200 bocaminas exponen el fracaso estatal en el páramo de Santurbán

Las recientes fotografías reveladas por Vanguardia dejan al descubierto un posible descuido del Gobierno en la protección del páramo de Santurbán.

Las imágenes muestran una bocamina en una zona de influencia del ecosistema, donde la minería ilegal continúa avanzando pese a las restricciones existentes, lo que ha llevado a sectores ambientales, como lo plantea el artículo, a evidenciar falta de gestión gubernamental.

De acuerdo con el medio, en el municipio de California (Santander) una montaña ha perdido una parte significativa de su cobertura vegetal como consecuencia de la explotación minera y en la zona se contabilizarían más de 200 bocaminas.

La extracción ilegal, impulsada por el alto precio del oro y la llegada de personas provenientes de otras regiones del país, continúa expandiéndose sin que existan registros oficiales sobre la cantidad de minerales extraídos, un panorama que evidencia las dificultades de las autoridades para ejercer un control efectivo sobre el territorio.

El descuido del Gobierno

Un estudio de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), citado por Vanguardia, estima que la minería ilegal en la provincia de Soto Norte podría generar ingresos cercanos a los $26.000 millones mensuales.

Incluso, uno de los socavones analizados habría permitido extraer hasta 10 kilogramos de oro en una sola semana, una producción que evidencia la capacidad con la que opera la minería ilegal en la zona y las millonarias ganancias que obtiene sin que las autoridades hayan logrado frenar su expansión.

A este panorama se suman las consecuencias ambientales: la degradación del suelo, la pérdida de cobertura vegetal y el riesgo de contaminación de las fuentes hídricas que abastecen a más de dos millones de personas en Santander y Norte de Santander, un escenario que ha intensificado los cuestionamientos sobre la efectividad de las acciones estatales para proteger el páramo.

La investigación de Vanguardia también documenta un constante movimiento de trabajadores y vehículos hacia las minas ilegales.

En las vías de acceso a California y en las áreas montañosas cercanas a Santurbán es frecuente observar motocicletas utilizadas para transportar personal y materiales, mientras que, según habitantes del municipio, la actividad minera se mantiene durante la noche y la madrugada sin mayores obstáculos.

Las comunidades, además, advierten sobre la llegada de personas provenientes de otras regiones e incluso de menores de edad que buscan vincularse a la extracción de oro.

Para líderes sociales y sectores ambientalistas, la continuidad de estas operaciones, a plena vista y en una zona de especial protección ambiental, refleja un abandono institucional y una respuesta insuficiente del Estado para impedir que la minería ilegal siga avanzando sobre uno de los ecosistemas más estratégicos del país.

Críticas a Petro

Las imágenes divulgadas por Vanguardia desataron una ola de críticas desde la oposición, cuyos dirigentes responsabilizaron al Gobierno del presidente Gustavo Petro por la falta de control sobre este ecosistema estratégico.

El senador del Centro Democrático, Andrés Forero, aseguró a través de su cuenta de X que “la minería llegó al Páramo de Santurbán en el gobierno de Gustavo Petro”, y sostuvo que la administración que se ha presentado como la “potencia mundial de la vida” “habló mucho, pero hizo muy poco”, calificando su gestión como una “estridencia inoperante”.

En la misma línea, la precandidata presidencial Vicky Dávila afirmó que las imágenes reveladas por el diario santandereano “prueban que hay minería ilegal en el Páramo de Santurbán” y señaló que esta actividad criminal se fortaleció porque, según ella, “los bandidos llevan cuatro años andando como Pedro por su casa”.

Asimismo, cuestionó que, pese al discurso gubernamental de defensa del agua y la vida, se haya permitido que el ecosistema sea afectado por la explotación ilegal.

Por su parte, el electo representante a la Cámara, Daniel Briceño, sostuvo que durante el gobierno Petro “la minería ilegal está destruyendo el páramo de Santurbán” y criticó lo que calificó como una “hipocresía ambiental”, al considerar que algunos sectores se oponen a la minería formal y a proyectos de infraestructura, pero guardan silencio frente a la destrucción ambiental causada por organizaciones dedicadas a la minería ilegal.

La respuesta del Gobierno

Frente a estas críticas, desde el Ministerio de Ambiente sostienen que se han venido adoptando medidas para fortalecer la protección de Santurbán.

Actualmente, el Ministerio de Ambiente adelanta un nuevo proceso de delimitación del páramo en cumplimiento de la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional, que dejó sin efectos la delimitación establecida en 2014 al considerar que no garantizó una participación adecuada de las comunidades. Como parte de ese proceso, el Ministerio abrió una nueva etapa de concertación con municipios de Santander y Norte de Santander vinculados al ecosistema.

De manera paralela, en marzo de 2025 el Gobierno declaró una Zona de Reserva Temporal sobre 75.000 hectáreas de la provincia de Soto Norte, prohibiendo durante dos años la minería de oro y plata —con posibilidad de prórroga— en municipios como California, Suratá, Matanza, Vetas, Tona, Charta y Bucaramanga.

En medio de este debate también aparece el proyecto Soto Norte, de la empresa canadiense Aris Mining, que ha asegurado no desarrollar actualmente actividades mineras en la zona ni tener solicitudes de explotación en trámite ante el Gobierno.

Sin embargo, la discusión sobre la protección de Santurbán sigue abierta. Organizaciones ambientalistas sostienen que la permanencia de cientos de bocaminas y el crecimiento de la minería ilegal demuestran que las medidas adoptadas por el Estado aún no son suficientes para garantizar la conservación efectiva de uno de los ecosistemas estratégicos del país.

El Gobierno, por su parte, defiende que el proceso de delimitación y las restricciones impuestas representan avances importantes, aunque el mayor desafío continúa siendo convertir esas decisiones en una vigilancia permanente y en un control real sobre el terreno.

UNA DELIMITACIÓN FRENADA

Con la llegada de Petro en 2022, el Gobierno retomó el proceso de delimitación de Santurbán, pero centrada en la participación de las comunidades y la protección de los ecosistemas de alta montaña. Entre 2023 y 2026 se realizaron nuevas mesas de concertación con habitantes de la región.

Sin embargo, los retrasos continuaron y las divisiones se profundizaron. Campesinos y pequeños mineros han denunciado que algunas actuaciones podrían constituir una “delimitación exprés”, mientras organizaciones ambientalistas insisten en que la decisión no puede seguir aplazándose.

Nueve años después del fallo de la Corte Constitucional, la principal orden judicial sigue sin cumplirse plenamente.

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