Gobierno presume la “paz total” pero las mesas tienen pocos avances

La “paz total”, el principal proyecto político del Gobierno Petro, atraviesa un camino espinoso por cuenta de disputas internas entre los grupos sentados en las mesas, confrontaciones políticas auspiciadas por el Jefe de Estado y un ambiente generalizado de violencia que cuestiona a los ciudadanos sobre su eficacia.

De los 12 diálogos para desescalar el conflicto, que la Casa de Nariño le ha prometido a Colombia, hay cinco activos, tres suspendidos, dos inactivos y dos en fase de acercamientos, de acuerdo con información de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (Occp) y fuentes cercanas a esos procesos (ver los recuadros).

Entre los activos están los diálogos con las bandas urbanas del Valle de Aburrá y Quibdó, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (disidencia de la Segunda Marquetalia), el Estado Mayor de los Bloques y Frente (disidencia de las Farc) y los Comuneros del Sur (disidencia del ELN).

De esos, llama la atención que los últimos tres son derivaciones de otros procesos que se estancaron por fracturas internas de los grupos ilegales, pero el Gobierno decidió continuar en la mesa con las facciones que se “independizaron”.

Las mesas de conversaciones suspendidas, en las que alguna de las partes denunció incumplimientos de la otra, son las del Estado Mayor Central de las Farc, el ELN y los excomandantes paramilitares.

Hay otras dos que no están suspendidas, pero las diferencias entre los actores han llegado a tal punto que su avance actual es casi nulo, por lo que están inactivas: la mesa con la Segunda Marquetalia, tras la fractura de su coalición y la partida de los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico; y la mesa con las bandas de Buenaventura, en crisis desde que “los Espartanos” abandonaron las conversaciones.

Dos procesos todavía no superan la fase de acercamientos exploratorios y no han consolidado ceses al fuego, pese a que ya tienen voceros definidos: con el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Contradicciones de las mesas

Las conversaciones con los grupos armados son la principal estrategia de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, pero a la fecha no han logrado consolidar la “paz total” que les prometió a sus electores.

Por el contrario, hay grupos como el ELN y las disidencias de las Farc, que aprovecharon las treguas temporales con la Fuerza Pública para expandir sus fronteras territoriales, desatando enfrentamientos que generan desplazamientos y graves confinamientos en Chocó, Cauca, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Arauca y Guaviare, según la Defensoría.

Esta misma entidad reportó 541 casos de reclutamiento forzado infantil en 2024 y 21 en los primeros cuatro meses del presente año.

Tampoco se detuvieron los asesinatos de líderes sociales, la ONG Indepaz reporta 79 en lo corrido de 2025; el año pasado fueron 173 y, en 2023, 188. Además, van 32 masacres en 2025, hubo 76 en 2024 y 94 en 2023.

El panorama de inseguridad se ha visto agravado recientemente por un plan pistola del Clan del Golfo con 18 policías muertos el pasado mes de abril y dos escaladas terroristas del Estado Mayor Central en junio, con carrobombas y más de 30 atentados que mataron a siete personas y dejaron 40 heridas.

Para rematar, esta semana se publicó el Reporte Mundial de Drogas de la ONU, que reflejó la preocupación global por el incremento del mercado de la cocaína, causado en gran medida por la desaforada actividad del narcotráfico en Colombia. Nuestro país produce el 71.84% de toda la cocaína que circula en el planeta, es decir, 2.664 toneladas métricas de las 3.708 que se fabrican anualmente (datos consolidados a 2023).

Estos pobres resultados en materia de seguridad tienen en entredicho la conveniencia del proyecto de “paz total”. El presidente Petro ha estrechado las manos en tarimas y se ha abrazado en ruedas de prensa con distintos voceros de las guerrillas, los paramilitares y las bandas, sin que la criminalidad disminuya en el país, lo que provoca cuestionamientos sobre si estas mesas de paz persiguen en realidad fines políticos y electorales, por encima de los asuntos de paz y convivencia.

El senador Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador del Gobierno en los diálogos de La Habana con las Farc (2012-16), se pronunció sobre el tema, refiriéndose al evento público del 21 de junio en Medellín, en el que Petro y su gabinete compartieron escenario con jefes de las bandas del Valle de Aburrá inmersos en el proceso de paz.

“Pertinente recuerdo en relación con los criminales en la tarima de la Alpujarra: iniciando su período, el gobierno presentó un proyecto de ley de sometimiento. Muy pronto lo dejó morir. Y nunca volvió a tocar el tema. Es grave que continúen negociaciones con criminales no políticos sin marco jurídico y sin que sepamos cuál es el puerto de llegada. Grave también ese acto ostentoso que amenaza a las autoridades locales, la fiscalía, la justicia, las fuerzas armadas. Una cosa es desmovilizar. Otra el exhibicionismo sin compromiso serio de dejar de delinquir. Grave el ‘tarimazo’”, trinó.

A la escasa claridad en el norte de las conversaciones, se suman las constantes quejas de varias organizaciones participantes en las mesas sobre la supuesta falta de rigor del consejero comisionado de paz, Otty Patiño, a quien señalan de estar muy ausente. Así lo han expresando tanto las bandas del Aburrá como los exjefes paramilitares.

Desde mayo rondan los rumores de su supuesta salida del cargo, lo que añade ruido a las conversaciones, y la oposición en el Congreso está pidiendo su salida.

En los últimos 60 días ha pedido dos incapacidades médicas, que en plena crisis de orden público no han caído bien en las negociaciones.

Otro de los obstáculos que tienen las mesas, en particular aquellas con grupos de carácter no político, es que todavía no existe un marco jurídico que permita su desmovilización colectiva, es decir, hay cinco procesos en el limbo.

EL COLOMBIANO conversó con el senador Ariel Ávila, quien fue ponente de esa ley de sometimiento de bandas en 2023, la cual terminó hundida en el Congreso y no ha sido presentada de nuevo por el Gobierno.

Ante la pregunta de si ve alguna posibilidad de que sea presentada este año o el próximo, respondió: “Ninguna, más fácil que usted y yo tumbemos la luna de una pedrada a que pase una cosa de esas”.

Y frente al futuro de dichas mesas con los grupos de crimen organizado, estimó que “el Gobierno tiene que sincerarse con esta gente, y esa gente sincerarse a sí mismos, y preguntarles si quieren un mecanismo semicolectivo (usando el principio de oportunidad individual que hoy tiene la ley ordinaria), y el que no quiera, pues levantar la mesa. La mayoría de esas mesas no va para ningún lado”.

Así van las mesas de paz

Diálogo con las dos principales bandas urbanas de Buenaventura

Estatus: inactivo.

Área de influencia: Distrito de Buenaventura, en Valle del Cauca.

Involucrados: 1.700 miembros de las bandas “los Shottas” y “los Espartanos”.

¿En qué va?: en marzo de 2024 se levantaron de la mesa “los Espartanos” y la tregua que había entre las dos organizaciones se disolvió. En mayo de 2025 fueron capturados por secuestro y otros delitos alias “William” y “Jimmy”, voceros de “los Shottas” en esa mesa de paz.

Diálogo con bandas del Valle de Aburrá

Estatus: activo.

Área de influencia: Medellín y Valle de Aburrá.

Involucrados: 12.000 miembros y aliados de 350 combos.

¿En qué va?: el presidente Petro le dio un impulso simbólico al proceso, al llevar a los voceros a su mitin político en Medellín (junio 21), pero la agenda temática sigue sin aprobación presidencial, y sin un marco jurídico para cerrar la negociación, el futuro de la mesa está en el limbo.

Diálogo con cuatro bandas urbanas en el departamento de Chocó

Estatus: activo.

Área de influencia: Quibdó, Chocó.

Involucrados: 500 integrantes de las bandas conocidas como “los RPS”, “los Zetas”, “los Mexicanos” y “los Locos Yam”.

¿En qué va?: el pasado 31 de marzo se venció el plazo de la tregua entre estas bandas, lo que genera zozobra en la comunidad. La delegación del Gobierno ha cambiado dos veces de coordinador en 2025: primero se fue David Racero y luego Brenda Rentería (mayo 14), dejando el proceso en la incertidumbre.

Diálogo con la guerrilla del ELN

Estatus: suspendido.

Área de influencia: 231 municipios en 17 departamentos y Venezuela.

Involucrados: 6.000 combatientes repartidos en 7 frentes de guerra.

¿En qué va?: la suspensión data de septiembre de 2024, cuando el ELN atacó una base militar en Arauca, dejando dos muertos y 25 heridos. El pasado mayo Petro mencionó la posibilidad de retomar la mesa, sin que hayan avanzado gestiones.

Diálogo con el Estado Mayor Central

Estatus: suspendido.

Área de influencia: siete departamentos.

Involucrados: 1.500 combatientes en tres bloques.

¿En qué va?: desde la suspensión de los diálogos en mayo de 2023, el EMC ha realizado múltiples escaladas terroristas, la última fue en junio de 2025, con 26 ataques que dejaron siete muertos y 28 heridos. El Gobierno puso recompensa de $4.450 millones por su jefe “Iván Mordisco”.

Diálogo con Comuneros del Sur

Estatus: activo.

Área de influencia: 10 municipios de Nariño.

Involucrados: 150 combatientes y milicianos.

¿En qué va?: se han realizado siete ciclos de reuniones, en abril de 2025 la organización entregó 585 artefactos explosivos para su destrucción y el 10 de junio pasado acordó que concentrará a sus tropas en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Mallama, Nariño.

Diálogo con la disidencia del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF)

Estatus: activo.

Área de influencia: 11 departamentos y Venezuela.

Involucrados: 2.000 combatientes repartidos en dos bloques.

¿En qué va?: el frente 33, uno de los que pertenece a la organización, acordó que a mediados de julio va a concentrar a sus combatientes en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Tibú, Norte de Santander; sin embargo, el jefe negociador del Gobierno, Camilo González, renunció a su cargo el pasado 16 de junio.

Diálogo con la Segunda Marquetalia

Estatus: inactivo.

Área de influencia: 6 departamentos y Venezuela.

Involucrados: 800 combatientes y milicianos.

¿En qué va?: en noviembre de 2024 se produjo una grave fractura interna, cuando se separaron de su coalición los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico; desde entonces no se han realizado más ciclos de conversaciones.

Diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

Estatus: activo.

Área de influencia: 65 municipios en 9 departamentos.

Involucrados: 1.200 miembros de los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico.

¿En qué va?: en el 5° ciclo de conversaciones, el pasado mayo, se acordó crear dos Zonas de Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo, en las que se concentrarán 120 combatientes. El grupo se comprometió a erradicar 15.000 hectáreas de coca y campos minados, y entregar 8 toneladas de explosivos.

Diálogo con el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo)

Estatus: fase de acercamientos.

Área de influencia: 316 municipios en 22 departamentos.

Involucrados: 6.300 integrantes repartidos en 5 bloques y 25 frentes.

¿En qué va?: en febrero de 2025 hubo reunión exploratoria entre la cúpula del cartel y Álvaro Jiménez, el delegado del Gobierno, pero el acercamiento se congeló el 5 de mayo, cuando la Policía mató al cabecilla “Chirimoya” en Córdoba. En venganza, el Clan asesinó a 18 policías en un plan pistola.

Diálogo con Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Estatus: fase de acercamientos.

Área de influencia: departamentos de Magdalena y La Guajira.

Involucrados: 400 integrantes.

¿En qué va?: en abril de 2025 el grupo criminal suspendió los acercamientos de paz, tras un operativo militar en el que murieron tres de sus integrantes en La Guajira. El pasado 26 de junio la organización anunció su deseo de retomarlos, designando a su comandante “Camilo” como nuevo vocero (está preso en La Picota).

Diálogo con los exjefes paramilitares

Estatus: suspendido.

Área de influencia: indeterminada.

Involucrados: 18 exjefes de las AUC.

¿En qué va?: el 5 de junio de 2025, 16 exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) suspendieron las funciones que el Gobierno les otorgó como gestores de paz, alegando incumplimientos por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Capos disfrutan el blindaje que les ha dado la “paz total”.