“No puede ser que termine de chivo expiatorio”: José Fernando Cardona por acusación de saqueo a Nueva EPS

Si algo deja claro el expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona, es su extrañeza. Tanto por la acusación que la Fiscalía General de la Nación le hizo a él y a cuatro de sus antiguos socios, sino porque fuera noticia en medios de comunicación tres meses después de que lo presentaran ante un juez de la República.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Cardona se defendió por la supuesta apropiación de más de $70.000 millones de recursos de la salud. Dijo que el fiscal del caso no ha señalado que esa cantidad haya sido robada por él o sus socios y que, por el contrario, se usó para pagar atenciones de salud de sus afiliados.

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Cree que lo quieren coger de chivo expiatorio y habló de la actualidad financiera y prestacional de la Nueva EPS.

Usted y su defensa manifestaron extrañeza de que la acusación de la Fiscalía en su contra se diera a conocer este mes, ¿cree que no fue coincidencia?

“Sí, a nosotros nos dejó inquietos que después de la locución del presidente (Gustavo Petro) apareciera el tema de la acusación como algo nuevo. Pareciera como si hubiera sido generado porque fuera algo novedoso y posteriormente aparecen otras noticias de unos asuntos que en el proceso todavía no hemos tenido conocimiento y lo tienen medios de comunicación. Ha habido situaciones que le llaman a uno la atención y así lo ha manifestado mi abogado”.

La Fiscalía asegura que entre 2019 y 2023 en la Nueva EPS ustedes habrían reducido costos declarados y aumentado ingresos reportados. A título personal y como antigua cabeza administrativa, ¿qué responde?

“A nosotros nos están imputando y nos están diciendo que entre los años 2019 y 2022 generamos utilidades por alrededor de $34.000 millones y que esas utilidades se generaron y se utilizaron de manera indebida. Por eso están hablando de un peculado por apropiación de $70.000 millones.

Adicional, están diciendo que hubo, como usted lo anota, un ocultamiento de facturas. Cuando usted mira la acusación, no aparecen los $5 billones que dice el presidente ni asuntos de pérdida de recursos que se haya presentado. ¿Qué es lo que es cierto? Que estamos acusados y estoy acusado por un presunto peculado por las utilidades generadas de 2019 a 2022 y esas utilidades se utilizaron para pagar servicios de salud de años anteriores; que no me llevé un peso, que no tomé un peso y así lo dijo el fiscal; que ningún funcionario tomó un peso y así lo dijo el fiscal; que ningún tercero cogió un peso y así lo dijo el fiscal.

Hay una discusión jurídica en ese sentido que mi defensa está trabajando para presentar en el momento del juicio y aclarar que ahí no hay ningún peculado ni ninguna apropiación. Y si usted se fija, son $74.000 millones los que aparecen ahí, pero pérdidas adicionales no existen. No existen $5 billones ni $16 billones como se ha dicho por otro lado. Entonces hay toda una discusión jurídica que vamos a aclarar en el momento en que llegue la fase en la que nos muestren las pruebas y nosotros podamos defendernos”.

Pero entonces si el fiscal que lleva el caso menciona que no hubo apropiación y usted afirma que esa plata se usó para pagar servicios y atenciones en salud, ¿cuál es la razón de ser de acusarlo por peculado?

“No sabemos. A mí me acusan de un peculado por apropiación. Monto del peculado por apropiación: $74.300 millones. ¿Esos recursos dónde quedaron? En la Nueva EPS. ¿Esos recursos para qué se destinaron? Para pagar servicios de salud, para regular pérdidas y para pagar servicios de salud. ¿Esos recursos los cogió alguien o salieron de la Nueva EPS o del sistema de salud? No. Ahí hay la discusión que va a darse en el juicio y que mi abogado va a indagar por qué están hablando de peculado en esas circunstancias”.

Así las cosas, ¿sería factible que la razón de la acusación se encamine a que esa plata no se pudo haber usado para pagar esos servicios de años anteriores, sino que tenía que ser de la vigencia (año) actual?

“Podría ser eso, pero en ese debate, el Ministerio de Hacienda hizo un pronunciamiento donde dijo que en el sector salud y en las EPS no aplica la anualidad fiscal del sector público. Esa anualidad no aplicaba, pero es un debate jurídico que todavía no se ha cerrado. Tiene usted toda la razón. Es un debate jurídico que está abierto y puede ser eso. Nosotros como todavía no hemos llegado a la etapa de las pruebas y de lo que está planteando el fiscal, no podemos decir nada diferente”.

La Fiscalía también asegura que la buena imagen financiera que supuestamente ustedes maquillaron tenía la intención de hacer que la Superintendencia de Salud la mantuviera habilitada y que eso evitó unos controles. Entonces, ¿cómo pudieron haber maquillado cifras si la plata del supuesto peculado era para pagar cuentas de atenciones en salud?

“Yo lo que creo es que todas las EPS estábamos en una situación compleja financiera. Todos teníamos la dificultad generada por la insuficiencia de la UPC (unidad de pago por capitación) y por los problemas de los giros de presupuestos máximos (PM) y eso estaba generando un estrés financiero y condiciones de fragilidad en las instituciones. La superintendencia estaba haciendo el seguimiento y, tal como aparece en el fallo que ordena devolver Sanitas a sus dueños, dice que las intervenciones hechas sin haber resuelto el cálculo de la UPC no debían realizarse ni se podían hacer hasta no saber en qué condiciones financieras estaba la institución.

Es cierto que, como todas las EPS, estamos en condiciones complejas financieras, pero de ahí a que se estuviera haciendo todo como un armado para que no se tomaran decisiones de la superintendencia, eso no es cierto. Aquí hay una narrativa que tiene que ver con cómo generar y hacer ver que todo el problema que está en el sistema de salud es un problema que se llama José Fernando Cardona. Pero el problema del sistema de salud va más allá de las circunstancias en las que estaba la Nueva EPS y no puede ser que termine uno de chivo expiatorio en este asunto.

Usted puede ver los hechos desde el momento de mi gestión y las condiciones en las que se estaba atendiendo las personas, las condiciones en las que se estaba garantizando la red de prestación de servicios y cómo no es cierto que con la intervención se mejorara y era que yo estaba haciendo una cantidad de maldades que estaban afectando el servicio y que ellos subsanaron. Eso no es cierto”.

¿Cuándo inició ese proceso en Fiscalía?

“Desde diciembre de 2024”.

El escrito de acusación lo radicaron en junio pasado, ¿tienen fecha programada para el inicio del juicio?

“Eso debe comenzar de mediados de octubre”.

En las últimas semanas se ha conocido que Nueva EPS es la que mayor deuda tiene con hospitales y clínicas y que la Clínica Shaio en Bogotá terminará unilateralmente el contrato que tenían, ¿qué opina de eso?

“Que los hechos son muy claros y que por andar pensando en que la culpa es de atrás, no se ha gestionado de la mejor manera la entidad. Mientras nosotros estábamos en la Nueva EPS, que no era perfecta y que teníamos problemas, pero nuestra red era estable y con algunas dificultades en ciertos momentos, pero era una red amplia y estable.

Hoy tienen una red precaria y cada vez con menos instituciones. Lo de la Shaio no es la única, es la que se conoce, pero el cierre de instituciones y la atención de urgencias ha sido muy importante y lo puede usted ver por el número de quejas que se están presentando, por las quejas de las asociaciones de usuarios y por un dato que nosotros monitoreábamos permanentemente sobre cómo estaba respondiendo la red.

Cuando nosotros estábamos en 2023, amanecían 1.000 pacientes para ser trasladados porque había algún paciente que estaba en un hospital que era de menor complejidad y había que trasladar a otro lado. Pero hoy están amaneciendo 4.000 pacientes pendientes de ser trasladados y nosotros nos demoramos 25 horas y hoy se están demorando 49 horas. Eso es un reflejo de lo que está ocurriendo con la restricción a los pacientes de nueva EPS.

Nosotros teníamos 37.000 quejas por medicamentos. Este año se calcula que terminan en 280.000. Casi siete veces más. Y los pacientes, los usuarios de enfermedades huérfanas, los usuarios de enfermedades o trasplantados y los pacientes con diabetes, si usted se revisa el número de quejas presentados, es exponencial el número que se presenta por no entrega de medicamentos.

En casi dos años que llevan administrándola, llevan cuatro interventores, siete vicepresidentes de salud y cuatro vicepresidentes financieros. Eso no lo maneja nadie. Entonces, hay un desgobierno y hay una forma de entender este problema de la Nueva EPS, que es simplemente pensando que es un tema de José Fernando Cardona y de $70.000 millones y no están pensando en los pacientes. En ese sentido, los hechos están ahí creo que lo importante ahora es sentarse a ver qué se puede hacer para que los pacientes vuelvan a tener un servicio como el que teníamos y mejor”.

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