Las fechas claves del caso de Uribe en la Corte
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Periodista y Comunicador Social de la Universidad Externado con estudios en Filosofía. Los periodistas somos notarios de la actualidad que adornamos los hechos con palabras.
El origen de la llamada a indagatoria de la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe Vélez se remonta siete años atrás.
Entre agosto y septiembre de 2011, el congresista Iván Cepeda entrevistó a los exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, investigando sobre los nexos de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas, en la hacienda Guacharacas, propiedad de los Uribe.
El 23 de febrero de 2012, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte por, presuntamente, recaudar testimonios de paramilitares y alterarlos en su contra. Dos años después, el 17 de septiembre de 2014, Cepeda hace el debate sobre paramilitarismo contra Uribe en el Congreso y utiliza los testimonios de Sierra y Monsalve, quienes aseguran que en la creación de ese bloque paramilitar estuvieron los Uribe.
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El 24 de marzo de 2015, la Corte intercepta las llamadas que recibió Óscar Monsalve, papá del exparamilitar Juan Guillermo, el día en que rindió declaración a través de videoconferencia sobre el tema. Las llamadas eran de Juan Villegas, amigo del expresidente, quien le estaba dando instrucciones. Otra llamada es del expresidente, muy molesto por estas acciones del alto tribunal. Después de demoras judiciales y llamados a testigos, el 16 de febrero de 2018, la Corte desestimó la demanda de falsos testigos contra Cepeda.
El 22 de febrero, el alto tribunal conoce que Diego Cadena, un abogado que prestaba sus servicios a Uribe, había hablado con Juan Guillermo Monsalve en la cárcel, al parecer, con consentimiento del expresidente, según la Corte. Por otro lado, el abogado Reynaldo Villalba denunció que el congresista Álvaro Prada habría pedido a Monsalve hacer un video en el que se retractara y acusara a Cepeda.
El 28 de junio de 2018, Uribe solicitó a la Corte información sobre el expediente y pidió ser escuchado, sin embargo, menos de un mes después, fue llamado a indagatoria.
Los escenarios judiciales que quedan
La entidad competente para investigar el caso del expresidente Álvaro Uribe aún no está clara. Solo hasta que el Senado decida discutir la renuncia del senador del Centro Democrático, la acepte y la formalice ante la Corte, la Sala de Instrucción adoptará la decisión que corresponda frente al juez. Entretanto, siguen las discusiones entre quienes consideran que al perder su curul y los delitos de los que se le acusa (fraude procesal y soborno) no son conexos con su actividad legislativa, Uribe perdería su fuero y el caso pasaría a la justicia ordinaria, es decir a la Fiscalía General.
En ese caso, Juan Carlos Álvarez, docente de Eafit y magíster en derecho penal, explicó que ese ente tiene un periodo de dos años para investigar y decidir si mantiene el llamado o precluye el caso.
“Si la Corte pierde competencias, tiene la obligación de enviar el material de su investigación al ente competente, pero la Fiscalía tiene la autonomía de evaluar con su criterio y usar su propia investigación para tomar decisiones”, explicó.
Por otro lado, el catedrático fue enfático en que quien tiene la decisión final es la Corte, que conoce los detalles y establece la competencia.
Existen casos de la parapolítica en que la renuncia no fue impedimento para mantener la competencia. El propio Uribe se mostró partidario a responder ante ese alto tribunal en un trino publicado ayer: “La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”, tuiteó. ¿Qué ocurriría en este caso?, lo primero, explicó Álvarez, es que el llamado a indagatoria no tiene plazos para efectuarlo. Cuando se realice, la Corte tiene un término de 10 días para definir la situación jurídica del acusado y definir si detenerlo o no detenerlo, explicó el abogado penalista Iván Cancino. Una vez surtido este trámite, el tribunal tendrá 180 días para decidir si las respuestas ameritan continuar la investigación o archivarla.