Ascensos polémicos por falsos positivos
Human Rights Watch denunció que altos mandos militares son investigados por delitos de lesa humanidad.
Amo el periodismo, y más si se hace a pie. Me encantan los perros, y me dejo envolver por una buena historia. Egresado de la Universidad de Antioquia.
La denuncia de altos mandos de la Fuerza Pública colombiana vinculados en investigaciones por ejecuciones extrajudiciales, es un hecho de vieja data que ha hecho público la Ong Human Rights Watch (HRW) en varias ocasiones y que ayer, una vez más, incluyó a generales como Nicacio Martínez, comandante actual del Ejército Nacional.
En esta ocasión, José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW), director para las Américas de HRW, presentó un informe en el que señala que esta entidad tiene un documento con el cual se comprobaría que el entonces coronel (Nicacio Martínez), segundo comandante de la Décima Brigada entre octubre de 2004 y enero de 2006, habría firmado una orden para el pago de una recompensa (de un millón de pesos) a un informante que entregó datos y permitió resultados en esa unidad militar contra las Farc y el Eln.
“En una de estas, los soldados reportaron que ‘dieron de baja a un sujeto NN sexo femenino y un sujeto NN sexo masculino, al parecer pertenecientes al Frente 59’ de las Farc. Sin embargo, los tribunales han concluido que las personas asesinadas fueron Hermes Enrique Carrillo Arias, un civil que pertenecía a una comunidad indígena, y Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años”, expresaron desde HRW.
Ante estas acusaciones, el general Nicacio Martínez se defendió y aseveró que Dios y sus subalternos saben cómo ha actuado en el marco de la ley para el bienestar de la ciudadanía, “porque al árbol que da frutos es al que le tiran piedras. Confiamos plenamente en las autoridades y justicia colombianas y al día de hoy, no he tenido ningún llamado de ninguna actividad”.
Posiciones encontradas
La acusación contra el general Martínez no es la única ni la más reciente (ver implicados).
Uno de los casos más sonados ha sido el del general (r) de la Policía, Mauricio Santoyo, quien fue jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe, y fue ascendido en medio de la polémica por ayudar a los grupos paramilitares y colaborar con la oficina de Envigado. Santoyo fue extraditado a EE. UU. y condenado a 13 años de cárcel.
A este caso se suma el del general Juan Pablo Rodríguez Barragán (comandante de las Fuerzas Militares en el gobierno de Juan Manuel Santos), quien fue investigado penalmente por casos de falsos positivos y ejerció como comandante de las Fuerzas Militares entre 2014 y 2017.
Al respecto, Vivanco expresó a EL COLOMBIANO que ha denunciado los crímenes de forma constante “e impulsado a las autoridades para que avancen en las investigaciones y procesos penales, no solo respecto a soldados de rangos bajos y medios, con los cuales se han logrado buenos avances, si no, sobre todo, con los altos mandos que han logrado permanecer en la plena impunidad”.
La lectura de Vivanco frente a los pocos altos mandos responsables llevados a los estrados judiciales por estos delitos, es que falta voluntad política, porque como él mismo asevera, la Fiscalía ha realizado investigaciones, ha recolectado pruebas y ha elaborado análisis juiciosos sobre estos graves crímenes, “sin embargo, sin voluntad y decisión política de avanzar contra los altos mandos, nunca habrá una justicia genuina y plena para las víctimas”.
Advirtió también que desde Estados Unidos, hay senadores que están pendientes de este tipo de informes generados por Human Rights Watch, entre otros motivos, según Vivanco, “porque la falta de avances en el esclarecimiento de estos casos podría llevar a que Estados Unidos interrumpa una parte de su asistencia militar a las Fuerzas Militares de Colombia”.
En contravía, para el general (r) Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas (Acore), lo que se viene gestando desde hace muchos años es un desprestigio creado desde la extrema izquierda para con altos mandos militares y agregó que, mientras no se compruebe la responsabilidad, no se puede impedir que los militares ejerzan el cargo que el mando que el Gobierno nacional determine.
“Hay intereses oscuros de ciertos sectores de la extrema izquierda nacional e internacional, especialmente del señor Vivanco de HRW que cada vez que hay designaciones, comienza a escudriñar para poner en tela de juicio y crear situaciones incómodas poniendo en la picota pública hombres responsables”, aseveró Ruiz Barrera.
El general (r) enfatizó en que se debe respetar el buen nombre y los derechos de las personas “y sobre todo la presunción de inocencia. El solo hecho de que se le acuse, que es un procedimiento, es un factor definitivo, y eso es parte de la legalidad y de los derechos humanos”.
¿Deberían nombrarlos?
Las comisiones segundas de Cámara y Senado son las que aprueban los ascensos de los militares y policías y las promociones a cargos de alto rango como lo son los comandantes de las unidades. Conociendo los antecedentes de los candidatos la pregunta que surge es: ¿por qué son nombrados si hay manto de dudas sobre ellos?
El senador Iván Cepeda, integrante de esa comisión, precisó a EL COLOMBIANO que él, en más de 9 años que lleva en estas comisiones, ha insistido en cambiar el actual sistema de aprobación de ascensos para evitar que se presenten casos como los denunciados ayer por HRW.
“En esta oportunidad hicimos claridad en que no íbamos a votar los ascensos por esa circunstancia, y no los votamos los miembros de la oposición ni en la Cámara ni en el Senado”, dijo Cepeda.
El congresista agregó que, por lo general, las bancadas del gobierno son las que reciben las hojas de vida de los militares y se convierten en ponentes, pese a las advertencias de los senadores sobre los inconvenientes de los aspirantes. “Eso es un saludo a la bandera porque no se presta atención a esas advertencias. Nadie pide que se viole el principio de la su presunción de inocencia, pero lo que no se puede admitir es que oficiales que estén en ese proceso sean ascendidos”, concluyó Cepeda.
EL COLOMBIANO llamó a los senadores Paola Holguín y Ernesto Macías del Centro Democrático, quienes hacen parte de la comisión que aprueba los ascensos para preguntar por las denuncias de HRW, pero no respondieron al llamado .