Los daños del Eln los ha llorado hasta el ecosistema

Si algún día el Eln pacta la paz con el Gobierno, las generaciones futuras recordarán sus actos no solo por las tumbas de sus víctimas, sino por las incurables heridas que dejaron en el ecosistema.

De acuerdo con la Fiscalía, los 1.317 atentados perpetrados por ese grupo contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas entre 1986 y 2014 (en promedio uno semanal), “se constituyen en la mayor catástrofe ambiental producida por derrame de petróleo en el mundo”: 151 millones de galones vertidos contaminaron 42 hábitats, algunos de los cuales no se han recuperado totalmente.

Las pérdidas financieras rondan los 42.000 millones de dólares y el oleoducto dejó de funcionar 3.701 días, equivalentes a una década.

Esta enorme deuda con el Estado será una de las tantas que el Ejército de Liberación Nacional querrá saldar en las negociaciones que pretende iniciar con la delegación gubernamental este semestre.

EL COLOMBIANO consultó con autoridades judiciales cuáles son las investigaciones penales y sentencias contra la facción, que según datos policiales cuenta con 1.300 combatientes y presencia activa en 92 municipios.

En octubre pasado, el fiscal general, Eduardo Montealegre, presentó en Washington, ante el prestigioso Diálogo Interamericano (centro de pensamiento), los resultados parciales de una macroinvestigación contra el Eln. En dicho estudio participaron la Dirección de Análisis y Contexto (Dinac) y la firma Springer Consulting, concluyendo que hay 15.741 expedientes abiertos contra esos insurgentes.

Allí se incluyen 5.391 homicidios, 4.894 secuestros, 2.989 desplazamientos forzados, 1.450 infracciones al DIH, 930 reclutamientos ilícitos y 87 casos de violencia de género, desde que esa guerrilla fue fundada en 1964.

No obstante, la recopilación de los datos es tan reciente, que cuando este diario consultó sobre las condenas y órdenes de captura en contra de los integrantes del Comando Central (Coce), la junta directiva de esa organización, el ente acusador respondió por escrito, a través de un vocero: “la Dinac acaba de iniciar la elaboración del contexto del Eln, algo que inexplicablemente no había en la Fiscalía y tampoco estaba documentado. Como se trata de un trabajo que apenas se empezó a elaborar, en estos momentos no contamos con la información que están solicitando”.

Las condenas del Coce

En enero de 2015 se realizó en las montañas de Colombia (o de Venezuela, donde los cabecillas se ocultan), el quinto congreso nacional del Eln. Allí fueron ratificados los cinco integrantes del Coce: Nicolás Rodríguez Bautista (alias “Gabino”), Israel Ramírez Pineda (“Pablo Beltrán”), Rafael Sierra Granados (“Ramiro Vargas”), Eliécer Chamorro Acosta (“Antonio García”) y el más nuevo del clan y único pedido en extradición por E.U., Carlos Marín Guarín (“Pablito”).

En la jerarquía subversiva, debajo del Coce están dos órganos decisorios y consultivos: la Dirección Nacional y el Estado Mayor Nacional; les siguen siete Frentes de Guerra, cada uno dividido en frentes, compañías y escuadras, con su respectivo comandante.

Sus principales áreas de influencia son Arauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Chocó y Antioquia.

En los archivos judiciales aparecen tres condenas vigentes contra el Coce. La primera es de 9.7 años de cárcel por reclutamiento ilícito de menor de edad, proferida el mes pasado por el Juzgado Penal de Istmina (Chocó). La víctima es una adolescente reclutada con engaños en 2006, en Bagadó.

La segunda, de 30 años por homicidio y tortura, dictada en 2010 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión Adjunto de Valledupar. Los hechos sucedieron en 2001 en Cesar, donde un civil y un soldado fueron raptados; el militar, Ariel Rengifo Gómez, fue asesinado y su cadáver abandonado en un paraje de Caño Seco (04/3/01).

La tercera sentencia conocida, de 40 años, es por homicidio simple, lesiones personales, rebelión y terrorismo. La ratificó la Corte Suprema de Justicia en 2007 (proceso N°23825) y es conocida en el mundo como la masacre de Machuca.

Ocurrió el 18/10/98 en ese corregimiento de Segovia, Antioquia, donde los delincuentes destruyeron un tramo del oleoducto Cusiana-Coveñas. El combustible encendido bajó las laderas hacia la población, matando a 84 personas.

Actos de guerra y estrategia

Para relatar cada una de las atrocidades del Eln se necesitarían miles de periódicos, pero hay algunos episodios cuya vileza el país no olvidará; aunque, de darse el proceso de paz, posiblemente habría que perdonarlos.

Uno es el secuestro del avión Fokker de Avianca (12/4/99), cuando hacía la ruta Bucaramanga-Bogotá. Un comando “eleno” lo hizo descender en una pista clandestina cercana a Simití (Bolívar), secuestrando a 43 pasajeros, de los cuales 35 estuvieron más de un año en cautiverio y uno murió sin alcanzar la libertad, Gustavo González. El Estado fue condenado por el hecho.

Otro incidente fue el secuestro de 285 personas en la iglesia La María, de Cali (30/5/99), en el que murió un civil y dos insurgentes en el tiroteo con la Fuerza Pública. “Gabino” y dos lugartenientes fueron condenados a 38 años.

Los crímenes más recientes del Eln, que provocaron el rechazo nacional, son el asesinato de 11 militares y un policía en Güicán (Boyacá), cuando transportaban 130 votos de la última jornada electoral, el anterior 26 de octubre; y el rapto temporal de 15 pescadores en Morales (Bolívar), el 15 de enero.

Un alto oficial de la Policía, quien solicita reserva de identidad porque el Gobierno está en acercamientos con esa guerrilla, cuenta que como estrategia de guerra, el Eln acostumbra a hacer ataques en conjunto con otras facciones rebeldes, como las Farc y en el pasado el Epl y Erg.

Sin embargo, Inteligencia detectó una dinámica nueva, en la que los “elenos” buscan copar los territorios que dejarían las Farc al culminar la negociación de La Habana.

Prueba de ello, relató el oficial, fue la captura en noviembre de Antonio José Ovallos, alias “Nay”, cabecilla del Estado Mayor del Frente Comuneros del Sur.

El informe del arresto señala que “sería el encargado por el Coce para ocupar áreas en las que delinquían las Farc en el sur del país”, en especial en Nariño, Valle, Cauca y Putumayo.

“El guerrillero habría viajado a Norte de Santander para reunirse con integrantes del Comando Central, y recibió instrucciones de copar zonas en las que supuestamente las Farc se han replegado”, precisa el documento.

Otra dinámica que preocupa a las autoridades es la creciente participación del grupo en el tráfico transnacional de narcóticos, sobre todo en las rutas que salen desde el Catatumbo y Arauca hacia Venezuela.

El CTI, la Policía y el Ejército le han destruido laboratorios de cocaína en Cauca, Nariño y Norte de Santander.

¿Qué hará la justicia?

El Eln ha informado que está ad portas de iniciar la fase de negociaciones públicas con el Gobierno, las cuales comenzarían este semestre apenas se definan aspectos logísticos.

En tal proceso se acordará el tratamiento judicial que se le dará a los 15.741 expedientes vigentes y a otros hechos que hasta ahora no han sido denunciados.

El fiscal Montealegre declaró en Washington, ante delegados de la Corte Interamericana de DD.HH., que “ahora nuestra meta es adaptar las investigaciones de la Fiscalía a lo que sería el nuevo modelo de justicia transicional”.

En el caso de las Farc, el acuerdo sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) definió algunos parámetros, como: no habrá cárcel, sino restricción de movilidad, para quienes contribuyan desde el principio con la verdad; potestad a unos nuevos Tribunales de Paz para anular sentencias anteriores; condenas sin inhabilidad política; y amnistías e indultos para ciertos delitos.

“Al Eln no le pueden ofrecer menos de eso, el beneficio debe ser igual o mejor”, opina el abogado Jaime Jaramillo Panesso, exmiembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Para él, lo que ya acordó el Gobierno en La Habana es sin duda un punto de partida para negociar con el Eln, y en ello coincide con el exmagistrado Jaime Arrubla (ver el Análisis).

“No creo que los ‘elenos’ pidan algo distinto en materia de justicia ni que el Estado se los conceda, porque tienen muchos menos militantes y menor capacidad de fuego que las Farc. No podrían pedir más, por su debilidad relativa”, sugiere Jaramillo.

A su juicio, las diferencias en las conversaciones con la estructura comandada por “Gabino” estarán en algunos puntos de la agenda distintos a la justicia, como el tema de los hidrocarburos en poder de multinacionales.

También podrían proponer una asamblea o convención nacional, en la que los líderes de los distintos gremios se congreguen para opinar y decidir sobre asuntos del posconflicto.

Mientras todo esto adquiere forma, seguirá la zozobra de las comunidades vecinas a los oleoductos, pendientes de un nuevo estallido y otro desastre ambiental.