Corte logró con el Congreso lo que no pudo presión del Gobierno

Las cargas se volvieron a ajustar en el Senado. La bancada conservadora, que pedía precisiones a la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y afectó el quórum de las últimas sesiones, se alineó tras conocer el fallo de la Corte Constitucional sobre ese proyecto.

Esos votos, que se volvieron decisivos para la implementación del Acuerdo, luego del retiro de Cambio Radical (CR) de la coalición, no los pudo conseguir el presidente Juan Manuel Santos, quien habló en privado con ellos; ni su llamado público de urgencia, ni la ONU, y ni siquiera la alocución de antes de ayer, en la que puso en entredicho la labor del legislativo.

“Señores congresistas: las víctimas, el país y el mundo están pendientes de su trabajo, y esperamos que estén a la altura de su responsabilidad. Que los intereses políticos o electoreros no empañen el trabajo que han cumplido hasta ahora”, les dijo el mandatario.

Santos también desconoció el pacto al que había llegado el Ministerio del Interior y la bancada conservadora, sobre que las Farc no podrían ejercer cargos públicos sin antes haber pasado por la JEP.

“Algunos pretenden –a estas alturas– que se les prohiba a las Farc hacer política sin antes haber sido juzgados y condenados por la JEP. Eso no fue lo que se pactó (...) ¡No en veinte años, sino ya!”

Si bien el senador Juan Diego Gómez, vocero de los conservadores, afirmó la semana pasada que esa era la condición para votar, ayer le dijo a EL COLOMBIANO que “hubo luz verde. Aprobaron nuestras proposiciones. Las Farc deberán acogerse a la JEP”.

El senador Carlos Fernando Galán (CR) manifestó que la Corte Constitucional corrigió varios errores que coinciden con los vacíos que había señalado. “El que incumpla perderá todos los beneficios, inclusive la elegibilidad política”.

En vista de que ya las comisiones conjuntas habían dado vía libre a la reglamentación, ahora, parafraseando el presidente Santos, el balón queda en la cancha de la plenaria de la Cámara, que ahora tiene la última palabra y el poder de aprobarlo o no en el cuarto y último debate.

¿Es obligación votar?

Como el problema en el Senado era el ausentismo y esa misma dósis podría repetirse en la Cámara, a escasas dos semanas de que se venza el mecanismo de la vía rápida o fast track, el procurador general, Fernando Carrillo, afirmó que esta conducta puede llevar a la pérdida de la investidura.

“Hay un deber histórico de abordar en este momento la discusión y el debate sobre la JEP. Voten a favor o en contra, pero no acudan a argucias parlamentarias o a ausentarse de las sesiones, porque eso puede traer consecuencias disciplinarias”, agregó el funcionario.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, fue más allá. Precisó que los congresistas tienen que votar la JEP y manifestó, en Caracol Radio, que el Gobierno tiene contemplado un plan b en caso de que el proyecto no salga antes del 30 noviembre, pero que no se puede adelantar.

Para Cristian Rojas, jefe del Departamento de Ciencia Política de la U. de la Sabana, el Congreso no tiene obligación de aprobar los proyectos; su deber es debatirlos y podría concluir no aprobar. “El compromiso es más político, porque con excepción del Centro Democrático, todos los partidos apoyaron el Acuerdo”.

Precisó que el ausentismo es legal e incluso aceptable en determinadas circunstancias, pero en este momento es una manifestación de que el Gobierno va de salida, que no tiene mucho que ofrecer y que los congresistas están ya dedicados a sus campañas.

Según Juan Antonio Zornoza, docente de Políticas Públicas de la U. Nacional, sede Medellín, la Constitución prescribe que es competencia del Congreso tramitar las leyes estatutarias. Añadió que la legalidad de la JEP ha sido autorizada por la C. Constitucional.

“El debate se ubica, más bien, en la factibilidad y eficacia que puede llegar a tener una justicia transicional, cuando poderosos actores políticos que participan en su discusión están involucrados o condenados por crímenes relacionados con el conflicto”.

Relación maltrecha

Así en extratiempos la JEP salga adelante, las relaciones entre Santos y el Congreso quedarán maltrechas para la etapa final de su Gobierno. En siete años largos de mandato, nunca había tenido que ponerlos en jaque ante opinión pública para conseguir votos.

Por esta razón, Miguel Silva, docente de Ciencia Política de la U. Pontificia Bolivarina, sostuvo que esa relación está deteriorada, más allá de la disputa por la JEP, porque la cercanía del proceso electoral forzó un reacomodamiento de fuerzas y rompió la coalición, “que estaba montada a partir de pactos burocráticos y sobre la necesidad del Acuerdo”.

Al respecto Luis Trejos, docente de Ciencia Política de la U. del Norte, dijo que esa relación no podría estar peor, porque las mayorías hace rato “hicieron aguas” con la salida de CR y de un sector de La U. “Si ahora hubo parálisis, el otro año no habrá trabajo legislativo en función de la implementación del Acuerdo”.

Ahora el presidente Santos tiene toda la argumentación política lista en caso de que le toque saltarse al legislativo para empujar la JEP. Si algo no sale bien con el Acuerdo, el Congreso tuvo la culpa