Petro, entre el discurso feminista y la tolerancia a agresores: el gobierno de las contradicciones
Aunque el Gobierno se presenta como feminista, las denuncias por agresiones, acoso y maltrato contra funcionarios cercanos a Petro siguen acumulándose sin consecuencias.
Escándalos por violencia de género, denuncias por maltrato intrafamiliar, casos de acoso sexual y respuestas oficiales que restan gravedad a las agresiones han marcado, a lo largo de tres años y medio, el entorno del presidente Gustavo Petro como a ningún otro gobierno reciente.
Lo que en un principio parecían episodios aislados terminó configurando un patrón machista del Gobierno del Cambio. Mientras proclaman discursos feministas y de defensa de los derechos de las mujeres, varios de los funcionarios y aliados más cercanos al poder acumulan señalamientos por conductas violentas, y muchos de ellos, pese a las denuncias, siguen ejerciendo sus cargos sin mayores consecuencias. Recibiendo, en todo caso, la bendición del mandatario.
La más reciente controversia volvió a poner en evidencia ese choque entre discurso y realidad. La denuncia de Karen Santos contra su exesposo, Ricardo Leyva, el empresario de los conciertos cercano al ministro del Interior, Armando Benedetti, reabrió el debate sobre el trato del Gobierno frente a la violencia contra las mujeres.
Santos aseguró que Leyva “la reventaba a golpes”. Pero lo que detonó la indignación pública no fue solo el caso, sino la reacción del presidente: “Yo no me meto en esas peleas. De ahí solo se sale aruñado por todas partes”, escribió y le llovieron críticas.
La congresista Jennifer Pedraza escribió: “Pdte: si cuando usted abre la boca solo puede difundir ideas machistas y misóginas, ¿por qué mejor no guarda silencio? Un policía que lee esto ve al JEFE DE LA FUERZA PÚBLICA decir que ‘no se mete’ ante una tentativa de feminicidio. R E S P E T E a las mujeres”.
El caso Leyva no es una excepción. Forma parte de una cadena de hechos que, sumados, revelan un patrón de tolerancia frente a denuncias de violencia de género, acoso sexual, maltrato psicológico o racismo dentro del Gobierno. Y, aún más preocupante, varios de los implicados continúan en sus cargos, pese a investigaciones abiertas o testimonios públicos en su contra.
Desde el inicio de su mandato, Petro ha insistido en que su Gobierno es feminista. Su administración incluso sancionó la Ley 2453, destinada a combatir la violencia política contra las mujeres y garantizar su participación democrática.
A las denuncias por violencia se suma la incapacidad del presidente Petro para rechazar de manera firme este tipo de conductas. Hace apenas unos días, el ministro del Interior, Armando Benedetti, insultó abiertamente a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, llamándola “loca hijueputa”. En lugar de cuestionar el ataque, la reacción del presidente fue criticar el procedimiento judicial que la magistrada había ordenado y que detonó la furia del ministro. “Allanamiento a su casa es ilegal y se transforma en secuestro de una familia producido por una magistrada de la Corte Suprema”, escribió Petro en su cuenta de X.
Pero ese no ha sido el único gesto de condescendencia del jefe de Estado. Mantener a Benedetti en su círculo más cercano, incluso después de que su esposa Adelina Guerrero lo denunciara públicamente por agresiones y amenazas con un cuchillo, es una muestra de que la defensa presidencial suele inclinarse más hacia sus funcionarios que hacia las víctimas.
En ese caso, el escándalo pasó, sin sanciones políticas, administrativas y menos morales. Otro caso es el de Hollman Morris, actual gerente de RTVC, quien ha sido denunciado por varias mujeres por acoso sexual, maltrato laboral y violencia intrafamiliar.
A pesar de la acumulación de testimonios y del impacto público de las denuncias, Morris no solo se ha mantenido en el cargo, sino que continúa siendo respaldado políticamente, mientras las investigaciones avanzan a un ritmo lento y sin resultados visibles.
Por parte de Petro no ha habido ningún rechazo, antes bien, a Morris lo mantiene cerca como un aliado de antaño.
Otro episodio que expuso el manejo interno del Gobierno frente a estos casos es el del expresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diego Cancino, por el presunto acoso a Viviana Vargas, funcionaria del Ministerio del Interior.
En ese momento, pese al huracán de rechazo, el presidente Petro guardó silencio. No hubo un solo pronunciamiento suyo sobre el comportamiento de su funcionario, mientras varios integrantes del gabinete intentaban contener la crisis y se apresuraban a condenar públicamente lo ocurrido.
Aunque algunos episodios han terminado en renuncias o en la imposibilidad de asumir un cargo, la respuesta oficial ha sido opaca, sin sanciones ejemplares que permitan hablar de una política de cero tolerancia dentro del Gobierno.
Críticos le recuerdan a Petro que en campaña portó en su cuello la pañoleta morada feminista, pero dicen que se la quitó cuando llegó al poder.
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“En el país no ha habido una discusión pública acerca de cómo se perpetúa la idea de que abordar a una mujer implica que esta debe aceptar dichos avances y de hecho que debe sentirse halagada porque se confunde la conquista con el acoso y se ignora o minimiza el consentimiento. Parece que la socialización de los hombres pasa por aprender que detentan un poder que les autoriza a traspasar los límites de la integridad física de las mujeres. Esto es el patriarcado instalado en nuestra cultura y si eso no se cuestiona y no se nombra se va a seguir reproduciendo”, dijo Angélica Bernal, feminista y profesora en asuntos de género.