¿Quiénes son los dos a los que el Gobierno quiere en ICBF e Invías?

Dos nombramientos, uno en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otro en el Instituto Nacional de Vías, tienen al gobierno de Gustavo Petro en la mira de sus opositores. Aunque de distinta índole, ambos tienen el mismo trasfondo: los antecedentes.

Se trata de los posibles nombramientos de Rovitzon Ortiz Olaya, como director de Familias y Comunidades del ICBF, y de Juan Alfonso Latorre, como director del Invías.

Sobre Ortiz pesa el San Benito de tener un proceso activo por el delito de peculado por apropiación (apropiarse en beneficio propio o de un tercero de bienes del Estado). Este, activo desde 2011, se encuentra en el despacho del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Edwar Enrique Martínez, y también están vinculados el exalcalde de Soacha (Cundinamarca) José Martínez y su exsecretaria general, Amparo Tristancho.

Ortiz Olaya es un viejo conocido del presidente Gustavo Petro. Así como varios de sus funcionarios y ministros (como las ministras de Ambiente y Vivienda, Susana Muhamad y Catalian Velasco), Rovitzon hizo parte del gabinete distrital en el cargo de director de Equidad y Políticas Poblacionales de la Secretaría Distrital de Planeación, cuando Petro fue alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015. Esto último indica que también trabajó en la administración distrital con ese proceso penal encima.

En cuanto a Latorre, se conoció que en su contra hay siete procesos disciplinarios y fiscales en la Procuraduría y la Contraloría, respectivamente, tras su paso por la Agencia de Infraestructura del Meta. No obstante, EL COLOMBIANO pudo constatar que en otros 17 procesos (13 de tipo civil, dos de laboral y dos administrativos) el ingeniero figura como demandado.

Si bien ninguno de estos procesos ha dejado sanciones o condenas en contra de estos dos hombres que serían nombrados en sendos cargos, lo cierto es que estos antecedentes han servido de caballito de batalla para que los sectores de oposición al gobierno de Gustavo Petro lo señalen de tener una constante en sus nombramientos y es llevar personas que, dicen ellos, no están preparadas para liderar ciertos sectores.

En esa línea está el senador Miguel Uribe (Centro Democrático), quien le dijo a este diario que la posibilidad de que Rovitson Ortiz llegue al Bienestar Familiar es un mal mensaje, porque “el Bienestar es una entidad que merece especial atención porque es la que cuida la tranquilidad de los niños y de las familias del país”.

Y agregó: “Es un mal precedente que este Gobierno pretenda nombrar una persona cuestionada por corrupción para manejar estos recursos. Uno ve que el ánimo de proteger los recursos públicos y nombrar personas idóneas en estos puestos no es lo que les preocupa”.

Estos nombres se convierten en una papa caliente para Petro, en primer lugar, porque el delito de peculado es la madre de los delitos contra la administración pública, que siempre están atados a casos de corrupción, y más cuando de recursos para la niñez colombiana se habla.

En segundo lugar, porque la presencia de funcionarios cuestionados en un cargo, como la dirección del Invías (a cargo de la supervisión de los contratos para la construcción de autopistas y carreteras, así como de su mantenimiento), puede generar temores fundados sobre el manejo de estas instituciones técnicas. Latorre se ha defendido afirmando que son por contratos que dejaron las anteriores administraciones en el departamento del Meta y no por contrataciones que se hayan hecho en la gobernación de Juan Guillermo Zuluaga.

Otras dudas en el ICBF

En octubre pasado, Eduardo Espinosa estuvo a punto de posesionarse como director de Protección del Bienestar Familiar, pero esto no se llevó a cabo luego de las críticas que despertó este nombramiento, pues su experiencia se basaba en ser un abogado experto en vivienda, planeación y derecho urbanístico, así como por la denuncia de un concejal de Chía (Cundinamarca) por presunta falsedad en documento público (ver recuadro).

EL COLOMBIANO consultó con el ICBF por el posible nombramiento de Rovitson Ortiz Olaya en la Dirección de Familias y Comunidades, pero, al cierre de esta edición, no obtuvo respuesta. De igual manera, buscó al ingeniero Juan Alfonso Latorre para conocer su postura frente a los hechos narrados en este artículo, pero no contestó las llamadas y mensajes que este diario le hizo.

Nota: Tras una comunicación de Rovitzon Ortiz Olaya, enviada a EL COLOMBIANO, se aclara que el proceso que se le seguía por el delito de peculado por apropiación fue precluido a su favor por “extinción de la acción penal”. Para confirmarlo, el peticionario le remitió a este diario un acta de audiencia –con fecha del 12 de mayo de 2022– en la que consta esa actuación jurídica; la hizo el juzgado segundo penal del circuito de Soacha (Cundinamarca). Esta información aparece en el párrafo 3 de este artículo.