Disidencias de Farc impiden desminar algunos territorios
Amo el periodismo, y más si se hace a pie. Me encantan los perros, y me dejo envolver por una buena historia. Egresado de la Universidad de Antioquia.
El desminado humanitario que se viene adelantando en algunos territorios del país encontró un nuevo obstáculo para el retiro de estos artefactos explosivos: las disidencias de las Farc impiden que los operadores limpien las zonas afectadas por las minas antipersonal.
Así lo registró el último informe de la oficina del Secretario General a la Misión de Apoyo al proceso de Paz en Colombia de la Mapp-Oea, presentado en la tarde de este miércoles, en el que, además, se resalta que los grupos armados ilegales continuaron con el uso indiscriminado de esta práctica proscrita por el Derecho Internacional Humanitario, DIH. Los hechos reseñados ocurrieron entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2020.
“En la zona del Naya, municipio de Buenos Aires, Cauca, estos grupos armados impidieron que la empresa Halo Trust continuara la tarea de desminado, por medio de amenazas directas, sustituyendo la autorización dada por las autoridades indígenas. Así mismo, en el departamento de Caquetá se registró el retiro definitivo de dos operadores de desminado humanitario, que desarrollaban labores en los municipios de Milán y San Vicente del Caguán, debido a las reiteradas amenazas de estos grupos disidentes”, dice el informe.
Sumado a esto, el documento indica que en Antioquia, Nariño, Norte de Santander y Chocó, se percibe el incremento de la siembra de estos artefactos como una forma de defensa ante los otros grupos armados ilegales o las operaciones de la Fuerza Pública y, en Antioquia, Cauca y Putumayo, como un sistema de defensa para la erradicación de cultivos de uso ilícito.
“En el caso de territorios colectivos pertenecientes a comunidades indígenas, estas prácticas restringen su movilidad y el ejercicio de sus usos y costumbres, siendo Antioquia uno de los departamentos más afectados”, destaca el informe.
El documento, entregado por el secretario Roberto Menéndez al Gobierno colombiano, invita al presidente Iván Duque, y a su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, a cumplir con la implementación de lo acordado con las Farc en la mesa de negociación en Cuba. “ Colombia ha emprendido un proceso sostenido hacia la paz completa que, como se expone en el informe que se ha distribuido, tiene varios y complejos desafíos por delante. Es importante seguir este camino y afianzar la implementación de todos los acuerdos y compromisos celebrados entre el Estado y los grupos armados ilegales. La secretaria general alienta a continuar buscando vías de acuerdo entre el Estado y el Eln”, expresó Menéndez.
Pese a este panorama, la Mapp-Oea destacó los esfuerzos hechos por el Estado colombiano para descontaminar los territorios en los que hay instalados estos explosivos. El pasado 9 de diciembre, el presidente Iván Duque entregó 25 nuevos municipios libres de sospechas de minas antipersonal, con los que se completan 432 localidades supuestamente descontaminadas.
Además, el pasado mes de noviembre, Colombia solicitó una prórroga por cinco años más a la convención de Ottawa para continuar con las labores de desminado humanitario.