Jesús María Valle y Eduardo Umaña, dos líderes asesinados que aún esperan justicia, ¿por qué asociaron a Álvaro Uribe con el crimen?

En la década de los ochenta y noventa, en medio de una Colombia llena de miedo y violencia, Jesús María Valle y Eduardo Umaña fueron dos abogados antioqueños que nunca tuvieron miedo de pararse en un escenario a decir: “Aquí hay paramilitares”.

No solo eso, Valle y Umaña también dedicaron su vida a investigar y denunciar presuntos nexos de aquellos grupos criminales con el Estado colombiano. Sin embargo, sus voces resultaron incómodas para inescrupulosos; Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998, mientras que Mendoza fue atacado el 18 de abril de ese mismo año.

Ahora han pasado casi tres décadas desde que sus familiares tuvieron que decirles adiós de la forma más injusta posible, arrebatados por la violencia, y el llamado es el mismo: quieren saber toda la verdad.

Sus casos han pasado por tribunales nacionales e internaciones, y a pesar de que cada uno ha recibido distintos tipos de respuesta, ahora sus expedientes se abrieron de nuevo, al tiempo, debido a un fallo emitido por una jueza del Tribunal Superior de Medellín en donde ordenó investigar la posible participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en los crímenes. Pero, ¿por qué?

La reactivación del caso y los señalamientos a Uribe

El lunes 6 de octubre, el país estaba atento de la audiencia donde la jueza Claudia Marcela Castro iba a leer la condena que José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), debería cumplir por ser hallado culpable de participar en el secuestro de la fallecida senadora Piedad Córdoba, en mayo de 1999. Fueron 336 meses de cárcel, es decir, 28 años.

Pero todo dio un vuelco cuando empezó a leer lo que resolvió el Tribunal. En el punto cuatro, Castro ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que “se investigue a Álvaro Uribe Vélez y a Santiago Uribe Vélez como presuntos determinadores de los asesinatos de Jesús María Valle y Eduardo Umaña”.

Aunque el caso que estaba sancionando no era directamente el de los dos líderes sociales, durante las audiencias del caso Narváez se citaron a decenas de testigos que, según la opinión de la justicia, dieron testimonios que sugieren la presencia de una red estructurada, con capacidad para planear, ejecutar y adoctrinar, en la que participaron tanto actores estatales como operadores ideológicos.

Aquellas estructuras, según la investigación, habrían actuado sistemáticamente con violencia hacia quienes cuestionaran el status quo y pusieran en riesgo el poder que ostentaban las organizaciones criminales.

Para dar esta conclusión, Castro citó el testimonio del exparamilitar Francisco Enrique Villalba, asesinado en 2009, quien aseguró que en 1997 hubo una reunión entre paramilitares y altos mandos del Estado, entre ellos, los hermanos Vélez.

Este fue el apartado citado.

“Preguntado: recuerda usted para el año de 1997 cuando se produce esa reunión en la finca La Marranera y que se habla de atentar contra miembros de derechos a humanos entre ellos Jaime Garzón, quienes hablaron de la comisión de estos hechos y quienes más se encontraban presentes.

Contestó: ahí estaba de las autodefensas Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Mono Leche Junior y mi persona con 22 hombres que yo tenía al mando. Militares estaba el general Ospina que era de la 4ª Brigada, un teniente, un mayor que no recuerdo el nombre. De policías estaba el Mayor Parras Niño, el acompañante de él era el patrullero Acuña, estaba José Serrano comandante de la policía de esa época, el gobernador para esa época Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe y unos agentes de policía de San José de la Montaña ellos eran los que estaba ahí”.

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La sentencia añade:

“Preguntado: se enteró usted porque razón o cual era el móvil por el cual se quería dar muerte a estas personas, es decir a los doctores Umaña y Valle y Garzón.

Contestó: porque ellos estaban molestando sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban llevando entre paramilitares y militares como la Cuarta Brigada la orden que dieron fue que esas personas tocaba callarlos para que no molestaran más”.

Y, por último:

“Preguntado: ¿qué hicieron con la lista?

Contestó: era un solo papel estaba escrito en computador estaba bien redactada, la tenía Carlos Castaño y se la pasó a Santiago Uribe y empezaron a decir que esas personas tenían que ser calladas como fuera”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez no solo aseguró conocer las citas mencionadas en la sentencia, sino que él mismo las publicó, añadiendo que se trataban de “una compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”.

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En otra publicación de su cuenta de X, añadió: “Basta ver las personas que supuestamente estábamos en esa reunión, además del sitio, para concluir como concluyó la Fiscalía en la época que esa declaración fue mentirosa”.

Al respecto hay dos cosas por precisar: no hay sentencias que prueben que la Fiscalía haya calificado el testimonio como mentiroso, sin embargo, sí se encontraron inconsistencias en otro de los testimonios que Villalba le dio a la justicia.

Allí, el exparamilitar también se refirió a la Masacre del Aro, y aseguró que el expresidente Uribe le ordenó cometerla en noviembre. Añadió que, supuestamente, lo condecoró, pero nunca entregó las pruebas al respecto.

“Estuvieron unos militares, el teniente de la cuarta brigada (...) hubo un discurso de Carlos Castaño, después me llamó aparte Carlos Castaño y me dijo él es el gobernador de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe, usted fue exitoso para la operación, siempre por eso le he tenido confianza para las operaciones delicadas. (...) Hizo el discurso Álvaro Uribe y dijo que la operación había sido un éxito, nos daba las gracias (...) “, dijo.

En cuanto a ese testimonio se encontraron dos inconsistencias. La primera es que uno de los militares que Villalba mencionó como participante había fallecido en abril de 1997; la segunda es que la masacre no fue en noviembre, sino en octubre.

Actualmente, Uribe se encuentra condenado –en primera instancia– por soborno en actuación penal y fraude procesal, por lo que este nuevo proceso se uniría a la lista de líos con la justicia. En la mañana del 7 de octubre, su abogado defensor, Jaime Granados, se pronunció al respecto.

En un comunicado, señaló que la nueva compulsa de copias realizada por la Juez Tercera Penal Especializada de Medellín se basa únicamente en la declaración rendida por Villalba en 2008, la cual —según él y en línea con lo que aseguró su cliente— ha sido desacreditada en múltiples oportunidades por comandantes paramilitares y altos oficiales, así como por documentos oficiales como las bitácoras de vuelo de los helicópteros de la Gobernación de Antioquia.

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Quienes conocieron a Jesús María Valle aseguraron que había algo de moderación en su voz y mucha vehemencia en su oficio, o al menos eso quedó constatado en su historia publicada por Pares.

Era profesor, abogado y defensor de derechos humanos, Valle se convirtió en una de las voces más incómodas para los poderes locales en Antioquia por denunciar la connivencia entre grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública en la zona de Ituango. Sus denuncias públicas —incluida una intervención ante la IV Brigada— lo dejaron expuesto.

El 27 de febrero de 1998 hombres armados irrumpieron en su despacho en Medellín; lo retuvieron y lo asesinaron de dos disparos en la cabeza, mientras su hermana y un colega fueron sometidos y amenazados. Desde el primer momento el móvil señalado fue el intento de silenciar sus denuncias sobre matanzas y presencia paramilitar en la región.

La respuesta estatal y judicial ha sido fragmentaria. La justicia colombiana ha logrado avances parciales.

En 2001, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó a Álvaro Goez Mesa y Jorge Eliécer Rodríguez Guzmán como coautores materiales del homicidio. También fue hallado culpable Carlos Castaño Gil, señalado como autor responsable del delito de conformación de grupos armados ilegales o paramilitares.

Años después, el Tribunal Superior de Medellín dictó una sentencia de 30 años de prisión contra los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, considerados determinadores del crimen.

La Corte Interamericana determinó la responsabilidad internacional del Estado por omisión en la protección de Valle y ordenó medidas de reparación; además la administración pública asumió parcialmente hechos y ofreció, en su momento, un acto de reconocimiento y cuotas de reparación.

Pero la Corte también dejó claro que persisten áreas oscuras: hay indicios que apuntan a una “comunidad de prueba” que vincula el caso con otros episodios donde se probó colusión entre paramilitares y agentes estatales, y pidió que se clarifiquen las responsabilidades pendientes.

Contemporáneo a Valle estaba Umaña. Abogado de larga trayectoria en causas incómodas, Umaña fue un defensor de víctimas del poder: representó a familiares de desaparecidos en el Palacio de Justicia, defendió sindicalistas acusados de rebelión y reabrió casos polémicos como el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán. Esa trayectoria, dijeron sus colegas para Señal Memoria, lo puso en la mira de actores del conflicto.

El 18 de abril de 1998, en Bogotá, varios hombres y una mujer que simulaban ser periodistas ingresaron a su oficina; ataron a su asistente y lo ejecutaron con disparos a corta distancia.

La forma del ataque —la utilización de “falsos periodistas”, la rapidez y la huida organizada— y las denuncias posteriores de la familia apuntaron desde el inicio a una operación con grado de planificación que podría implicar —según versiones de víctimas y parte de la investigación— colaboradores paramilitares y posibles actores de inteligencia.

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El caso, sin embargo, no avanzó con la celeridad que la gravedad ameritaba. Tras años de investigaciones intermitentes y señalamientos sobre vacíos probatorios, el crimen fue declarado de lesa humanidad en 2016, un reconocimiento que evitó la prescripción y permitió que organismos internacionales examinaran la responsabilidad estatal por la lentitud y los vacíos en la investigación.

En 2021 la Comisión Interamericana admitió el caso para estudio, lo que implicó revisar si el Estado pudo haber tenido alguna responsabilidad por acción u omisión.