Las razones de la demanda contra la reforma de equilibrio de poderes

En un documento de 199 páginas quedó consignada la demanda del fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, contra la reforma de equilibrio de poderes. Con este recurso legal el fiscal busca que la Corte Constitucional declare inexequible “todas aquellas disposiciones que modificaron el funcionamiento de la Rama Judicial” en la reforma.

La voz de Montealegre fue una de las más críticas mientras se tramitaba la reforma de poderes en el Congreso. De hecho, uno de los reparos que hizo en el pasado aparece en la demanda. Se trata de algunas normas que según el fiscal “no fueron objeto de los ocho debates que exige la ley para cambiar en la Constitución”.

Artículos polémicos como el nuevo proceso de juzgamiento para altos funcionarios del Estado, y la prórroga para el periodo de los actuales magistrados de la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo de la Judicatura no fueron debatidos en los ocho debates. Esto constituye, según Montealegre, “la violación de dos principios rectores del procedimiento legislativo: consecutividad e identidad flexible”.

Para el fiscal existe una inconsistencia en la reforma: se presentó con el fin de modificar el sistema de controles que estableció la Constitución de 1991. Sin embargo se incluyeron reformas relacionadas con administración de la justicia que terminan afectando el régimen disciplinario de los empleados judiciales. Estos cambios, dijo “no tienen conexidad con los temas centrales de la reforma”.

Si la Corte Constitucional declara exequible la reforma se eliminaría la reelección para altos funcionarios del Estado, entre ellos la del presidente. También se crearía una Comisión de Aforados para juzgar a los altos funcionarios y se eliminaría la llamada “puerta giratoria”, para evitar que los magistrados salten de un tribunal a otro.

Montealegre señaló que el Congreso “desbordó sus competencias constitucionales” porque la “sustitución de pilares” de la Constitución solo se puede hacer “a través de una Asamblea Nacional Constituyente”.

La creación de una Comisión de Aforados para juzgar a los magistrados de las altas cortes y al fiscal General de la Nación también fue criticada. En la demanda aparece que “el Congreso desconoció el principio del Estado de Derecho con la creación de la Comisión de Aforados (...) ya que no estableció ningún tipo de control para la investigación y acusación que hace la Comisión de Aforados”.

Otro aspecto que cuestionó el fiscal fue la modificación del sistema de investigación y juzgamiento de magistrados de las altas cortes y del fiscal General. En este proceso se eliminó la figura de antejuicio político para esos funcionarios públicos.

Respondió el Gobierno

La demanda no causó mayor turbulencia en el Gobierno. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que el fiscal “tiene todo el derecho a interponer la demanda. El Gobierno confía en la independencia, autonomía y buen juicio de la Corte Constitucional. Ya hay varias demandas, como la tienen todas las reformas constitucionales. Al Gobierno no le preocupa porque esta reforma se tramitó totalmente ajustada a la Constitución”.

Además de instaurar la demanda, el fiscal invitó a la academia, a las organizaciones y a la sociedad civil a participar en el debate: “En la medida en que mayor sea la participación ciudadana el proceso deliberativo se verá favorecido y el alto tribunal contará con mejores elementos de juicio para tomar una decisión de suma transcendencia para la institucionalidad de Colombia”.