Andrés Felipe Arias toma caso Santrich como defensa
Los abogados del exministro Andrés Felipe Arias en Miami dijeron en una carta que el hecho de que la Justicia Especial para la Paz de Colombia haya negado la entrega a Estados Unidos del exguerrillero “Jesús Santrich” demuestra que no “está en vigor” un tratado de extradición bilateral.
La no vigencia de un tratado de extradición con Estados Unidos es uno de los argumentos más esgrimidos por la defensa del ministro de agricultura durante la Presidencia de Álvaro Uribe para evitar que EE.UU. lo extradite para pagar su condena de 17 años y cinco meses por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
“Si hubiera un tratado de extradición en vigor, Colombia no podría rechazar la solicitud de los Estados Unidos” para que les entreguen a Santrich, dicen los abogados de Arias en una carta dirigida a la corte de Apelaciones de Atlanta.
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Esa corte aún no se pronunció sobre un recurso de la defensa de Arias para frenar la extradición concedida por dos jueces de Miami.
En la carta, a la que tuvo acceso la agencia Efe, los abogados David Oscar Markus y Ricardo Bascuas dicen que la negativa a extraditar a Seuxis Hernández, alias “Jesús Santrich”, al que definen como un “notorio narcotraficante”, es el “rechazo más reciente de una solicitud importante de extradición de los Estados Unidos”.
“Es solo el último de una larga serie que establece que Colombia no se considera obligada por ningún tratado de extradición y, por lo tanto, el tratado no está en vigor”, agregan.
Las cuentas pendientes de Arias
El exfuncionario fue condenado por el caso “Agro Ingreso Seguro”, un programa para otorgar créditos blandos a pequeños agricultores para instalar sistemas de riego, del que se aprovecharon grandes terratenientes.
Fue detenido en agosto de 2016 cuando llevaba dos años viviendo en el sur de Florida, adonde llegó poco antes de que la Corte Suprema le condenara en 2014 y donde pidió asilo político.
La entrega de Arias depende de lo que decida la corte de Atlanta, donde tuvo su primera vista oral el pasado marzo, pues el Departamento de Estado ya ha dicho que no ejercerá su derecho a no concederla.
La Fiscalía, que representa al Gobierno de Colombia, ha insistido en la vigencia del tratado, al contrario que la defensa.