Polémico contrato de Mintic con Centros Poblados desata dos acciones judiciales
En las últimas 24 horas se registraron dos noticias judiciales que impactan el caso del polémico contrato que el Ministerio de las TIC firmó con la Unión Temporal Centros Poblados y por el cual están en riesgo de perderse 70.000 millones de pesos del erario.
Por un lado, vía tutela, un juez de Puerto Colombia (Atlántico) decidió suspender temporalmente la orden de caducar ese contrato que había impartido el Ministerio hace una semana y, con la cual, también determinó el embargo de 21 cuentas bancarias, 2 inmuebles y 71 vehículos.
Lo que se busca con esa decisión es que Centros Poblados regrese los $70.000 millones que están en riesgo y que se giraron como anticipo de un contrato por $1,07 billones para llevar conectividad a más de 7.000 colegios públicos de 15 departamentos. También se quiere que pague la cláusula de $39.000 millones que se acordó como penalidad.
“Decrétese como medida provisional la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de las decisiones contenidas en las Resoluciones Mintic Nos. 01747 del 19 de julio de 2021 y 02013 del 13 de agosto de 2021, y de todas aquellas que se deriven de las mismas, proferidas por la autoridad accionada en contra de la unión temporal Centros Poblados Colombia 2020, hasta tanto se profiera decisión de fondo dentro del presente trámite”, se lee en el punto 4 de la decisión del juez, fechada del 24 de agosto, la cual ya fue notificada a las partes pertinentes, incluyendo el Ministerio.
Los apoderados de Centros Poblados alegan que se les violó el debido proceso, porque, a su juicio, no se les permitió a sus clientes demostrar que supuestamente no tiene relación con las pólizas falsas que se usaron de fachada para cobrar el anticipo que, según ha trascendido, se movió hacia Delawere, estado de Estados Unidos, que se considera como un paraíso fiscal.
De hecho, este martes la ministra Karen Abudinen informó que el contrato se le cedió a la bogotana ETB, pero la decisión queda frenada por rebote hasta que el juez de Puerto Colombia no se pronuncie de fondo sobre la tutela en cuyo marco decretó la medida cautelar de suspender la caducidad. Para eso, ya le pidió al Ministerio y a Centros Poblados nuevo material de análisis.
Pero el tema no paró en ese despacho judicial de la costa Atlántica. En efecto, este mismo martes, por más de tres horas, funcionarios de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía inspeccionaron los despachos en Bogotá del Ministerio TIC, con el fin de recaudar pruebas en torno al polémico contrato y por el que se tiene un expediente penal abierto.
Durante la diligencia judicial, la tercera de este tipo que se practica, se recogió material documental físico y magnético sobre el contrato 1043 de 2020, génesis de la controversia. Además, se sabe que la Fiscalía ha tomado varios testimonios de personas no aforadas y relacionadas con el caso, y que es cuestión de días para que emita decisiones que impactarán en diversos niveles.
Por ahora, la ministra Abudinen no solo está atenta al desarrollo judicial de estos dos frentes, sino que se alista para responder a un debate de control político al que fue citada en la Cámara este miércoles debido a la polémica por el riesgo de pérdida de los 70.000 millones, y a enfrentar una moción de censura el 3 de septiembre en la misma corporación.
Sin embargo, y más allá de la controversia, el presidente Iván Duque ha expresado su respaldo público a la Ministra, por lo que su posible salida del cargo como consecuencia de este escándalo, por el momento, sigue siendo remota.