Entidades planearon con tiempo sus ejecuciones
Desde finales del año pasado, previendo la llegada de la Ley de Garantías, las Gobernaciones le madrugaron a sus necesidades.
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Ante la inminente entrada en rigor de la Ley de Garantías que, entre otras limitaciones, restringe las posibilidades de que las administraciones locales contraten libremente en época prelectoral, EL COLOMBIANO indagó con algunas Gobernaciones del país, para constatar cómo planean sus gestiones con el fin de mitigar las consecuencias de esa norma.
Según Ana María Sierra, directora Administrativa y Contractual de la Gobernación de Antioquia, desde finales del año pasado, previendo la llegada de la Ley de Garantías, se estructuró lo que sería el plan de adquisiciones para la vigencia 2015.
“Desde el mes de noviembre nos adelantamos al plan de adquisiciones y compras que por norma tendríamos que publicar el pasado 31 de enero. Adicionalmente tenemos una circular interna en la que pedimos que toda la contratación, en su gran porcentaje, se ejecutara en el primer semestre del año para que en el segundo semestre nos pudiéramos dedicar a dejar la casa saneada con los contratos liquidados”, afirmó Sierra.
Asimismo, la funcionaria destacó que a mayo de este año el plan de compras y adquisiciones, que contemplaba 1.726 necesidades, ya iba ejecutado en un 66 por ciento, al tiempo que dio a conocer que aún quedan 181 contratos interadministrativos que deben ser ejecutados antes del 25 de junio.
El caso de Cundinamarca
Por otro lado, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, aseguró que gracias a su experiencia como gobernante, implementó en su despacho una estrategia para no verse afectado por la ley en mención.
Según el funcionario, desde comienzos de año comprometió vigencias futuras para financiar los principales proyectos del departamento y a la fecha están adjudicadas el 80 por ciento de las principales obras. Sin embargo, se mostró preocupado por cuanto algunos convenios con los municipios, del Plan Departamental de Aguas, podrían afectarse “pero estamos haciendo todo lo posible para que no se detengan estas obras”, indicó.
Cruz también mencionó proyectos como el hospital de Zipaquirá (valorado en 18.000 millones de pesos) y la vía Anapoima Mosquera (600.000 millones de pesos), que se quedarían a medias si no se avanza en las conversaciones con el Gobierno Nacional.
“Una norma paquidérmica”
Contrario a lo que han sostenido expertos e incluso funcionarios de otras entidades estatales, el gobernador de Santander, Richard Aguilar, afirmó que la Ley de Garantías es una norma paquidérmica.
De acuerdo con Aguilar Villa, la Ley de Garantías afecta a las entidades territoriales y nada le aporta al país. Aseguró que lo que más le preocupa es que antes del 24 de junio debe firmar varios convenios para garantizar el transporte escolar en los municipios y zonas rurales de su departamento, por lo que está avanzando en este proceso.