MinSalud quiere crear un sistema de salud indígena que vale $300.000 millones: hay alertas

El Ministerio de Salud publicó para comentarios un proyecto de resolución que establece las reglas para ejecutar hasta $300.000 millones destinados a acompañar el cierre de la operación de la Asociación Indígena del Cauca (AIC EPS-I) y facilitar la puesta en marcha del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI).

Como contexto, la AIC EPS-I ha operado como aseguradora del régimen subsidiado para comunidades indígenas; es su EPS propia. Mientras que lo que propone la SISPI es que el sistema de salud para las comunidades funcione bajo un modelo de organización propio, administrado por el Territorio Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), con un enfoque que integre la medicina convencional y los conocimientos ancestrales.

Además, el nuevo modelo respetaría las tradiciones, prácticas y creencias de las comunidades indígenas.

El proyecto de resolución estipula, en concreto: “El modelo de salud deberá definir el propósito de los modelos, procesos o formas de cuidado en salud propia e intercultural, desde un abordaje del cuidado integral de la vida de los pueblos indígenas y las garantías para la pervivencia física y cultural”.

¿Cómo funcionaría?

La iniciativa desarrolla lo previsto en el Decreto Ley 0333 de 2026, que autorizó la destinación de esos recursos con el fin de garantizar una transición ordenada entre ambos esquemas. El proyecto aclara que el dinero no será entregado directamente al CRIC.

En cambio, el Ministerio de Salud transferirá los recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que los manejará en una cuenta independiente y realizará los pagos directamente a hospitales, clínicas, instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y proveedores que tengan cuentas pendientes por servicios prestados a los afiliados de la AIC EPS-I.

Antes de que esos desembolsos puedan efectuarse, la AIC EPS-I deberá presentar la relación de las obligaciones pendientes y certificar los valores adeudados.

Esa información será sometida a la revisión de la Superintendencia Nacional de Salud, entidad encargada de verificar que los montos correspondan a los procesos de conciliación y depuración de cartera. Solo después de ese control la ADRES podrá girar los recursos.

¿Desaparecerá la AIC EPS?

Aunque el mecanismo busca que los pagos lleguen directamente a los prestadores y fortalecer la trazabilidad de los recursos públicos, la EPS indígena conservará un papel determinante al definir qué acreedores serán incluidos y cuánto recibirá cada uno.

Ese esquema es similar al modelo de giro directo utilizado en otros casos del sistema de salud y ha sido objeto de cuestionamientos por parte de algunos prestadores, que consideran que deja en manos de las EPS la priorización de los pagos.

El Ministerio también advierte que los $300.000 millones no necesariamente cubrirán la totalidad de las obligaciones financieras acumuladas por la AIC EPS-I. Y es que, para diciembre de 2024 se tenía registrado que el déficit de aquella EPS había superado los $264.100 millones.

Es decir, lo que le preocupa a varias IPS es que sus deudas no se salden al quedar muy abajo en la lista de prioridades de la EPS que está a punto de desaparecer.

A pesar de aquel lío, el Ministerio de Salud fue enfático en que cualquier saldo pendiente deberá resolverse antes de que el SISPI entre plenamente en funcionamiento, con el propósito de evitar que el nuevo modelo inicie operaciones cargando pasivos de la antigua EPS.

Además, la resolución establece que la AIC EPS-I, el CRIC y la red de prestadores deberán coordinar las acciones necesarias para garantizar que los servicios continúen prestándose sin interrupciones y bajo condiciones de oportunidad, calidad e integralidad.

¿Cómo será la transición de la AIC EPS-I al Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI)?

La Superintendencia Nacional de Salud también asumirá funciones de vigilancia durante toda la transición.

Entre sus responsabilidades estarán verificar el registro de los pagos efectuados, supervisar la actualización de la información financiera de la AIC EPS-I y hacer seguimiento al cumplimiento de las condiciones fijadas en la norma.

Paralelamente, la ADRES deberá reportar públicamente cada uno de los desembolsos realizados y expedir las certificaciones correspondientes.

Los otros territorios que tendrán autonomía

El Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), que llega un mes antes del fin del Gobierno, no será lo único que tenga cierta autonomía frente a los mecanismos y estructuras del Estado.

Cuando Abelardo De la Espriella se posesione como presidente el próximo 7 de agosto, encontrará sobre su escritorio uno de los legados más complejos del gobierno Petro: 22 Entidades Territoriales Indígenas (ETI) formalizadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con facultades para administrar recursos públicos, ejercer gobierno propio y controlar vastas extensiones del territorio nacional.

Para el gobierno saliente es una reparación histórica; para sus críticos, una profunda reconfiguración del Estado hecha por decreto y con múltiples interrogantes legales aún sin resolver.

El caso más visible de esta transformación se encuentra en la Alta Guajira. En jurisdicción de Uribia, la ANT delimitó Wuinpumüin, la nueva ETI indígena de la Zona Norte Extrema, creada mediante el Decreto 482 de 2025 y formalizada por resolución en 2026.

El territorio abarca 257.408 hectáreas e integra nueve corregimientos estratégicos, desde Nazareth hasta Puerto Estrella y Castilletes, en la frontera con Venezuela.

Allí, sus autoridades podrán administrar directamente recursos para salud, educación, agua potable e inversión social, funciones que históricamente dependían del municipio de Uribia.

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