Por casos de falsos positivos, Tribunal pide investigar a peritos forenses

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la Sala de Justicia y Paz, en un auto emitido en abril pasado, requirió a la Fiscalía General de la Nación para documentar quiénes fueron los funcionarios a cargo de la inspección técnica de los cadáveres y los médicos forenses que realizaron las necropsias de tres jóvenes asesinados bajo la práctica de los llamados falsos positivos, en hechos ocurridos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2002, en el departamento Nariño, y en el que tuvieron responsabilidad exparamilitares del Bloque Central Bolívar en colaboración con miembros del Ejército, según indica la sentencia. Esta también establece que los jóvenes, una mujer menor de edad (17 años) y dos hombres, fueron presentados como integrantes de las Autodefensas que murieron en un combate contra el Batallón Boyacá.

Las investigaciones y las versiones de los postulados en Justicia y Paz indicaron que, antes de los asesinatos, ella fue señalada de tener una relación con un comandante guerrillero y a ellos los engañaron con una promesa de empleo. Aunque uno de los cuerpos fue recuperado al otro día por la familia, se lee en el fallo, los otros dos tardaron más de 10 años en ser entregados a sus seres queridos.

Con la decisión tomada en abril pasado, la Sala pretende que se remita a un grupo especial para la investigación de estos crímenes la información que halle la Fiscalía sobre los funcionarios y peritos encargados de las inspecciones judiciales y las necropsias, con el fin de emprender investigaciones que permitan establecer si hubo acciones u omisiones que habrían contribuido a ocultar la verdad o, incluso, a que dos de las familias vivieran al menos una década de incertidumbre por el paradero de las víctimas.

Analizar en contexto

En el fallo, la Sala estableció que la unidad de Policía Judicial, que hizo la inspección técnica de los cadáveres, y el médico forense a cargo de la necropsia, convalidaron la muerte de los tres jóvenes “como ocurrida en combate, cuando lo cierto era que la evidencia implantada hacía muy cuestionable que se tratara de un escenario de tal naturaleza”. Así, el requerimiento del Tribunal a la Fiscalía pone sobre la mesa el rol que han jugado los peritos en los casos de ejecuciones extrajudiciales.

Para los expertos consultados por EL COLOMBIANO, es importante no generalizar y examinar muy bien cada caso y el contexto en el que se desarrolló, pues las circunstancias varían por aspectos como la zona donde ocurre la muerte, la cadena de custodia de la escena del crimen, la recuperación de los cuerpos y el grado de experticia de los encargados de las labores de inspección y necropsia. Todos coinciden en que sí es necesario analizar estos hechos, con el fin de contribuir a la verdad y la justicia y entender cuál es el trato que se les da a los muertos que causa la guerra.

Ginna Camacho, coordinadora del área técnico científica de Equitas, organización no gubernamental de servicios forenses independientes, señaló que desde hace varios años están desarrollando una investigación, en la línea de ejecuciones extrajudiciales, en la que han analizado informes militares, de inspección al lugar de los hechos y a cadáveres e informes médico legales de necropsia, balística y complementarios, para determinar si las lesiones encontradas en los cuerpos son compatibles o no con muertes legítimas en combate o con presuntos falsos positivos.

En el estudio, indicó Camacho, encontraron “algunas falencias, principalmente, en datos que no fueron consignados en las actas de inspección al cadáver o en los documentos técnicos reportados por Policía Judicial; o información contradictoria como, por ejemplo, que en ocasiones se relacionaban prendas que no llegaban a la necropsia o en la necropsia se determinaba que las lesiones por proyectil de arma de fuego no hacían trazabilidad con las prendas aportadas”. Producto de esta labor, publicaron en 2015 el informe Muertes en conflicto.

Por ello, la coordinadora considera que la decisión del Tribunal es un paso importante para revisar a profundidad en dónde están las fallas o las contradicciones y establecer si se deben a errores humanos, que pueden suceder en la transcripción de los informes; si se dieron por una limitación de la evidencia forense que no permitió sacar conclusiones sobre el hecho criminal; o si fueron causadas por omisión de información o falta de análisis que sí se podían realizar.

Al respecto, Máximo Alberto Duque, médico forense, exdirector del Instituto de Medicina Legal entre octubre de 2004 y abril de 2007 y actual profesor de la Universidad Militar Nueva Granada, coincidió con Camacho en que para investigar casos como presuntas desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales se debe implementar el Protocolo de Minnesota, creado en los noventa por las Naciones Unidas y actualizado hace poco, así como seguir las normas de desempeño técnico de los peritos, establecidas por Medicina Legal como autoridad en el tema en Colombia.

Asimismo, Duque fue enfático en decir que el médico forense no tiene la competencia de emitir juicios de responsabilidad en los informes, pues su labor debe limitarse a examinar el cuerpo, para establecer las señales y el estado que pueden definir las posibles causas de la muerte. “En el país han ocurrido muchos errores porque creen que los que hacen la autopsia son capaces de decir lo que pasó en la escena sin haber estado en ella”, manifestó el médico, quien añadió que estos errores pueden desembocar en un desvío de la investigación y en condenas injustas a supuestos responsables o, por el contrario, en ocultamiento de la verdad para las víctimas.

Este deber ser se contradiría con casos como el de los tres jóvenes asesinados, pues, de acuerdo con la sentencia, los funcionarios de Policía Judicial y los médicos forenses a cargo de los protocolos de necropsia suscribieron en sus informes “términos como dado de baja en un enfrentamiento con el Ejército o manera de muerte: homicidio en enfrentamiento armado”.

Otras fallas en el proceso

Sin embargo, los analistas afirmaron que, en el país, en términos de la labor pericial en estos casos hay otras fallas. Una de ellas, expresó Duque, es que no existe la capacidad instalada para que estos procedimientos los haga siempre una persona con la experticia necesaria. De hecho, el Instituto Nacional de Medicina Legal informó que de los 1.123 municipios del país, tienen presencia física en 120. Sobre el tema de este artículo la entidad prefirió no referirse.

Además, Duque sostuvo que las inspecciones y necropsias las hacen personas no especializadas para esta labor, como el médico rural o el inspector del pueblo, que, aunque sean profesionales en sus campos y actúen de buena fe, no son especialistas en medicina forense. “La mayoría de las veces en Colombia, sobre todo las zonas más alejadas, esta investigación es muy mal hecha”, agregó.

Tanto Duque como Camacho reiteraron que en los informes periciales debe quedar muy bien documentado cada detalle y aportar pruebas fotográficas o fílmicas, así como garantizar una adecuada custodia de la evidencia y el respeto por la escena del crimen antes de ser analizada. En el ideal de estas situaciones hay un principio fundamental: solo hay una primera vez y, desde esa primera vez, los procedimientos deben hacerse de forma correcta, si bien, las partes en un caso como estos pueden solicitar una segunda opinión o revisión ante dudas o sospechas, tal como lo hizo Equitas con algunas víctimas de falsos positivos de Soacha.

Una antropóloga forense consultada, que pidió no revelar su identidad, contó que las causas de las falencias en estos procesos son diversas: desconocimiento del perito, que no sea de la zona, que esté amenazado, que no tenga los elementos necesarios: “Hay lugares donde ni siquiera tienen cómo tomar las huellas, no les hacen la carta dental a los cuerpos o no hay una morgue” o que haya una presunta complicidad con los actores armados. De cualquier forma, para ella, en un país como Colombia se debería capacitar mejor a los profesionales que hay en los municipios, no para determinar responsabilidades, sino para que cumplan una labor más idónea.

Según Camacho, un informe que presentaron conjuntamente la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Yira Castro, Humanidad Vigente y Equitas, en el que se da cuenta de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, podría servir de base a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para estudiar las posibles causas de las falencias en los informes periciales.

Por su parte, la antropóloga concluyó que se debe hacer un llamado a las autoridades y al Ministerio Público para que haya más esfuerzos por garantizar los derechos de las víctimas y las familias, lo que incluye que los muertos sean identificados, entregados a sus familias y sepultados con dignidad