Petro dice que volverá la aspersión aérea con glifosato pese a críticas y sentencias de la Corte: todo por las asonadas
Ante el aumento de la violencia contra la fuerza pública en medio de los operativos contra cultivos ilícitos, el mandatario aseguró que la Corte Constitucional debe reconsiderar la sentencia que prohíbe la fumigación con glifosato, a pesar de que el campaña prometió no hacerlo. Esto es lo que pasa.
Comunicadora social con énfasis en Periodismo y Audiovisual de la Javeriana. Ha trabajado para El Tiempo, Portafolio, Directo Bogotá y ahora en EL COLOMBIANO. Apasionada por temas de cultura, género y derechos humanos.
En medio de la crisis de orden público en el Cauca, el presidente Gustavo Petro revivió este lunes 8 de septiembre la posibilidad de reanudar la fumigación aérea de cultivos de coca con glifosato, una medida suspendida desde 2015 por orden judicial y cuestionada por sus efectos en la salud, el ambiente y los derechos de las comunidades étnicas.
“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea”, escribió Petro en su cuenta de X, en alusión a la retención de 45 militares en el municipio de El Tambo (Cauca), quienes fueron liberados tras una asonada de campesinos presionados por las disidencias de las Farc que operan en el cañón del Micay.
El giro en el discurso del mandatario resulta sorpresivo: durante más de tres años se mostró como uno de los principales críticos de esta estrategia antidrogas. De hecho, durante su campaña a la Presidencia aseguró: “En el gobierno del Pacto Histórico no habrá una sola gota de glifosato que se arroje sobre las tierras de nuestra Patria”.
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Además, su nuevo pronunciamiento sobre fumigación aérea llega cinco meses después de que asegurara con vehemencia que en su Gobierno no se usaría el glifosato a pesar de que se destapó un plan firmado y aprobado por el Ministerio de defensa para usar aquel herbicida para la fumigación terrestre.
”Así erradicamos el narcotráfico de Colombia. Con el apoyo voluntario del campesinado sustituyendo los cultivos de hoja de coca. Aquí campesinos de Renacer Catatumbo. Observen que es mejor arrancar la mata de raíz que fumigar. Si se fumiga vuelve a crecer”, dijo en abril de 2025.
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Ahora, sus palabras coinciden con la expectativa de una decisión de la administración de Donald Trump en Washington, que evalúa declarar la “desertificación” de Colombia en materia de lucha contra las drogas.
El pedido de Petro a la Corte Constitucional
El mensaje presidencial choca de frente con lo que ha dicho la Corte Constitucional. En la sentencia T-236 de 2017, el alto tribunal ordenó que ningún programa de erradicación aérea con glifosato podía reanudarse sin realizar consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes directamente afectadas, al advertir riesgos para la salud y el ambiente.
La Corte sostuvo que el herbicida es una sustancia tóxica con potencial cancerígeno y que su aplicación, incluso de manera terrestre, debía someterse al principio de precaución.
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Años después, en la sentencia T-413 de 2021, la Corte reiteró que el Estado no podía reactivar la aspersión sin garantizar la participación ciudadana y la consulta previa. Además, señaló que las audiencias convocadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) durante la pandemia habían excluido a comunidades rurales sin acceso a internet.
Petro no es el primer presidente que intenta darle un revés a esta norma. En enero de 2022, el entonces presidente Iván Duque ya había intentado que la Corte diera un giro frente a ese precedente.
Sin embargo, el alto tribunal le dio la razón a las organizaciones sociales al considerar que el proceso de participación que terminó en la aprobación del Plan de Manejo Ambiental para el retorno de la aspersión con glifosato en Colombia vulneró el derecho a la participación de las comunidades que serían afectadas por esta política, además de desconocer la necesidad de consulta previa con comunidades étnicas.
La decisión, divulgada en la recta final de su gobierno, frustró la promesa de Duque de reanudar la aspersión, pese a las advertencias por los riesgos en salud, ambiente y construcción de paz.
¿Funcionará la petición de Petro de reactivar la fumigación aérea con glifosato?
En cuanto a la petición del presidente Petro, Nelson Rangel Buitrago, Docente de la Universidad del Atlántico en temas ambientales y geológicos, aseguró: “La eliminación de cultivos mediante la aspersión aérea es una medida poco selectiva que genera daños colaterales significativos sobre los ecosistemas y las comunidades locales”.
De hecho, las razones de la Corte para nunca revertir el fallo que prohíbe la aspersión aérea incluyen razones ambientales también mencionadas por el experto.
Su aplicación no se limita a los cultivos ilícitos, sino que contamina suelos y aguas, afectando tanto a cultivos legales como a cuerpos de agua superficiales y acuíferos. Además, provoca daños a la biodiversidad al afectar bosques, pastizales, flora nativa y hábitats críticos, reduciendo la cobertura vegetal y la disponibilidad de alimento para la fauna silvestre.
La eliminación masiva de vegetación también facilita la erosión y la degradación del suelo, con pérdida de nutrientes y disminución de la capacidad de recuperación natural. Por último, las comunidades humanas expuestas enfrentan riesgos para la salud, incluyendo problemas respiratorios, dérmicos y posibles efectos crónicos a largo plazo.
Además, según explicó Rangel, “lo que se sabe sobre la ciencia y política pública muestra que no es un método eficiente ni sostenible. Los cultivos ilícitos suelen replantarse después de la aspersión, a menudo en áreas más remotas, lo que produce un efecto globo”.
Es decir, los costos operativos de la aspersión son muy altos frente a los resultados, que suelen ser más bajos ya que la reducción en hectáreas del cultivo ilícito suele ser temporal.
”La pérdida de cultivos lícitos genera descontento social y fortalece la resistencia de las comunidades, lo que dificulta la gobernanza y el control territorial (esto debido a que las comunidades suelen vivir de eso)”, explicó Rangel y añadió que la aspersión “no elimina de raíz el problema, sino que lo desplaza y, en muchos casos, lo intensifica. Cosa que creo que no se quiere”.
¿Qué está pasando en el Cauca?
El contexto que rodea las declaraciones de Petro es complejo. Según fuentes militares, en la vereda Los Tigres, del municipio de El Tambo, 45 uniformados permanecieron retenidos por más de 600 civiles hasta hace menos de una hora, en medio de las amenazas de la disidencia comandada por “Iván Mordisco”.
La operación Perseo, desplegada por el Ejército, busca retomar el control en el cañón del Micay, una zona históricamente dominada por grupos armados ilegales y sembrada de coca.
“Bombas y acoso civil contra militares no serán respondidos matando civiles, sino liberando los pueblos de las mafias. Liberar el territorio nacional de las mafias es la orden del presidente”, señaló Petro en otro de sus mensajes.
También hizo un llamado a la sustitución voluntaria: “El campesinado del Micay sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica. Es la oportunidad”.