Por combates se desplazan más de tres mil personas en el Chocó
En una comunidad de Riosucio, Chocó, los “paras” están acantonados en la zona y ponen en riesgo su población.
Amo el periodismo, y más si se hace a pie. Me encantan los perros, y me dejo envolver por una buena historia. Egresado de la Universidad de Antioquia.
La disputa por el territorio y las rentas ilícitas de los grupos armados ilegales generó en menos de un mes un nuevo desplazamiento masivo de comunidades indígenas y afro: 3.058 personas —725 familias— abandonaron su territorio por combates entre el Eln y la Fuerza Pública.
La denuncia, realizada por la Defensoría del Pueblo, también registra el confinamiento de 1.133 personas que conforman 216 familias. Según la entidad, ambos fenómenos de violencia se registraron en el Litoral de San Juan, Chocó.
Mauricio Redondo, delegado para la población desplazada de la Defensoría del Pueblo, cuenta que la problemática no solo se centra en el desplazamiento y el confinamiento, las afectaciones incluyen restricción a la movilidad, razón por la que estas comunidades no pueden realizar rutinas como recolectar, cazar o pescar.
“Hay afectaciones también en la salud en temas como los sicosocial que han impactado a niños y mayores de edad de comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes”, expresa Redondo.
El líder comunitario del municipio chocoano y exalcalde del Litoral San Juan, Oscar Rosero, asevera que la situación se ha tornado tan complicada en la localidad que algunos de los desplazados se trasladaron a Buenaventura y otros siguen confinados en lo más adentro del río San Juan Alto.
Amenazas en otras zonas
Las afectaciones en las 16 veredas comenzaron desde hace dos meses. La problemática se agravó por la presencia de grupos armados ilegales en un corrredor de movilidad que une a la parte baja y media del Chocó con el litoral.
Pero no solo esta zona se ha visto afectada por la acción de los grupos armados. En el municipio de Riosucio, en territorio del resguardo indígena Salaquí-Truandó, los integrantes de grupos paramilitares —como llaman en la zona a integrantes de bandas criminales—, se enfrentaron a las 10:00 a.m. de ayer con guerrilleros en el territorio Embera-Katío, frente al cementerio.
El senador Luis Andrade hizo la denuncia y le explicó a EL COLOMBIANO que los paramilitares ingresaron hasta la población y la ultrajaron.
“Alrededor de 800 integrantes de estos grupos se tomaron la comunidad el día de ayer con tono amenazante, requisando las casas, tomaron cosas como los computadores, y amenazaron a las personas porque las acusan de que tenían información de la guerrilla y no se la habían hecho saber”, explica el congresista.
La información entregada por el senador Andrade fue confirmada a este diario por el secretario de Gobierno de Riosucio, José Ángel Palomeque. El funcionario cuenta que los habitantes de la comunidad Villanueva-Tamboral les confirmaron que los integrantes de los grupos paramilitares sí ultrajaron a las comunidades.
“Se coordinó con la Defensoría para viajar hasta la zona a verificar, porque el Ejército nos informó que sostuvieron combates por 30 minutos”, dice Palomeque.
La Defensoría lanzó una alerta temprana por la violación de los derechos humanos a estas comunidades, y le solicitó al Gobierno acciones para proteger a la población civil.