MinSalud pide levantar la suspensión del decreto que traslada afiliados a Nueva EPS
Mediante un recurso de súplica, esa entidad le solicitó al Consejo de Estado quitar la medida ante el documento con el que pretendía implementar un modelo de aseguramiento con enfoque territorial y poblacional.
El Gobierno Petro no da su brazo a torcer con sus intenciones de cambiar el sistema de salud. Por eso volvió a cargar filas para sacar adelante el Decreto 0182 de 2026, que busca trasladar 2,6 millones de afiliados a la Nueva EPS, mediante el propósito de querer fortalecer el aseguramiento en salud con un enfoque territorial y poblacional.
En ese sentido, el Ministerio de Salud le solicitó al Consejo de Estado levantar la suspensión provisional de la norma, cuya decisión provisional fue anunciada el pasado 6 de mayo.
Le puede interesar: La indolencia del ministro: diez pecados de Guillermo Jaramillo con la salud del país.
La controversia surge mientras avanza el proceso judicial que estudia la legalidad del decreto. La medida cautelar adoptada por el alto tribunal frenó temporalmente la implementación de la regulación, lo cual, según el Gobierno, podría afectar la organización del sistema en regiones apartadas del país.
El recurso presentado por el ministerio busca revertir esa decisión y permitir que el decreto vuelva a entrar en funcionamiento mientras continúa el análisis de fondo. La cartera sostiene que la suspensión podría retrasar soluciones dirigidas a enfrentar problemas históricos del aseguramiento, especialmente en municipios con poca presencia de entidades promotoras de salud (EPS).
Dentro del documento entregado al Consejo de Estado, el Minsalud pidió que el recurso de súplica sea admitido para estudiar nuevamente la medida cautelar para que el alto tribunal revise si la suspensión resulta realmente necesaria mientras se define la legalidad del decreto.
Uno de los principales argumentos de esa entidad es que la suspensión provisional no cumpliría con el criterio de idoneidad. Según su postura, existen otras herramientas menos drásticas para atender las inquietudes sobre la aplicación de la norma, como reglamentaciones adicionales, lineamientos técnicos o mecanismos de coordinación institucional.
La entidad también cuestionó la proporcionalidad de la decisión judicial. Para el Gobierno, detener completamente la aplicación del decreto podría generar mayores afectaciones al interés general que permitir su vigencia mientras avanza el proceso. En particular, advierte riesgos para la continuidad de los servicios de salud en territorios dispersos y con baja densidad poblacional.
Otro de los puntos centrales de la defensa oficial es la sostenibilidad financiera del sistema. El Ministerio considera que el Decreto 0182 de 2026 contiene reglas orientadas a corregir fallas estructurales del modelo de aseguramiento y a reducir problemas derivados de la fragmentación operativa en distintas regiones.
La decisión final ahora queda en manos del Consejo de Estado, que deberá determinar si mantiene suspendido el decreto o si autoriza su reactivación mientras continúa el proceso judicial. El resultado será determinante para definir el rumbo del aseguramiento territorial y la prestación de servicios de salud en diferentes zonas del país.
Vale recordar que en su decisión provisional la alta corte advirtió que el ministerio presenta “un incumplimiento reiterado de estándares financieros, incluyendo un patrimonio adecuado negativo y un déficit en sus reservas técnicas”.
En sus críticas al documento de la cartera, el Consejo de Estado también consideró que por eso “no es razonable sostener que concentrar a la población en entidades intervenidas o con crisis de sostenibilidad garantice la eficiencia del servicio”.
Más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.