“No hay silla para las víctimas ni para los territorios en el Fondo Milagro”: Cathy Juvinao

La representante Catherine Juvinao le puso la lupa al Fondo Milagro desde hace varios días, cuando advirtió en el Congreso sobre los tiempos que se estaba demorando para ponerlo en marcha y sobre algunos aspectos de su funcionamiento.

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El Gobierno anunció que ya está constituido y se publicó el contrato. En entrevista con EL COLOMBIANO, la representante reconoce elementos que considera positivos, como que los recursos permanezcan en las cuentas del Tesoro Nacional, pero mantiene cuestionamientos sobre la estructura burocrática, los controles y la falta de representación de víctimas y autoridades territoriales.

También se refiere a la fundación de la primera dama, que recibió donaciones de privados, y pide transparencia sobre los recursos que ha recibido para atender la emergencia.

Ya el gobierno puso en marcha el Fondo Milagro.

“Por fin se firmó el contrato. Ya estaban atrasados. Que les haya tomado casi 20 días entre la expedición del decreto que creaba el fondo y la firma del contrato de fiducia da cuenta, a mi juicio, de una lentitud que en momentos de emergencia el Gobierno no se puede permitir. La gente está durmiendo en carpas todavía y muchas víctimas están reclamando ayudas”.

¿Qué le llama la atención del contrato?

“Hay que decir que es un contrato normal dentro de este tipo de contratos. Lo primero es que se eligió a Fiducoldex. Es una fiducia pública que hace parte del Grupo Bicentenario. El Gobierno solamente recibió una propuesta de las tres fiducias a las que invitó.

Invitó a Fiduprevisora, Fiduagraria y Fiducoldex. Finalmente, Fiducoldex fue la única que presentó propuesta. Esto pasó el fin de semana”.

También señaló que le parece raro que se empiece a girar desde la ya comisión para la Fiducia...

“Hay una comisión pactada de más o menos $250 millones mensuales, que serían aproximadamente $3.000 millones al año.

Entonces, la alerta que quiero hacer es: que no se nos vaya a terminar yendo en comisiones y en contratación de nuevos equipos de trabajo la plata que realmente debe utilizarse para reparar a las víctimas”.

De lo que ha interpretado, ¿en qué se utilizaría esa comisión que recibirá la fiduciaria?

“Eso es lo que se le paga a la fiduciaria por hacer su tarea. Yo estuve revisando más o menos cuáles son las comisiones pactadas en otros contratos de fideicomisos y otros fondos que tiene el Estado colombiano y encontré que más o menos está en ese rango.

Ahora, aquí hay que decir algo: la fiducia, a diferencia de otras fiducias y otros contratos que crean patrimonios autónomos, no es la que maneja la plata. La plata en este caso no la va a manejar el Fondo Milagro”.

¿Y eso lo considera positivo?

“Eso me parece algo bueno en términos de la protección de los recursos. La plata nunca va a salir de las cuentas del Tesoro Nacional. Muchas veces el problema con los fondos es que ellos se quedan manejando recursos con total opacidad, porque son de derecho privado. A veces esas platas ni siquiera se ejecutan, se quedan guardadas en los fondos simplemente amasando rendimientos.

Esa plata va a estar en el Ministerio de Hacienda, de manera que deberían responder sin ningún problema a derechos de petición sobre cuánta plata hay ahí, cómo la van a usar”.

¿Cómo funcionaría el proceso de pago de las obras?

“Aquí hay una figura fundamental que vamos a tener que vigilar: los supervisores de las obras.

Los supervisores son los encargados de verificar en terreno que la obra ya está lista. Una vez ese supervisor diga: “Esto ya debe pagarse”, entonces entra el fondo y la fiducia con todo el trámite administrativo.

El gerente del fondo, después de que el supervisor de obra pida pagar, revisa que efectivamente todo esté bien en lo formal. Porque, ojo, ni el fondo, ni la gente del fondo, ni la gente del Ministerio de Hacienda son los encargados de verificar que la obra se terminó materialmente. Ellos simplemente van a verificar el papeleo”.

¿Por qué dice que hay riesgo de que la plata se vaya en burocracia?

“Al gerente del fondo, al señor Jaime Uribe, se le asigna una unidad de gestión. ¿Esto qué es? Burocracia. Para que le ayuden a estructurar los contratos, a seleccionar los contratistas y con todos los temas de planeación y trámites administrativos.

¿Cuántas personas van a ser parte de esa unidad de gestión y cuánto nos va a costar? Ni idea. El contrato no lo dice.

Y, en cambio, sí dice que esa comisión de aproximadamente $250 millones al mes puede ser susceptible de aumentar si, entre comillas, le ponen más carga laboral al fondo”.

¿Qué opinión le merece el consejo directivo que fue anunciado?

“Hay que reconocer que los nombres de los integrantes del consejo directivo que anunció el presidente de la República son muy buenos.

Está la doctora Liliana Restrepo, fundadora de Frisby; está el doctor Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros; está el doctor Arturo Calle, que no necesita presentación.

Estas personas, por lo menos, dan un aire de confianza ante la opinión porque son empresarios y líderes muy reputados”.

¿Qué sería lo que alertaría?

“El fondo no puede empezar a operar hasta que no estén listos los manuales de contratación.

¿Por qué todavía no están listos esos manuales? Porque todavía no han salido ni siquiera los decretos de nombramiento del gerente del fondo ni de los integrantes del consejo directivo. Hasta que ellos no estén nombrados en propiedad, no se pueden aprobar los manuales de contratación.

¿Y qué son esos manuales? Son todos los lineamientos que le permiten al fondo operar, contratar, ejecutar, pagar y hacer todo lo que va a desarrollar. Sin esos manuales, el fondo realmente todavía no puede empezar a operar”.

Hay 16 departamentos que aparecen dentro de los territorios beneficiarios. ¿Qué opinión le merece esa cobertura?

“Hay algunos departamentos que no he encontrado justificación técnica de por qué están incluidos. Me refiero, en particular, a Santander y Caquetá.

Los metieron a última hora, en el último de los reportes situacionales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que cambiaron hasta el reporte 85.

En su momento dijeron que no había afectaciones el día del terremoto. Metieron a esos dos departamentos porque supuestamente hay cerca de 20 colegios averiados en uno y cerca de 20 centros de salud averiados en otro. A mí eso me genera suspicacias porque no hay ni siquiera una persona afectada”.

Usted había planteado la necesidad de que hubiera representantes de los territorios y de los organismos de control.

“Hay dos ausencias en el consejo directivo que para mí también resultan un poco exóticas. Primero, no están los entes territoriales. Ni los alcaldes ni los gobernadores.

Uno podría decir: “Bueno, quizás no puede tener voto todo el mundo porque se vuelve el fondo inmanejable”, pero que por lo menos tengan voz. No hay ninguna silla para alcaldes y gobernadores.

Tampoco hay silla para las víctimas. ¿Quién mejor que las víctimas en los territorios para decir qué es lo que se está necesitando? Podrían ayudar mucho, en momentos de recursos escasos, a priorizar.

Y lo tercero es que tampoco están los organismos de control. No porque tengamos que desconfiar de los nombres que hacen parte del consejo directivo, porque, repito, me parecen personas que tienen una buena reputación.

Pero más allá de eso, este tipo de instancias, por el nivel de recursos que manejan y por regirse en materia de contratación bajo derecho privado, deben tener la lupa de los organismos de control”.

Finalmente, usted también ha lanzado alertas sobre los recursos de la Fundación de la Primera Dama.

“No veo nada de malo en que la primera dama tenga una fundación y que canalice recursos para ayuda humanitaria.

Lo que no me parece es que esta fue promovida por el presidente de la República. Fue promovida desde instancias gubernamentales, como el canal del sistema de medios públicos, y hubo ministros que, a viva voz, invitaron a donar.

Entonces, así la ley no le obligue —o más bien la exima por ser una fundación y regirse bajo derecho privado—, aquí sí hay un principio de ética pública que debería obligar y orientar tanto el actuar de la Fundación de la Primera Dama como del Gobierno.

Es absolutamente obvio que esta fundación debe rendir cuentas. Yo sí le solicito, con todo el respeto, tanto al presidente de la República como a la primera dama entender que la gente está esperando que rinda cuentas”.

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