La JEP imputa a 30 militares, entre ellos tres generales del Ejército, por crímenes de guerra ligados a ‘falsos positivos’ en el Meta
Se trata de los generales (r) en retiro Carlos Saavedra y Francisco Ardila Uribe, y el mayor general Carlos Eduardo Ávila Beltrán.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 30 miembros del Ejército Nacional, entre ellos, a tres generales retirados. Esto, debido a su participación en casos de 209 “falsos positivos” en el Meta, entre los años 2002 y 2007. De esos casos, un total de 65 casos involucraron desapariciones forzadas, y, también, deberán responder por un hecho de tentativa de homicidio.
Se establece que la responsabilidad recae en el general (r) en retiro Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, el mayor general (r) Carlos Eduardo Ávila Beltrán y el brigadier general (r) Francisco José Ardila Uribe, esto según infrmación del Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC), que pertenece al subcaso del Meta.
La información la presentó el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP, en la que estableció que: “La JEP llama a reconocer responsabilidad tres generales retirados del Ejército, así como a 20 exintegrantes del Batallón de Infantería número 21, Pantano de Vargas y el siete del Gaula Rural Meta Gámeza”.
Además, el magistrado, expuso que como parte de la investigación, la sala de reconocimiento escuchó testimonios de antiguos comandantes del Bloque Centauros de las Autodefensas. Entre ellos, declaraciones de Dayero Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, Manuel de Jesús Piraban, alias ‘Pirata’ y Luis Chatarro Cárdenas, alias ‘Chatarro’.
De igual forma, se mencionó que la magistratura incorporó al proceso toda la información disponible en los expedientes de justicia y paz.
“La sala estableció que durante el proceso de consolidación del paramilitarismo en el Meta, se configuraron estrechas relaciones entre integrantes del Ejército Nacional y el Bloque Centauros”, expuso Arteaga.
Agregó que éstas se expresaron en tres formas: primero, en “operatividad conjunta”, -operaciones militares defensivas y ofensivas coordinadas-; segundo, en la permisibilidad con actividades de palamiritarismo, ya que, se registró que hubo una ausencia de operaciones militares para contrarrestar sus acciones y existió cierta tolerancia frente a la realización de crímenes dirigidos a la población civil; tercero, la presentación de falsas bajas en combate.
“La investigación arrojó que en la presentación de falsas bajas en combate se convirtió en la retribución principal que los paramilitares acordaron con la Fuerza Pública a cambio de dejarlo delinquir principalmente en actividades relacionadas con narcotráfico, masacres y desapariciones forzadas,”, dijo.
También, aseguró que “para la JEP está probado que integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) participaron en operaciones de apoyo aéreo cercano, en las que murieron personas que posteriormente fueron presentadas falsamente como bajas en combate”.
No obstante, determinó que hasta el momento no se han encontrado evidencias que tuvieran certeza en la participación dolosa de estos presuntos crímenes.