Multan por desacato al director de la UNP y ordenan investigarlo por lío con activista
La decisión se da tras el incumplimiento de una tutela que ordenaba proteger a un activista político que denunció amenazas de muerte y sobrevivió a un atentado en Antioquia.
El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Medellín sancionó al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, por desacato a una orden judicial relacionada con la asignación de medidas de seguridad a un activista político que había denunciado amenazas en su contra.
La decisión impone una multa equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente y ordena compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General para que investiguen una posible falta disciplinaria y penal derivada del incumplimiento.
El caso está relacionado con el analista y activista político Santiago Alvarán, conocido por sus posturas críticas frente al Gobierno nacional. Según el expediente, Alvarán había denunciado reiteradas amenazas de muerte y, además, fue víctima de un atentado el 29 de junio de 2025, cuando se movilizaba por la vía que conecta Medellín con Urabá, en el occidente de Antioquia.
Tras ese hecho, solicitó a la UNP la asignación de un esquema de protección. Sin embargo, ante la falta de respuesta efectiva, interpuso una acción de tutela que fue fallada a su favor. En esa decisión, emitida en enero de 2026, se ordenó al director de la entidad garantizar su seguridad.
La orden fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 14 de abril de 2026. Pese a ello, el juzgado concluyó que el fallo no fue acatado, lo que derivó en la declaratoria de desacato y la imposición de la sanción.
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Además del director de la UNP, la decisión también cobija a otros funcionarios de la entidad. Nelson Rolando Russi, director de Evaluación de Riesgo, y Miguel Ángel Quiroga, director de la Dirección de Protección, deberán asumir igualmente una multa equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente.
En medio del proceso, Alvarán cuestionó públicamente la actuación de la entidad. “La Unidad Nacional de Protección, gerenciada por Augusto Rodríguez, ha dejado sin seguridad a líderes sociales derivados de atentados, ha incumplido decisiones judiciales en factibilidad de protección a los activistas sindicales en riesgo”, señaló.
Con la compulsa de copias, ahora serán los entes de control y la Fiscalía los encargados de determinar si existen responsabilidades adicionales por el incumplimiento de la orden judicial.