Denuncian “olla podrida en el Congreso”: piden explicaciones a Roy Barreras

El senador Jota Pe Hernández (Alianza Verde) reveló este jueves una “olla podrida en el Congreso”, relacionada con presuntas irregularidades en un contrato para el manejo del Canal del Congreso y que involucraría a exempleados del actual presidente del Senado, Roy Barreras.

El caso está relacionado con el convenio 983, firmado en julio pasado para operar el Canal Congreso, que transmite las sesiones del Parlamento y divulga contenido relacionado con el actuar legislativo. Dicho convenio, que superó los $8.000 millones, se suscribió entre la empresa Digitec y la Dirección Administrativa del Senado.

Según Hernández, la firma Digitec resolvió subcontratar la mitad de la ejecución del convenio –lo que implicaría transferir el manejo de recursos por $4.000 millones– a otra empresa llamada Espejo Público Comunicaciones Estratégicas, cuya única accionista es justamente Valeria Uribe.

Uribe es hija de Jhon Jairo Uribe, exproductor del Canal del Congreso y quien fue cercano a Barreras, al punto que trabajó en su unidad de trabajo legislativo (UTL). Hace un mes, el propio Hernández denunció que Uribe supuestamente acosó sexual y laboralmente a tres personas durante su paso en el Legislativo. Los relatos indican, incluso, que presuntamente les exigía parte del salario.

Valeria Uribe, de 22 años, también salió salpicada en las denuncias por supuestamente recolectar los dineros que debían entregar los funcionarios: “Tienen credencial de acceso del Congreso”, explicó Jota Pe Hernández.

De acuerdo con la denuncia del senador, tanto Uribe como su hija figuraban como productor y coordinadora administrativa, respectivamente, del convenio 983, con salarios de entre $8 y $6 millones. Además de la subcontratación que terminó en manos de Valeria Uribe, Hernández visitó el domicilio donde aparece registrada la firma Espejo Público y constató que únicamente hay oficinas vacías: “En una de las oficinas solo se podía observar un viejo mueble”, dijo.

El supuesto caso de corrupción, explicó Hernández, está en 95 contratos que suscribió Digitec para desarrollar el convenio. Según la denuncia, a los trabajadores les hacían firmar contratos con salarios presuntamente inferiores a los que figuraban en el convenio.

“De este presunto descuento ilegal los trabajadores no tienen conocimiento. Por ejemplo, Digitec le cobra al Senado $8’682.000 por un editor, pero a este solo le paga $6’695.000, presuntamente robándole al trabajador y al Congreso aproximadamente $2’000.000 en un solo trabajador, en un solo contrato”, detalló el congresista.

El senador manifestó que, sumando los montos, alrededor de $117 millones se les habrían dejado de entregar a los trabajadores. Sin embargo, Hernández alertó que, curiosamente, en los 95 contratos a los que se les hicieron presuntas reducciones no aparecían Uribe ni su hija: “A ellos sí les pagaban su contrato completo”.

El congresista señaló además que la supervisora del convenio es Maritza La Rotta, una comunicadora que pertenencia a la UTL de Roy Barreras. “Llama la atención que días antes de que Barreras se posesionara como presidente, ambos (Maritza La Rotta y Jhon Jairo Uribe) dejan de pertenecer a la UTL y después se convierten en los duros de este jugoso contrato”.

Ante estas aparentes irregularidades, el congresista denunció el caso ante Fiscalía, Procuraduría y Controlaría para que indaguen lo ocurrido. También alertó que en las redes sociales del partido de Barreras, La Fuerza de la Paz, hay enlaces que no redirigen a su página web formal, sino a la firma Espejo Público, lo que reforzaría los lazos entre Barreras y los Uribe: “¿Por qué el partido político de Roy Barreras, La Fuerza de la Paz, no tiene vinculada su propia página web?”, cuestionó.