Amnistía e indulto son los puntos álgidos en la JEP

Si hay un asunto en la Justicia Especial para la Paz (JEP) sobre el que se ciñen zonas grises y se despiertan dudas, es el de la amnistía e indulto a los exguerrilleros de las Farc.

En el proyecto de Ley estatutaria presentado por el Gobierno quedó registrado que la amnistía será lo más amplia posible “a los rebeldes que pertenezcan a organizaciones que hayan suscrito un acuerdo final de paz, así como a aquellos que hayan sido acusadas o condenadas por delitos políticos o conexos mediante providencias proferidas por la justicia”.

Más allá de la norma, los temas que han levantado una polvareda se relacionan con la poca participación de las víctimas en los trámites que determinarían la amnistía, el indulto y los tratamientos penales especiales y diferenciales al afectar su derecho a la reparación y a la justicia, así como lo que es o no amnistiable e indultable bajo la lupa de lo que es considerado delito de lesa humanidad.

Apuntando a lo anterior, el presidente Juan Manuel Santos dejó en claro su posición al afirmar que la JEP busca un equilibrio entre la paz y la justicia evitando inclinar la balanza a uno de los lados, aunque se deben tener algunos sacrificios en pro de esa paz.

“Muchas víctimas quisieran más justicia, más castigo para aquellos responsables pero ahí viene la gran discusión de hasta dónde podemos llegar sin vulnerar la paz. Son ese tipo de discusiones que por fortuna logramos llevar a unos acuerdos que estamos poniendo en marcha”, dijo.

Preocupa la impunidad

Los procesos de paz adelantados en Colombia con los grupos paramilitares, y ahora con las Farc, tuvieron como base dos asuntos fundamentales para las víctimas: conocer la verdad y qué tipo justicia aplicarle a los perpetradores de violencias o acciones en el marco del conflicto armado.

Bajo esa premisa, para Soraya Gutiérrez, vocera del Movimiento de Crímenes de Estado, el trato preferencial para los integrantes de la Fuerza Pública llevaría a desconocer la función de garante con la sociedad, y en ese sentido, tener una sanción proporcional al incumplimiento con ese deber protector de la ciudadanía.

“Es necesario demostrar que los hechos guardan relación con el conflicto. En Colombia se ha desarrollado una violencia sociopolítica contra defensores de derechos humanos, no originada con el conflicto armado, sino violencia que se ha usado para desterrar la reivindicación social”.

Esta visión es para la delegada de la Defensoría del Pueblo, Paula Robledo, es aceptable, razón por la cual solicitó a la Corte Constitucional tumbar el articulado que elimina los antecedentes penales de la Fuerza Pública beneficiados con amnistías e indultos, por “violar los derechos de las víctimas a la verdad”.

Desde el lado de las víctimas de la guerrilla, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, insistió nuevamente en que la seguridad jurídica que se le está brindando a las Farc ha faltado a la rigurosidad, y además, la suspensión de los procesos para que no se investiguen hasta que entre en vigencia la JEP “se va a convertir en un problema superlativo”, señaló.

Sí se garantizan derechos

Conocidas las inquietudes, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, solicitó la aprobación de la ley a la Corte porque si se garantizan los derechos de las personas afectadas por el conflicto armado.

“Me parece que no hay lugar a pensar que se infrinjan los derechos de las víctimas por la conservación de los beneficios de la ley, toda vez que son susceptibles de perderse si no se cumplen con los requisitos del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación”.

La misma posición dejó por sentada el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para quien la ley “consagra unos tratamientos especiales para quienes cometieron delitos por causa del conflicto y están condicionados a la contribución efectiva de los derechos de las víctimas”.

El paso a seguir para la JEP son los cuatro debates en los que se incluirán, o no, las modificaciones y solicitudes hechas ayer. Con los argumentos recogidos, en octubre darán su veredicto sobre si la ley de Amnistía aprobada por el Congreso es o no exequible.