La controversia fue protagonista en examen de la rama judicial
Aunque muchas fueron las denuncias sobre presuntas irregularidades en el examen al que deben someterse los aspirantes a cargos judiciales, la Judicatura autorizó la realización de dichas pruebas.
Precisamente el juzgado de circuito de Samaniego (Nariño), emitió una queja al presidente del Consejo Superior de Judicatura, magistrado Ovidio Claros, por un posible fraude en el examen a través de la previa venta de las preguntas y respuestas del mismo, por un valor cercano a los ocho millones de pesos.
“Desde hace algún tiempo en el municipio de Samaniego se escuchaban rumores sobre la venta del contenido de los exámenes para aspirar a los cargos de empleados y funcionarios de la rama judicial, afirmándose además que la persona a contactar es el señor Jorge Eudoro Bastidas”, señala el texto.
Sobre este tema el magistrado Claros ya le pidió a la Fiscalía General que investigue denuncias, mientras que varios funcionarios radicaron una tutela para que se investigue a fondo el posible fraude.
A este escándalo se suma que, según denunciaron quienes presentaron la prueba, hubo cambios logísticos de última hora que no fueron notificados a los más de 27.000 aspirantes para ocupar las vacantes de jueces y magistrados.
Incluso algunos aseguran que llevarán el caso a instancias judiciales, para exigir su derecho al debido proceso.
“Es el máximo cargo al que podemos llegar por concurso, entonces nos sentimos muy afectados porque no nos dan la oportunidad de acceder a sus cargos como lo ordena la Constitución que es mediante carrera y concurso”, señaló uno de los aspirantes
Por otra parte explicaron que en la mayoría de las sedes ningún delegado de la Universidad de Pamplona se hizo presente para notificar los cambios del lugar del examen.
El magistrado Claros dijo que esta misma institución es la que debe salvaguardar las pruebas, advirtiendo que hay personas interesadas de que no se llevaran a cabo los exámenes.
Así las cosas con malestar e incertidumbre la prueba de méritos se desarrolló sin ninguna suspensión extraordinaria, pero sí con una exigencia general para que se dé celeridad a la investigación sin importar una eventual nulidad de los resultados.
“Debió haberse suspendido y si se decreta la nulidad ese sería un nuevo costo para la rama judicial, queda el sinsabor de que la judicatura haya decidido realizarlo a sabiendas de que había una decisión de un juez para no realizarlo”, concluyó otro aspirante.