Esta es la firma paisa que se esconde en el expediente del liberal Mario Castaño

Escondido en un organigrama que armó la Corte Suprema de Justicia para entender el entramado corrupto que habría tejido el liberal Mario Castaño para apropiarse de miles de millones de pesos torciendo contratos, aparece el nombre de una firma paisa de ingenieros domiciliada en una de las manzanas más exclusivas del barrio Laureles, de Medellín.

Su mención en ese esquema presuntamente corrupto es mínima, pero cuando se comienzan a leer las 361 páginas del auto con el que el alto tribunal definió que Castaño permeó al menos 6 departamentos con acciones ilícitas que le permitieron amasar una enorme fortuna –que incluye inmuebles en Medellín– se dilucida que esta compañía –según la pesquisa judicial– podría tener un papel relevante en la forma en que el encarcelado senador liberal se metió de lleno con la contratación pública del país.

Su nombre es Icodin S.A.S y, de acuerdo con información a la que accedió este diario, se conformó en el 2011 y en la actualidad tiene activos por encima de los 2.600 millones de pesos, pese a que ante la Cámara de Comercio de la capital antioqueña (y en el registro mercantil) figura como “pequeña empresa”.

La experiencia de esta firma paisa es vasta. En un repaso por bases de datos abiertas se le localizaron más de 10 procesos de contratación con entes territoriales, como alcaldías y gobernaciones. Uno de ellos, para hacerse a una idea, data del 2021 y se firmó por 1.712 millones de pesos para la pavimentación de vías urbanas en Ituango.

Incluso, sus representantes legales –Fausto Alonso Bedoya y Camilo Andrés López– también figuran individualizados en varias regiones como beneficiarios de procesos contractuales con entidades públicas. Todos revestidos de legalidad.

Pero cuando investigadores de la Corte Suprema y de la Fiscalía General comenzaron a preguntarles a las más de 20 personas judicializadas por hacer parte del presunto entramado corrupto de Mario Castaño –cuyo hermano Iván fue nombrado por el alcalde Daniel Quintero como director de Ruta N en Medellín– saltan detalles que tienen a los investigadores analizando si deben ser o no objeto de una acción penal. En plata blanca, si hay mérito de empapelarlos.

Resulta que el contratista manizaleño Santiago Castaño Morales –una de las personas más cercanas al señalado senador corrupto y quien tiene un principio de colaboración con la Fiscalía– confesó que acordó con Icodin el supuesto pago de una coima equivalente al 5 por ciento de los contratos que firmaron conjuntos a cambio de que la firma paisa supuestamente prestara su nombre para acreditar experiencia en los procesos de adjudicación. Todo, por supuesto, con el visto bueno del encarcelado Mario Castaño.

“Esta empresa, al parecer, prestaba papeles simplemente para simular pluralidad de oferentes en los procesos, algo que debemos iniciar a verificar”, le confirmó un investigador de la Fiscalía a EL COLOMBIANO.

¿Qué dicen las pesquisas? Pues que Castaño Morales, el contratista preso, se habría aliado con Icodin para quedarse con parte de los recursos que el Ministerio del Deporte destinó para la construcción de canchas sintéticas en varias regiones.

Una de ellas, hasta donde el rastro documental y testimonial que dejaron los aliados de Mario Castaño y la misma Icodin, fue en el municipio risaraldense de Balboa. Allí, supuestamente, se hicieron a un contrato de 1.000 millones de pesos para una de esas canchas. El convenio se suscribió en diciembre de 2020 y se gestó tras varias citas privadas en Pereira con el alcalde del municipio, Juan Carlos Martínez –hoy preso por corrupción–, quien intercedió para que se hicieron los anticipos que, finalmente, habrían derivado en la coima para Icodin y, por supuesto, la tajada que siempre pedida Mario Castaño.

“En esa oportunidad acordaron que Santiago Castaño Morales formularía el pliego de condiciones direccionado para llevar a cabo la licitación pública, lo que efectivamente realizó a partir de un modelo que consiguió con un amigo llamado Camilo López; de modo que, en coordinación con «el jurídico de nombre Martín» se realizó el pliego de condiciones con unos requisitos específicos ajustados al consorcio Icotop, que fue el único que se postuló en el proceso de selección. Este consorcio estaba conformado por las empresas Top Ingeniería S.A.S., de propiedad de Santiago Castaño Morales, e Icodin S.A.S, con la que aquél acordó el pago de una comisión del 4 % por prestar el nombre para suplir las exigencias de experiencia”, se lee en el expediente judicial en poder de EL COLOMBIANO.

El enlace para que toda la trama funcionara fue Juan Carlos Martínez, hoy prófugo de la justicia y quien era el encargado de pedirle a Santiago Castaño la parte que se le debía pagar al senador Mario Castaño y quien, además, verificaba que se desembolsaran las comisiones acordadas con las firmas que prestaban su nombre. Una de ellas, presuntamente, Icodin.

En un interrogatorio de Santiago Castaño con la Fiscalía, realizado en la mañana del 4 de abril de 2022, el procesado confiesa que conoce a Camilo López desde la universidad y que, cuando recibió la instrucción de meterse al proyecto de Balboa, lo buscó para suplir la experiencia que no tenía: “La primera llamada que le hago a Camilo (es para) que me prestara la empresa por el 2%, él me dice que si no es al 5% no la presta”.

A Fausto Alonso Bedoya, la otra persona que figura en papeles públicos como representante de la empresa antioqueña, también lo menciona en el interrogatorio, aunque es necesario precisar que no en el mismo sentido del que habla de Camilo López; esto quiere decir que –al menos en ese interrogatorio– sí admite saber quién es, pero no lo salpica de movimientos ilegales.

Pero ahí no paran los cimientos de las pesquisas. Resulta que en la documentación judicial existe otro contrato en el que, según el organigrama de la Corte, Icodin podría haber tenido participación.

Se firmó a través del consorcio San Miguel y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) por casi 17.000 millones de pesos en mayo de 2021 para ejecutar unas obras de adecuación en Manizales. La red de Castaño logró que se le desembolsaran unos 3.000 millones del anticipo y hasta logró que se lo cedieran, tras varias argucias contractuales, a Santiago Morales Castaño. Lo hicieron con la ayuda de John Alexander Sánchez, alias Pato, también capturado y muy cercano a Mario Castaño.

“Conversaciones telefónicas subsiguientes dan cuenta de que, efectivamente, el contrato de la UNGRD por 17,000 millones de pesos, aproximadamente, fue «cedido» a Santiago Castaño Morales y que, tras esta maniobra, se definieron millonarios porcentajes a favor de varios sujetos, entre estos, los que prestaron sus firmas para el consorcio (...) más la alta tarifa destinada al senador, quien no estaba dispuesto a perderla”, se lee en otro apartado del expediente judicial en poder de este diario. De hecho, hay otro organigrama paralelo para este caso en específico y ahí también está el nombre de Icodin.

En todo caso, EL COLOMBIANO llamó varias veces a los teléfonos registrados en la documentación pública de Icodin para pedirles su versión sobre estas apariciones en un expediente judicial que terminó sacando a la luz pública un entramado de corrupción que tiene presas a más de 20 personas.

En el teléfono fijo de la firma no se obtuvo respuesta, y en un celular registrado en la Cámara de Comercio, (31084177xx –se mantiene en reserva el número completo para no entorpecer la investigación– ) contestó el martes Fausto Bedoya. Reporteros de este diario le explicaron el motivo de la llamada y este dijo que en el transcurso de la semana respondería.

No obstante, tras varias llamadas más y mensajes de whatsapp de este medio, la comunicación no fue posible.

Lo cierto es que Mario Castaño presuntamente tejió toda una trama corrupta que salpicó a varios departamentos, incluso tiene dando explicaciones al gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, y a otros políticos de alto nivel. Incluso, aunque no aparece mencionado hasta ahora en el expediente, el ahora senador preso era de los más cercanos al expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal.

Otra fuente de la Fiscalía que ayudó a enlazar todo este entramado presuntamente corrupto le confirmó a EL COLOMBANO que las pesquisas con Icodin –empresa que según la misma fuente tiene, junto a sus representantes, la garantía de la presunción de inocencia mientras avanza la investigación– puede ser la punta de lanza para saber hasta qué punto Mario Castaño y su red ilegal penetraron en Medellín y Antioquia. Hay indicios sobre gente cercana a las administraciones.