Denuncian “mordaza” en junta directiva de la Imprenta Nacional en medio de estructuración del acuerdo para pasaportes

Este martes será un día clave para el futuro de la elaboración y expedición de pasaportes. Con miras al 1° de septiembre, –cuando concluye el contrato firmado entre el Gobierno y una unión temporal en la que tiene participación la célebre firma Thomas Greg & Sons–, la Cancillería y la Imprenta Nacional podrían firmar hoy un acuerdo para avanzar en la estructuración del modelo para que sea el Estado y ya no un tercero quien asuma la prestación del servicio. Sin embargo, se siguen denunciando irregularidades.

Una muestra de ello fue un acuerdo de confidencialidad que la Imprenta le habría impuesto a los miembros de su junta directiva para “mantener estricta confidencialidad de toda la información y documentos a los que tenga acceso durante el desarrollo del contrato”. El acuerdo implica no revelar datos, informes, proyectos o estrategias comerciales.

El documento, de cuatro páginas y revelado por la Revista Semana, establece cláusulas para la junta directiva de la Imprenta, entre ellas, estar sometido a la realización de “auditorías espontáneas” de sus medios electrónicos o que se deba tramitar una autorización expresa de la Gerencia para discutir los asuntos relacionados con el contrato.

Además, se establece que las eventuales sanciones en caso de incumplimiento del documento serán discrecionales de la gerente general de la Imprenta, Viviana León Herrera.

“Nos pueden revisar los computadores cuando quieran, nos pueden sacar de la junta directiva como sea, incluso violando el debido proceso. Todo eso se sale de la realidad legal. También nos prohíben denunciar irregularidades sin el permiso de la gerente (...) nos quieren poner una mordaza”, aseguraron desde la junta directiva a la revista.

Al parecer, previo a una reunión que se realizaría este lunes, la Gerencia de la Imprenta habría presionado a los miembros de la junta directiva para firmar el documento, lo que causó no solo sorpresa, sino molestia frente al hermetismo alrededor de un asunto de interés nacional. Por ello, el encuentro tuvo que ser cancelado, teniendo en cuenta que hubo varios integrantes de la junta que se abstuvieron de firma el documento.

Durante el encuentro, que se desarrollaría este martes, se tiene previsto discutir temas como el acuerdo entre la propia Imprenta y la Cancillería, sumado a la gestión de las vigencias futuras que se requieren para viabilizar la contratación del servicio.

“Con sorpresa, nos dimos cuenta de que enviaron un acuerdo de confidencialidad que debía firmarse y, hasta el momento, algunos de los miembros de la junta directiva no hemos recibido la información y tampoco vamos a firmar ese documento”, agregaron miembros de la junta.

Si bien el viceministro del Interior, Jaime Berdugo, es el llamado formalmente a convocar la reunión, al parecer, quien hizo la solicitud fue la subgerente administrativa y financiera de la Imprenta. Este diario contactó al funcionario en búsqueda de explicaciones; sin embargo, no respondió.

Al parecer, el asunto lo estaría manejando directamente, como fue la directriz del presidente Gustavo Petro, el nuevo jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, quien tampoco respondió a los llamados de este diario.

El próximo 1 de septiembre –en mes y medio–, concluye el contrato entre el Gobierno y una unión temporal –en la que tiene participación la célebre firma Thomas Greg & Sons–, que permitió darle continuidad a la fabricación de los documentos en 2024.

Si bien la saliente ministra Laura Sarabia trabajó en un acuerdo para extender por 11 meses más el contrato con Thomas Greg, el presidente Gustavo Petro le encomendó a su nuevo jefe de despacho, Alfredo Saade, avanzar en la estructuración de un convenio con el Gobierno de Portugal para que, de la mano de la Imprenta Nacional, sea el Estado el que paulatinamente asuma la elaboración de los documentos. No obstante, Sarabia calcula que el proceso demanda al menos nueve meses, aunque Saade confía en que el proceso se pueda desarrollar antes.

Según conoció EL COLOMBIANO con altas fuentes de la Cancillería, una preocupación ronda por los pasillos del Gobierno: ya comenzaría a escasear el famoso stock (inventario) de las libretas, chips biométricos, hojas y otros elementos necesarios para fabricar un pasaporte con los estándares exigidos internacionalmente.

Hasta la semana pasada, cuando renunció Laura Sarabia como canciller, ya había solo 300.000 libretas y en menos de cuatro días se utilizaron aproximadamente 20.000. Desde este lunes hasta cuando termina el contrato con TGAS, habría una reserva de 280.000 pasaportes.

En promedio, según las fuentes, se están expidiendo 13.000 pasaportes al día y por eso el aumento en las filas en algunas sedes en Bogotá; el promedio diario era mucho menor antes del inicio de la crisis hace algunas semanas, entre 4.000 y 5.000.

En cálculos de varios funcionarios, el material que queda daría para garantizar el servicio durante 21 días hábiles, es decir, mediados de agosto. Las alertas están encendidas y en el alto Gobierno están buscando todo tipo de soluciones; algunas, motivadas por el polémico Alfredo Saade, no tendrían evidencia en la realidad.