¿Por qué Petro cerrará su mandato pidiéndole perdón a Hollman Morris a nombre del Estado?
El acto de perdón nace de un compromiso internacional y no de la condición de Morris como gerente de RTVC. Sin embargo, las denuncias por presunto acoso laboral y sexual han puesto el foco sobre el mensaje que transmite el Gobierno al convertirlo en el protagonista de un reconocimiento público.
El Gobierno de Gustavo Petro ofrecerá un acto público de perdón a Hollman Morris, gerente de RTVC, en cumplimiento de un acuerdo internacional por las persecuciones, amenazas y hostigamientos que sufrió cuando ejercía como periodista. Sin embargo, la decisión ya genera ruido. Morris enfrenta múltiples denuncias por presunto acoso laboral y sexual, lo que ha llevado a cuestionar el mensaje al realizar este reconocimiento en los últimos días del gobierno Petro.
El acto de perdón no tiene relación con la gestión de Morris al frente del sistema de medios públicos ni con los señalamientos que han rodeado su carrera en los últimos años. Su origen se remonta a un caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que Morris denunció que entre 2004 y 2009 fue víctima de amenazas, seguimientos, interceptaciones ilegales, hostigamientos y otras acciones de intimidación, presuntamente por su trabajo periodístico y las investigaciones que realizaba sobre el conflicto armado y violaciones a los derechos humanos.
Tras varios años de trámite, el Estado colombiano optó por suscribir un acuerdo de solución amistosa con Morris, mediante el cual reconoció su responsabilidad internacional por no haber garantizado la protección de sus derechos y se comprometió a adoptar medidas de reparación. Entre ellas figura un acto público de reconocimiento y perdón, además de otras acciones orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
La controversia, sin embargo, gira alrededor de la figura de Morris y no del acuerdo en sí. Desde 2019, el hoy gerente de RTVC ha enfrentado denuncias de varias mujeres por presunto acoso laboral y sexual. Aunque esos procesos han tenido distintos desarrollos y no todos han concluido con decisiones judiciales en su contra, los cuestionamientos han estado presentes en su paso por la administración pública, provocando críticas cada que ha sido designado en cargos oficiales.
En redes sociales ya hay comentarios que cuestionan el acto de reconocimiento. Reprochan que reciba el acto de reparación mientras mantiene abiertos procesos por su comportamiento.
“Esto es una decepción y una vergüenza. ¿Las denuncias contra Holman no valen? ¿El feminismo, solo una bandera para subirse al poder? ¿Beneficiamos a los amiguis como han hecho en todos los gobiernos?” se lee en un comentario.
Quienes defienden el acto sostienen, por el contrario, que ambos asuntos pertenecen a escenarios distintos. Argumentan que el derecho a ser reparado por violaciones a los derechos humanos no desaparece porque la víctima posteriormente ocupe un cargo público o enfrente investigaciones o denuncias. En esa línea, insisten en que el Estado no está premiando a Morris ni pronunciándose sobre las acusaciones en su contra, sino cumpliendo una obligación adquirida en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, reconocerá, en nombre del Estado colombiano, la Responsabilidad Internacional por los hechos de persecución, hostigamiento, amenazas, estigmatización y vigilancia ilegal en contra de Hollman Morris, Patricia Casas, Daniela Morris Casas y Felipe Morris Casas”, escribió el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Ese colectivo, justamente, fue el que representó a Morris ante la CIDH. Argumentaron que la campaña contra Hollman incluyó discursos del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, contra el periodista, así como el envío de sufragios amenazantes, estigmatización pública, detención arbitraria, amenazas frecuentes y seguimientos a toda su familia, incluyendo, su esposa, sus dos menores hijos y su hermano Juan Pablo Morris.
En 2009, la FLIP documentó los casos de 16 periodistas víctimas de seguimientos ilegales por parte del extinto DAS, entre los que se encontraba Hollman Morris. Asimismo, en su informe anual de 2014, la FLIP advirtió que la vigilancia ilegal contra periodistas por parte de miembros del Estado no se había detenido con la extinción de dicha entidad y que el espionaje contra los medios de comunicación ha sido una práctica recurrente del Estado colombiano, al menos, durante los últimos 60 años.
Días atrás, un grupo de mujeres representantes a la Cámara por el Pacto Histórico pidió poner el foco en las denuncias por acoso laboral y sexual de decenas de mujeres que señalan como presunto responsable a Hollman Morris.
“Solicitamos de manera inmediata que retiren a Hollman Morris (presunto victimario) de su cargo mientras avanzan los procesos correspondientes, como una medida de transparencia y garantía de no repetición”, dijeron.
La representante María del Mar Pizarro aseguró que eso no significa que no crean en la presunción de inocencia, y que esperan que las investigaciones en contra de Morris no sean utilizadas para juzgar a toda la institucionalidad del Pacto Histórico.
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En esa misma línea, resaltaron que, aunque no quieren que todo el proyecto sea señalado por el caso de Morris, saben que hay un problema sistemático en su entorno: “Reconocemos también que el machismo no es ajeno a nuestro proyecto político. Es una expresión de una sociedad que estamos llamadas a transformar (...) Nuestra posición es clara: estamos del lado de las mujeres, de la verdad y de la justicia”.
Este tipo de reclamaciones no son ajenas a Morris. En su escritorio engaveta múltiples quejas por acoso y maltrato laboral.
Bajo su administración en RTVC, múltiples colaboradores han renunciado alegando malos tratos.
Entre ellos, Silvana Orlandelli, entonces directora de Señal Colombia. En su carta de dimisión aseguró que su decisión no fue “voluntaria, libre y espontánea”, sino el resultado del “hostigamiento, desconfianza y acoso” que sufrió durante el último año, una situación que se agravó en los últimos meses.
Lina Marcela Moreno, directora de Canal Institucional, y Silvana Orlandelli reclamaron en otra carta comportamientos inapropiados, tratos hostiles y abusos continuos que afectan la dignidad de las empleadas.
Esa denuncia le valió la apertura de un proceso preliminar en la Procuraduría General. En ese momento fue Nórida Rodríguez, exgerente de RTVC, quien remitió la denuncia al Ministerio Público.
De hecho, con Nórida también sostuvo una relación tensa en medio de la diplomacia. La mujer al final salió en no tan buenos términos con Morris, quien la reemplazó en la gerencia.
En 2019, otra mujer denunció malos tratos de parte de su entonces jefe, Hollman Morris. Días después, dos hombres la abordaron y mientras apuntaban a su cabeza con un arma, le ordenaron “mantener silencio sobre Hollman Morris”, según la mujer.
Aunque las denuncias por acoso laboral han acaparado la atención a lo largo de su carrera, han sido, sin lugar a dudas, las denuncias por violencia intrafamiliar y abuso sexual las que lo han tenido al borde del fracaso.
En enero de 2019 fue vetado por un sector del petrismo–que sigue firme en su descontento– cuando su entonces esposa, Patricia Casas, lo denunció por presunta violencia intrafamiliar, alegando que estaba evadiendo sus responsabilidades.
Nueve meses después, en septiembre de ese mismo año, la periodista María Antonia García de la Torre lo denunció por el supuesto delito de acto sexual violento. Presuntamente, la acosó e intentó obligarla a que lo besara en 2011 en Madrid, España, cuando trabajaba para El Mundo y se interesó por un documental suyo.
Por ahora, la respuesta del Gobierno Petro es redimirlo públicamente, aunque por otros hechos. En síntesis, Hollman Morris es un viejo conocido en la política colombiana y su estrecha relación con Gustavo Petro lo ha mantenido vigente y relevante en la escena nacional, así como los escándalos que rodean tanto su vida privada como su gestión administrativa.
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