¿Habrá o no habrá auditoría externa en las elecciones presidenciales?
El anuncio que hizo el CNE de no contratar a la firma costarricense Datasys Group ha causado confusiones sobre este proceso de vigilancia.
Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara que no contratará una firma de auditoría externa para las elecciones presidenciales, ha saltado la duda de si entonces no habrá una empresa que se comprometa con este proceso de verificación para los comicios del domingo.
La respuesta es simple: sí la hay. Y se trata de la firma Jahv McGregor S.A.S. que, de hecho, está contratada desde el año pasado para prestar el servicio “de auditoría externa para los procesos electorales a llevarse a cabo en los años 2021 y 2022″, como cita el objeto del contrato, cuyo valor es de $10.857 millones: $4.021 millones para los procesos del 2021 y $6.836 millones para los de este año.
Ahora bien, esta contratación es hecha por la Registraduría Nacional y hace parte de las garantías que da la entidad en cada proceso electoral. Es decir, pese a que el CNE había solicitado una firma para la auditoría externa, esta era adicional a la que ya estaba dispuesta para la misma labor.
Así lo explicó, incluso, el magistrado del CNE Luis Guillermo Pérez, quien señaló que lo que querían era que la firma ya contratada adhiriera a la otra firma para brindar más garantías. Es más, la misma Procuraduría había advertido que no podían existir similitudes entre el objeto y el alcance entre ambas.
Sin embargo, esto ya no será posible porque falta menos de una semana para las elecciones y no hay firmas en proceso de selección.
Entre las condiciones del contrato que ya tiene Jahv McGregor S.A.S. está que le corresponde hacer seguimiento a la parte técnica y tecnológica que conforma todo este proceso electoral, incluyendo el software para preconteo. Igualmente, hacer control si hay fraude o errores humanos.
Para el caso de la firma costarricense Datasys Group, que estaba en proceso para ser elegida como auditoría adicional, la Registraduría devolvió el proceso de contratación porque “el oferente no había aportado, dentro del término establecido, los documentos para cumplir con los criterios de selección establecidos en los estudios previos y el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Colombiana”, según precisó el CNE en un comunicado.