Paz y derechos humanos

La sustitución es el corazón de la paz: defensor del Pueblo

Carlos Alfonso Negret explica que la inversión social sacaría a Colombia del caos actual.

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Amo el periodismo, y más si se hace a pie. Me encantan los perros, y me dejo envolver por una buena historia. Egresado de la Universidad de Antioquia.

03 de diciembre de 2018

Una de las salidas al recrudecimiento del conflicto armado que plantea el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, es la apuesta económica en territorios en los que la presencia del Estado ha sido nula. Educación, oportunidades y empleo son los pilares que la Defensoría considera fundamentales para salir de la espiral de violencia en la que ha estado el país.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Negret explica cómo y porqué grupos ilegales llegaron a territorios y afectan a las comunidades más apartadas.

¿Fue un alivio la salida de las Farc con el Acuerdo?

“No hubo alivio. Unos meses los fue, pero luego volvieron otras estructuras, el Eln en su expansión y grupos residuales de las Farc y disidencias. Aquí tenemos todos los males que se puedan enconar en Colombia porque tenemos el narcotráfico y la minería ilegal manejados por estos grupos”.

¿Está volviendo el país a esos picos de violencia cuando el conflicto armado estaba más recrudecido?

“En el país ha habido 7.800 desplazados hasta octubre y el año pasado hubo 3.900. Esto sucedió porque se ha recrudecido la violencia. Con respecto a los líderes sociales, la Defensoría fue la primera entidad que empezó, desde el 1 de enero de 2016 a decir vamos a empezar a ver porqué los están asesinando. El pico de asesinato de líderes nunca ha bajado, hay que trabajar es para que baje. Colombia no puede tener un homicidio más de un ciudadano”.

¿Por qué se
presenta esta situación?

“Porque hay una guerra entre estos grupos por el territorio. En la misma comunidad reclutan y confinan, lo que es un problema gravísimo porque los niños no pueden ir a estudiar, la gente no puede ir a trabajar; eso se da porque no hay oportunidades para los habitantes y la única economía que domina estas zonas es la hoja de coca y la minería ilegal”.

¿El Gobierno ha respondido a los llamados de la Defensoría para que atienda estas situaciones violentas?

“Le voy a contestar con una anécdota: cuando el presidente Duque estuvo en mi oficina en la última semana de julio de este año le dije: señor presidente las alertas tempranas no le gustan ni a este gobierno ni al que viene. Con esto quiero decir que la Defensoría hace un trabajo muy juicioso para mostrarle al gobierno los escenarios de riesgo, que son las alertas tempranas. Nosotros emitimos recomendaciones y ustedes, el Gobierno, deben tomar acciones, si no las toman, pues ocurren casos delictivos que se hubieran podido evitar. Finalmente lo hacen porque, de otra manera, los eventos delictivos serían más de los que tenemos”.

¿Cuáles son los grupos que más afectan a las comunidades y violan los derechos humanos?

“Todos, porque se dedican a reclutar niños, a confinar a las comunidades, a desplazarlas, y en el siglo XXI no tiene sentido que le sigan haciendo daño a las comunidades rurales que están en medio”.

¿Cuáles son las zonas dónde hay más violaciones a los derechos humanos?

“El andén Pacífico, el departamento del Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, Norte de Santander y el Catatumbo. Esas serían las zonas más difíciles y todas están asociadas a la hoja de coca, y donde hay hoja de coca y minería ilegal es donde ocurren los hechos delictivos y la muerte de líderes sociales”.

¿Hay una solución para
acabar con los cultivos
de uso ilícito en el país?

“La sustitución es el corazón de la paz y la única manera es generar desarrollo económico. Colombia hace parte de la Alianza Pacífica, los puertos en el mundo son un foco de desarrollo y aquí en la zona pacífica no tenemos eso. Tiene que llegar el desarrollo económico, pero este llega si hay seguridad y así las comunidades van a dejar de cultivar la hoja de coca siempre y cuando tengan garantías de compra, de producción y de comercialización de sus productos. Hoy a los campesinos y a los indígenas de estas zonas les compran la hoja de coca en su casa”.

¿Cómo intervenir?

“El estado debe tener presencia institucional para controlar las economías ilegales, y tiene que haber una mejor respuesta de inversión social en estas zonas. Si no llegamos con la Fuerza Pública y la inversión juntas, no va a haber paz, no va haber garantías de seguridad para los líderes y no habrá garantías de producción para nadie. El llamado es a que el Gobierno siga haciendo su mayor esfuerzo”.