radicaliza.
Los trinos del presidente Gustavo Petro cuando se enteró de la derrota en el Congreso revelaron una ansiedad pocas veces vista en el mandatario. Quizás el parangón más reciente fue el de la caída de la reforma laboral que hizo que Petro sacara la espada de Bolívar a la plaza para amenazar al Congreso. “Deberán ser borrados de la historia”, dijo.
Lo de este miércoles y jueves podría ser más grave. Petro decidió inmediatamente expulsar del Gobierno al ministro Antonio Sanguino, del Partido Verde; al ministro de las Tic, Julián Molina, que era del Partido de La U; y a la ministra de Comercio, Diana Morales, del Partido Liberal. Además de esos tres, este diario reveló que también le iba a pedir la renuncia a directores de entidades como Finagro, el ICA, la Previsora, Positiva de Seguros, la USPEC, y otras.
Estas tenían influencia de Fabio Amín, Guido Echeverry, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y varios congresistas más del Partido Liberal que fueron durante toda la administración muy cercanos al presidente. Laura Fortich, Claudia Pérez, Alejandro Vega, Jhon Jairo Roldán y otros.
Esos nombres, mas los del Partido de La U y algunos conservadores disidentes, hicieron que el Gobierno lograra tener mayorías en discusiones que eran de todo el interés del presidente. La reforma pensional, el segundo intento de la laboral, la jurisdicción agraria, la primera reforma tributaria y otros. En esas discusiones la coalición del Gobierno fue definitiva.
Petro logró sacar adelante reformas a la Constitución y proyectos de ley que mantuvieron la política pública adelante. Aunque se enfrentó al Congreso en la última etapa, el legislativo ha sido mucho más deferente con su administración que criticó en cuanto a aprobación de sus propias iniciativas. Los movimientos de los próximos días darán más certeza sobre qué camino decide tomar el jefe de Estado.
Una posible radicalización en un año electoral tiene sentido en la estrategia del petrismo. El discurso que han mantenido los miembros del Gobierno frente a la derrota del Congreso es que el legislativo decidió elegir a un “juez corrupto” contra una magistrada mujer, negra y que hizo su carrera solo a punta de su propio mérito.
Este diario habló con la jueza María Patricia Balanta. Aunque dijo que esa teoría la crearon los medios y aseguró no haberse sentado con el presidente Gustavo Petro, sí confirmó que del Ministerio del Interior le pidieron su hoja de vida previamente y ella la hizo llegar. No hay duda de que el Gobierno estuvo detrás de la fallida estrategia para tratar de elegirla. “Si usted me pregunta cuál es el partido del presidente, yo no he podido entender. Dicen que se llama Pacto Histórico o algo así y que el Pacto Histórico está conformado por varios partidos pequeños. Eso me lo explicaron en todos los recorridos que he hecho”.
Sobre Benedetti dijo: “yo escuché a algunas personas que dijeron que ellos querían ver la hoja de vida y yo se las envié o el perfil. Ellos querían tener referencia, yo ni siquiera sabía, porque así me la pidieron muchas personas. Algún equipo de esa oficina del Gobierno me pidió la hoja de vida y yo se la hice llegar a él”.
Petro dijo que se trataba de una “felonía” y acusó a Camargo de juez corrupto sin ninguna prueba. El exdefensor ya había jurado sobre la Constitución como magistrado de la Corte. El comentario del presidente no puede interpretarse como una falta de respeto institucional solo con el Congreso, sino también con la propia Corte Suprema que consideró ternarlo, y con la Corte Constitucional a la que llega el nuevo magistrado.
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El presidente ha optado por radicalizarse en las formas y en el fondo varias veces. La primera vez que lo hizo fue cuando habló de la posibilidad de sacar adelante una Constituyente. Lo hizo desde Puerto Rellena, Valle del Cauca, en un discurso en el que apeló a figuras retóricas muy duras.
La segunda ocasión fue en esa espiral convulsionada frente a la caída de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Petro amenazó esa vez con una consulta popular que se cayó porque el Congreso terminó aprobando la reforma laboral en su segundo intento y aceptando el texto sin debatirlo en la Cámara.
En esa ocasión sacó la famosa bandera de “la guerra a muerte”, habló de la mortaja negra que cubría el edificio legislativo en el centro del país y alzó la espada contra los congresistas mientras sus seguidores le gritaban que se reeligiera. Esta vez, su estrategia, animada por una contienda electoral basada en la polarización, podría volver a dirigirse hacia esos ataques. Esto si además le niegan la reforma tributaria por 23 billones de pesos que el Gobierno presentó este lunes.
“En el Partido Liberal se dio la orden de hundir la tributaria en las comisiones económicas la próxima semana”, dijo una fuente enterada que pidió reserva.
El otro camino, que es por el cual está abogando el ministro Benedetti, es que el presidente reconsidere sus decisiones de quitarle representación a los sectores de los partidos que lo han apoyado porque necesita esos votos justamente para la tributaria, la reforma a la salud, y la aprobación rápida de la reforma pensional que tiene que corregir errores de procedimiento de la Cámara.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, también presentó un proyecto de reforma recientemente y hay otras en las que el Gobierno necesita enfocarse para que el legado del presidente pueda ser más tangible. El mandatario no puede gobernar a punta de decretos y necesita al Congreso para que le aprueben cambios estructurales que todavía están pendientes en su Plan de Gobierno.
Si Petro se queda sin los votos que ha tenido en el Senado del Partido Liberal, La U, conservadores como Wadith Manzur y Ape Cuello Baute, que le han ayudado a hacer quórum en las votaciones, o los verdes que han estado a su lado, también corre el riesgo de perder la Cámara. Allí el Gobierno logró conseguir mayorías fácilmente.
Pero sin mermelada ni representación, los senadores y representantes no tendrán razones para votar proyectos favorables al ejecutivo con tanta facilidad y en el año en el que es cada vez más evidente que el mandatario está con el sol a sus espaldas.
Esto indica que es probable que Petro se modere tras su regreso al país desde Japón, en donde continúa en Expo Osaka. “Está furioso, tomó el teléfono para escribirle directamente a directores de entidades y le pidió a Benedetti renuncias”, dijo otra fuente de la administración.
Hablar de la intromisión del Gobierno en la elección de un magistrado de una alta corte en teoría suena redundante en una democracia y en un Estado Social de Derecho. Sin embargo, en la práctica la realidad dista mucho de ese ideal. Los gobiernos han buscado históricamente incidir en la conformación de la Corte Constitucional, instancia encargada de revisar la legalidad de sus reformas más sensibles. La reciente elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado no dejó espacio a interpretaciones, las influencias del Ejecutivo pesaron con claridad en un proceso que, lejos de la neutralidad, terminó reflejando intereses políticos en juego.
Así queda la Corte
Si bien las altas cortes están integradas por juristas de gran trayectoria, no es un secreto que al interior de ellas coexisten distintas corrientes de pensamiento. Unas más clásicas, otras liberales o de corte progresista. En ese contexto, la elección de Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, ha sido interpretada como un reacomodo en el mapa de fuerzas de uno de los tribunales más influyentes del país.
Su llegada completa la Sala Plena que, durante los próximos tres años, tendrá en sus manos decisiones cruciales para el futuro del Gobierno de Gustavo Petro. Con Camargo, la Corte queda integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses, Vladimir Fernández, Miguel Polo Rosero, Juan Carlos González, Natalia Ángel, Lina Escobar, Héctor Carvajal y el propio Camargo.
El próximo relevo solo se dará en 2028, cuando concluya el periodo de Ibáñez. El presidente Petro cuenta con dos magistrados cercanos en la Corte. Vladimir Fernández, quien fue su secretario jurídico en la Casa de Nariño, y Héctor Carvajal, quien en el pasado ejerció como su abogado personal. Ambos fueron ternados directamente por el mandatario y, por lo tanto, se les percibe como fichas clave de su influencia en el tribunal.
A esta línea también se suman Miguel Polo Rosero, elegido con el impulso de las mayorías del Pacto Histórico en el Senado, y Juan Carlos González, identificado con sectores liberales y, en ocasiones, con posiciones más afines a los proyectos del Gobierno. Con ellos, la administración Petro cuenta con un leve respaldo dentro de la corporación.
En el otro extremo está el actual presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, quien se ha mostrado abiertamente crítico frente a iniciativas como la “paz total” o la declaratoria del Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo. A su postura se suma Paola Meneses, quien en distintos salvamentos de voto ha dejado ver reparos frente a decisiones que favorecen al Ejecutivo.
En la agenda inmediata del alto tribunal figuran asuntos de alto impacto político como la reforma pensional, la demanda contra el llamado ‘decretazo’, con el que el Gobierno buscó abrir paso a una consulta popular sin la aprobación del Congreso, y la discusión sobre la controvertida zona binacional con Venezuela, entre otros.
Si bien algunos sectores interpretan la elección de Camargo como una derrota para el Gobierno, expertos coinciden en que lo determinante será la tradición de autonomía de la Corte.
Este tribunal ha mantenido históricamente su independencia frente a las mayorías políticas y se ha consolidado como árbitro constitucional, incluso en escenarios de alta polarización. “Al final el resultado lo que mostró es que el Gobierno se ha desgastado políticamente en su relación con el Congreso y que la diferencia en la votación fue muy amplia. Lo que demuestra ese desgaste que tampoco es un desgaste excepcional teniendo en cuenta que los gobiernos al final del periodo pierden capacidad de manejo del Congreso”, afirmó el constitucionalista Juan Manuel Charry.
En todo caso, el nuevo equilibrio interno será puesto a prueba en los próximos debates sobre reformas estructurales.
Los nueve magistrados definirán no solo el alcance del programa de Petro, sino también los límites de la institucionalidad en el país. El nuevo magistrado se posesionará en unas dos semanas, en reemplazo del José Fernando Reyes, quien finaliza su periodo. Lo hará ante la Sala Plena de esa corporación y no ante el presidente Gustavo Petro como señal de independencia.
Al regreso de su viaje, el país sabrá si el presidente decidió un camino fácil: radicalizar su discurso, quedarse solo, acusar a las élites y perder toda la gobernabilidad, poniendo en riesgo la reforma a la salud y la tributaria. O negociar y parar renuncias que están sobre su escritorio. Con el temperamento del mandatario que ya el país conoce, parece más viable que la segunda opción no sea realmente una.