Petro pidió a Trump desclasificar archivos del crimen de Gaitán y el Palacio de Justicia; revelamos un documento del FBI

El presidente Gustavo Petro reveló que durante su encuentro con Donald Trump le solicitó la desclasificación de archivos secretos de inteligencia de Estados Unidos relacionados con dos episodios de la violencia en Colombia: el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948, y la toma y retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Según el mandatario, se trata de hechos que no están vinculados con la coyuntura actual, pero que siguen siendo claves para la memoria histórica del país. Petro, en rueda de prensa, contó que Trump le preguntó directamente si creía que Estados Unidos tenía algún grado de responsabilidad en esos acontecimientos.

El jefe de Estado colombiano respondió que no, pero le insistió en que su interés apunta a conocer qué información reposa en los archivos de inteligencia norteamericanos sobre esos episodios.

“Son hechos que ocurrieron entre nosotros, pero sí queremos saber qué pasa por esos archivos de inteligencia y hacerlos públicos”, relató. Petro agregó que esta solicitud no es nueva.

Según explicó en una entrevista con Caracol Radio, él ya había pedido al entonces presidente Joe Biden la desclasificación de esos documentos, sin obtener respuesta.

Por esa razón, durante la reunión con Trump le entregó las cartas enviadas en su momento a la administración anterior, como constancia de una petición que —hasta ahora— no ha sido atendida por Washington.

El pedido de Gustavo Petro a EE. UU.

En diciembre de 2024, Petro confirmó públicamente que había solicitado al gobierno de Estados Unidos la desclasificación de los archivos secretos relacionados con la toma y retoma del Palacio de Justicia de 1985.

La petición la hizo a través de su cuenta en X, donde escribió: “He pedido desclasificar los archivos secretos de EE. UU. para el año 1985. Espero que EE. UU. ayude a la verdad”. Con ese mensaje, el mandatario puso el tema en la agenda pública y diplomática, al señalar la relevancia de esos documentos para el esclarecimiento histórico del país.

La iniciativa presidencial también estuvo marcada por la presión sostenida de las víctimas y sus familiares. Entre ellas, Helena Urán Bidegain, hija del magistrado Carlos Horacio Urán, quien desde hace años ha promovido la desclasificación de registros del gobierno estadounidense relacionados con los hechos del Palacio de Justicia.

Estas demandas ya eran conocidas en el debate público antes de la solicitud formal de Petro y reforzaron el argumento de que el acceso a archivos extranjeros podría aportar elementos clave para la memoria, la verdad y la responsabilidad histórica.

En 2025, Petro amplió ese pedido en entrevistas y escenarios de diplomacia pública, al incluir no solo los archivos sobre el Palacio de Justicia sino también los relacionados con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, como se lo reiteró a Trump este martes.

El documento de EE.UU. sobre armas sandinistas del M-19 en el Palacio de Justicia

EL COLOMBIANO obtuvo un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos, elaborado con información técnica del FBI, que permitió reconstruir el origen y la ruta internacional de parte del armamento hallado tras la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

El informe fue clave para confirmar que varias de las armas utilizadas por el M-19 no solo provenían del exterior, sino que estaban directamente vinculadas con Nicaragua durante los años del Frente Sandinista.

La verificación estadounidense estableció, a partir del rastreo de números de serie, que al menos dos fusiles Colt M-16A1 recuperados en el Palacio habían sido vendidos por la compañía Colt a la Guardia Nacional de Nicaragua en 1976.

Uno de ellos —serie 9199140— fue despachado el 30 de noviembre de ese año, mientras que otro —serie 9123659— salió el 2 de noviembre de 1976. Un tercer fusil rastreado en el mismo informe, aunque originalmente enviado a la policía de Bangkok en marzo de 1976, aparece vinculado a circuitos de tráfico ilegal de armas que posteriormente alimentaron conflictos armados en América Latina.

La protesta de Colombia a Nicaragua por las armas

Con esos elementos en mano, el 2 de enero de 1986 la Cancillería colombiana envió una nota diplomática formal a Nicaragua, en la que solicitó explicaciones por la presencia de armamento de origen nicaragüense y venezolano en el Palacio de Justicia.

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En ese documento se identificaron dos fusiles FN-FAL de fabricación belga (series 39260 y 39597) que hacían parte de un lote suministrado por Venezuela al Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1979.

También se detalló la recuperación de fusiles Galil con marcas de la EEBI, la unidad élite del régimen de Anastasio Somoza, y de fusiles M-16A1 asociados a la antigua Guardia Nacional nicaragüense.

La nota incluyó además un reclamo político: Colombia cuestionó la realización de una misa en Managua, el 10 de noviembre de 1985, en la que —según el reporte— se exaltó la memoria de los guerrilleros del M-19 muertos en la toma del Palacio, con la presencia del entonces ministro del Interior nicaragüense, Tomás Borge.

Un día después, el 3 de enero de 1986, el Gobierno de Nicaragua respondió negando cualquier tipo de injerencia en los asuntos internos de Colombia. En su réplica, aseguró desconocer el paradero de buena parte del material bélico recibido durante la revolución sandinista y atribuyó la dispersión de esas armas a intermediarios y al tráfico ilegal posterior a la huida de guardias somocistas hacia Honduras.

Sobre la misa cuestionada, sostuvo que la ceremonia estaba dedicada a Henrique Schmidt, un ministro nicaragüense asesinado, y calificó la interpretación colombiana como una tergiversación.

El documento del Ejército que respalda al FBI

En paralelo, un informe de inteligencia militar colombiano, fechado el 9 de diciembre de 1985, reforzó las conclusiones internacionales.

El Comando General de las Fuerzas Militares determinó que al menos seis de las armas incautadas en el destruido Palacio de Justicia, tras la toma guerrillera del M-19 y la retoma militar, procedían directamente de Nicaragua.

El documento consignó que los fusiles FN-FAL aún conservaban el escudo y la leyenda de las Fuerzas Armadas de Venezuela, y que seis fusiles Galil presentaban marcas de unidades élite del régimen somocista. También se reportó el hallazgo de munición calibre 7.62 fabricada en Bulgaria en 1967 y proyectiles 5.56 fabricados en Estados Unidos en 1970, “algunos de ellos posiblemente vinculados a excedentes de la guerra de Vietnam”.

Este conjunto de documentos —estadounidenses, diplomáticos y militares— muestra que la discusión sobre el origen del armamento del M-19 no fue una conjetura política, sino un asunto de verificación internacional que derivó en un pulso diplomático regional.

Su relevancia reaparece hoy, cuando el presidente Gustavo Petro ha pedido la desclasificación de archivos en poder de Estados Unidos sobre el Palacio de Justicia y otros episodios clave de la historia reciente del país.