Se recrudeció el conflicto en el país
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presentó informe. Minas y desplazamiento, las preocupaciones.
Amo el periodismo, y más si se hace a pie. Me encantan los perros, y me dejo envolver por una buena historia. Egresado de la Universidad de Antioquia.
Las acciones violentas de los grupos armados llevaron en 2019 al recrudecimiento del conflicto armado y, en esa misma vía, las afectaciones a la población civil, desencadenando el deterioro de la situación humanitaria en el territorio colombiano.
Así lo registró el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, en su informe “Vivir sin Miedo, una deuda pendiente para Colombia”, en el que resalta el incremento de víctimas de minas antipersonal, la continuidad del desplazamiento forzado, el confinamiento de comunidades, la desaparición forzada y otras infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH (ver gráfico).
“La población civil sigue sufriendo las peores consecuencias del conflicto y la violencia armada. Hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, las víctimas guardan silencio sobre esta situación por temor a represalias”, expresó Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del CICR en Colombia.
Harnisch precisó que el equipo humano del CICR documentó el año pasado en terreno 987 infracciones al DIH y otras afectaciones a la población civil como amenazas, homicidios, violencia sexual y reclutamiento infantil; agresiones reportadas también por la Defensoría del Pueblo y además, consignadas en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, presentado hace una semana, el cual generó enfrentamientos entre el Gobierno de Iván Duque y la ONU.
“El panorama que vemos hoy es más complejo que el del año pasado. Los grupos armados están más fragmentados y el conflicto tiene nuevas dinámicas que se expresan de manera distinta en cada territorio”, precisó Harnisch.
¿Por qué sigue pasando?
La desmovilización de las Farc después de la firma del Acuerdo y su salida de los territorios, dejó un espacio vacío que otros grupos ilegales aprovecharon para fortalecer su economía y bajo esa premisa, su accionar militar.
Fue así como el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas también Clan del Golfo, entraron en las disputas de esas áreas usadas para el tráfico de estupefacientes, el ingreso de armas y el control territorial.
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, expresó que, en sus recorridos por el país, en especial en departamentos como Chocó o los de la Costa Pacífica, encontró una guerra muy fuerte “entre las Agc y el Eln donde están buscando un control territorial por el negocio del narcotráfico, pero aunado eso, está el reclutamiento que aumentó en cifras escandalosas”.
Sobre este último hecho violento, la Fundación Ideas para la Paz, FIP, reseñó que entre enero y septiembre de 2019 hubo un aumento del 41.6% de reclutamiento de niños en hechos que se presentaron en Bolívar, Córdoba, Antioquia, Chocó, Casanare, Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo.
Ante este panorama, el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, deduce que la confrontación ahora se hace más intensa por la disputa de un territorio que conlleva las ganancias de las economías ilegales. “Las extorsiones, el narcotráfico, la minería ilegal les representan jugosas ganancias que no van a dejar y que necesitan para solventar la guerra”, dijo.
Informe sobre líderes
A la par de la entrega del informe del CICR, en Ginebra, Suiza, Michael Forst, relator especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, presentaba sus apreciaciones sobre la situación que viven en Colombia los líderes sociales.
“Colombia es el país con el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad, pese a avances en esta materia”, expresó Forst, quien visitó Colombia en diciembre de 2018 y señaló que el gobierno colombiano no le permitió ingresar de nuevo al país.
Nuevamente, este documento de la ONU generó un rechazo del Gobierno colombiano que a través de su canciller, Claudia Blum, indicó en Ginebra que no refleja objetividad e integridad.
Blum aseveró que “la supuesta criminalización estatal de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, es una acusación inadmisible que desconoce nuestras garantías y ordenamientos constitucionales y legales en procesos administrativos y judiciales”.