Política

Consejo de Estado frenará estudio de demanda que pide pérdida de investidura contra Miguel Uribe

Por su estado de salud, se suspendió el estudio de la polémica demanda.

22 de julio de 2025

El Consejo de Estado decidió suspender temporalmente el estudio de la demanda de pérdida de investidura presentada contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

La acción fue promovida por el sindicato Sinsergen a través de Carlos Sánchez Grass, pero el alto tribunal optó por frenar el proceso con el objetivo de proteger el derecho a la defensa del congresista, quien actualmente no se encuentra en condiciones de ejercerlo.

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La medida fue tomada bajo ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez y comenzará a regir una vez la Fundación Santa Fe entregue la historia clínica del político, en la que se detalle su estado de salud.

Este informe fue solicitado formalmente el pasado 18 de julio y deberá ser entregado en un plazo máximo de cinco días.

La historia de la demanda en contra de Miguel Uribe

Inicialmente, el Consejo de Estado había inadmitido la demanda presentada contra el senador Miguel Uribe Turbay por errores de forma; por ejemplo, la falta de acreditación de su condición como congresista y la presentación del recurso por parte de personas jurídicas, lo cual no es procedente en este tipo de procesos.

Sin embargo, estos fallos fueron corregidos dentro del plazo legal, permitiendo que el expediente avanzara.

El magistrado Luis Alberto Álvarez Parra reactivó el trámite, pero ante el delicado estado de salud del senador, la alta corte decidió suspender nuevamente el proceso para garantizar su derecho a la defensa.

La determinación fue respaldada por distintos sectores que cuestionaron el momento en que se interpuso la acción judicial. ASERVIDEM, por ejemplo, pidió que se retirara la demanda por considerar que atacarlo mientras está hospitalizado es “un acto de profunda insensibilidad”.

El Centro Democrático, partido al que pertenece Uribe, también rechazó la acción y aseguró que se trata de un caso de revictimización con fines políticos.

A pesar de la suspensión, el caso no ha sido archivado: el proceso sigue en pie y solo se retomará cuando el congresista esté en condiciones de comparecer ante la justicia.

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