En escuchas judiciales por el caso UNGRD habría caído por error un número que usaba Petro

Las interceptaciones telefónicas autorizadas por la Corte Suprema de Justicia para investigar el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dejaron al descubierto una situación inédita: dos líneas que figuraban a nombre de Jaime Ramírez Cobo, amigo personal de Laura Sarabia y padrino de su matrimonio, estaban siendo utilizadas por la entonces directora del Dapre y por el presidente Gustavo Petro. Así lo reveló un informe citado por la revista Semana, que documenta cómo, al advertirse el cruce de líneas, los investigadores ordenaron la cancelación inmediata de las escuchas.

La diferencia con precedentes judiciales fue notoria. En el caso del expresidente Álvaro Uribe, su teléfono fue interceptado por error durante semanas y, aun así, la Corte Suprema validó en su momento las grabaciones. En cambio, cuando surgió la sospecha de que uno de los números intervenidos correspondía al jefe de Estado, la instrucción fue frenar cualquier monitoreo de forma inmediata. Además, la Corte reiteró que las conversaciones entre investigados y sus abogados no pueden ser utilizadas como prueba.

Uno de los registros técnicos citados en la investigación señala que el primero de noviembre de 2024 se detectó un audio del día anterior, de seis minutos y seis segundos de duración, en el que la persona que recibe la llamada se dirige a su interlocutor como “señor presidente” y le agradece de manera explícita. Aunque el contenido no era relevante para el proceso, el despacho judicial fue notificado de inmediato de que el número intervenido podría estar siendo usado por el presidente Gustavo Petro, lo que justificó la cancelación de la interceptación.

Este episodio se produjo en el marco de una operación mucho más amplia. Desde agosto de 2024, la Corte Suprema había ordenado interceptar los teléfonos de varios congresistas de la Comisión de Crédito Público, señalados de haber favorecido millonarios empréstitos internacionales a cambio de contratos. Entre los investigados están los senadores Liliana Esther Bitar y Juan Pablo Gallo, los representantes Julián Peinado y Karen Astrid Manrique, y el excongresista Juan Diego Muñoz. Las escuchas se realizaron durante cerca de un año en la sala Zeus Oro de la Fiscalía.

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Los investigadores concluyeron, según el informe de Semana, que los congresistas evitaban hablar de los temas delicados por llamadas convencionales y preferían usar aplicaciones de mensajería como WhatsApp u otras plataformas que consideraban más seguras. Los informes de la Policía Judicial advierten de manera reiterada que este era el principal mecanismo para intercambiar información sensible.

En las interceptaciones también aparecieron líneas de personas clave en la trama. Fue incluido el teléfono de la madre de María Alejandra Benavides, testigo central del proceso, ya que la exasesora del Ministerio de Hacienda lo usaba para proteger su privacidad. Asimismo, fue intervenida Andrea Ramírez, jefa de Benavides, señalada de haberle ordenado manejar la tabla de cupos indicativos, instrumento con el que presuntamente se negociaban obras públicas para asegurar apoyos políticos.

La red de interceptados incluyó a Diana Carolina Martínez, secretaria de Olmedo López, exdirector de la UNGRD y uno de los principales testigos; a Jaime Ramírez Cobo; a los contratistas Óscar Cárdenas y Édgar Niño; y a Yacir Ramírez, exasesor de la entidad. El volumen de nombres da cuenta de la magnitud de una investigación que apunta a ser el mayor escándalo de corrupción del actual gobierno.

Aunque muchos implicados intentaron blindarse, algunas conversaciones dejaron entrever la presión del proceso judicial. En una síntesis de llamadas se menciona que al senador Juan Pablo Gallo le advirtieron que “en un mes” podría ser capturado. En otra conversación, el propio Gallo aseguró que lo investigaban por “ayudarle al ministro” y habló de una supuesta persecución política, afirmando que el funcionario involucrado ni siquiera lo saludaba.

La representante Karen Manrique, señalada de haber escrito de su puño y letra el documento considerado la “prueba reina” en el caso —en el que se exigía el cumplimiento de entrega de contratos—, también quedó registrada en una llamada en la que afirmaba que la Corte Suprema estaba “politizada” y que la justicia tenía un “sesgo político”.

El excongresista Juan Diego Muñoz, por su parte, manifestó en una conversación que el proceso se había vuelto “muy mediático” y que no se había prestado “para pendejadas”, en referencia a los señalamientos que lo vinculaban con el entramado de corrupción.

Sin embargo, el hallazgo más sensible fue el cruce de líneas que conectó indirectamente a la Casa de Nariño con una investigación penal. El hecho de que una línea usada por el presidente estuviera a nombre de Jaime Ramírez Cobo, y que otra fuera empleada por Laura Sarabia, puso en alerta a los investigadores y llevó a una reacción inmediata de la Corte.

“El día primero de noviembre de 2024, se evidencia en el sistema un audio de salida del 31 de octubre de 2024, con una duración de 6:06 minutos; la persona de sexo masculino que recibe la llamada, identificado como ingeniero Ballardo, se refiere a quien podría ser Gustavo Petro como ‘señor presidente’, ‘muchas gracias, señor presidente’”, se lee en el reporte de Semana.

Según los documentos citados por Semana, el argumento para detener la escucha fue claro: aunque la conversación no tuviera relevancia penal, la sola posibilidad de estar interceptando al presidente obligaba a suspender cualquier seguimiento.