¿Por qué Petro usaba la línea telefónica de Jaime Ramírez, investigado por corrupción en la UNGRD?

La pregunta no es menor. La Corte Suprema de Justicia estaba escuchando las conversaciones del exasesor del DAPRE, Jaime Ramírez Cobo, dentro de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero terminó registrando conversaciones del presidente Gustavo Petro y la embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia.

De inmediato, la Sala de Instrucción, en particular el despacho del magistrado Misael Rodríguez, ordenó suspender las escuchas. “La sala de instrucción de por sí ya es un escenario de fuertes discusiones entre los mismos magistrados, cuando se filtró que en las chuzadas estaba el presidente, la orden fue inmediata: esa línea no podía seguir siendo interceptada”, dijo una fuente a este diario.

El antecedente es el bororó en el caso del expresidente Álvaro Uribe. En el año 2018 la Corte Suprema, que en ese momento lo investigaba, terminó grabando conversaciones entre Uribe y el abogado Diego Cadena, bajo el argumento de que se trató de un error, pues la orden inicial recaía sobre la línea de un senador investigado. Aun así, pese a que se estableció que las comunicaciones correspondían al exmandatario, las interceptaciones continuaron.

La diferencia entre ambos casos marca el contraste. En el proceso de Uribe, la Corte sí tenía competencia para investigarlo por presunto soborno a testigos. En el caso de Petro, en cambio, las escuchas debían parar. De acuerdo con una fuente del alto tribunal, la decisión obedeció a que el presidente no enfrenta ninguna investigación en la Corte Suprema, lo que excluye cualquier facultad para interceptar sus comunicaciones o profundizar en sus conversaciones.

La pregunta en el aire sigue siendo por qué el presidente Gustavo Petro estaba utilizando la línea telefónica de una persona vinculada a una investigación por corrupción. El número pertenece a Jaime Ramírez Cobo, un nombre que ganó relevancia pública el año pasado cuando apareció mencionado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Distintos testimonios recopilados en el expediente lo señalan como una pieza funcional dentro del engranaje político del Gobierno y de algunos congresistas, presuntamente involucrado en la asignación de contratos y en maniobras jurídicas para facilitar esos movimientos.

El funcionario permaneció vinculado a la Presidencia hasta el 31 de enero de 2024. Que su línea telefónica terminara siendo utilizada por el presidente podría explicarse por la estrecha cercanía que Ramírez Cobo mantuvo con Laura Sarabia cuando ella estuvo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). La relación entre ambos trascendía lo laboral. Era tal el nivel de confianza que Ramírez fue padrino de matrimonio de la hoy embajadora en el Reino Unido. Sin embargo, sigue sin un motivo o explicación oficial sobre el uso de la línea por parte del presidente.

Para ordenar chuzar ese teléfono, la Corte argumentó que Ramírez Cobo actuaba como enlace de senadores, por lo que sus comunicaciones podían resultar determinantes para esclarecer la posible responsabilidad de congresistas aforados que hoy están bajo investigación en el alto tribunal.

Por ejemplo, el axasesor aparece mencionado en la adjudicación de contratos y la aprobación de más de 700.000 millones de pesos desde el Ministerio de Hacienda, un expediente que ha terminado por salpicar a altos funcionarios de la Casa de Nariño y a miembros del Congreso. La Fiscalía tiene en su poder conversaciones en las que Ramírez Cobo figura como un facilitador crucial en estas operaciones.

Aunque el exasesor no es investigado directamente por la Corte Suprema —al no ostentar fuero—, su papel protagónico dentro de los hechos lo convirtió en un objetivo clave dentro del proceso. Por esa razón, su línea telefónica fue intervenida como parte de las diligencias orientadas a robustecer los expedientes contra los congresistas vinculados al caso, una medida que terminó derivando, de manera inesperada, en la grabación de conversaciones del propio presidente de la República.

Sobre su situación jurídica, este diario estableció que por ahora no existe una investigación sólida ni cargos concretos en su contra. El único señalamiento directo proviene del testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien aseguró que Ramírez Cobo actuaba como enlace entre congresistas y esa cartera. A ese relato se sumó la declaración de otra persona que fue incorporada al expediente, pero que finalmente no aportó elementos sustanciales para robustecer el caso.

En este momento, la Fiscalía centra sus esfuerzos en conseguir un testimonio adicional que le permita avanzar hacia una imputación formal. Fuentes cercanas al proceso explicaron que, una vez sea vinculado oficialmente, el ente acusador le plantearía la posibilidad de un preacuerdo, bajo el cual recibiría beneficios judiciales a cambio de colaborar como testigo de cargo en el proceso que involucra al exministro Luis Fernando Velasco.

Del exasesor hoy no se conoce su paradero. En marzo de 2025 trascendió que había salido de vacaciones hacia Europa, una salida que coincidió con la reactivación del caso tras las nuevas imputaciones formuladas por la Fiscalía General contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, considerados testigos clave dentro de la investigación.

En estas imputaciones quedó claro que Ramírez sí chateó con el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla y con la exasesora del ministro de Hacienda, Maria Alejandra Benavides, para solicitar que se agilizaran contratos de la entidad destinados a contratistas referidos por congresistas.

En varios chats, en poder de la Fiscalía, Ramírez le envió a Pinilla una matriz de los contratos por 92.000 millones de pesos para tres municipios. La grave irregularidad es que en esos casos los nombres de los contratistas fueron entregados por los representantes, como quedó probado en otros chats que le dio después a la Fiscalía la exasesora del ministro Bonilla. Los casos más detallados son los de los representantes Wadith Manzur, de Córdoba, y Karen Manrique, de Arauca.