¿Por qué Petro sacó tarde la carta del glifosato para convencer a Trump?

La semana terminó atravesada por dos palabras que sacuden a Colombia: descertificación y glifosato. La expectativa está puesta en lo que decida Estados Unidos sobre si sigue o no financiando la lucha antidrogas.

En el papel parece un trámite lejano, de diplomáticos y oficinas en Washington, pero en el campo la historia es otra, allá lo que se teme no es la firma en un documento, sino el regreso del glifosato, un veneno que ya conocen de memoria y que dejó cicatrices en la tierra y en la gente.

El panorama no es favorable. Las opciones para Colombia van desde una aprobación sin condiciones hasta la temida descertificación total, con la alternativa intermedia de una certificación condicionada. La descertificación no es nueva en la historia del país. De hecho, la única vez que se aplicó fue durante el Gobierno de Ernesto Samper cuando el escándalo del proceso 8.000 tenía al entonces mandatario en la mira; primero fue parcial o simbólica, y luego, en 1996 y 1997, fue total. En ese momento, Washington le bajó el pulgar a Colombia y Samper denunció que la herramienta había sido usada como un mecanismo de presión en su contra.

De la decisión que se emita mañana dependen relaciones diplomáticas, cooperación internacional y parte de la asistencia en materia de seguridad.El momento no puede ser más crítico. Mientras crecen los reportes de secuestros de militares, la presión de grupos armados ilegales y el uso recurrente de comunidades como escudos humanos, el Ejecutivo lanzó un anuncio que sorprendió incluso a sus aliados: la posibilidad de volver a la aspersión aérea con glifosato, una estrategia que el mismo presidente había criticado en el pasado.

Desde hace meses, el Gobierno busca fórmulas para contener el aumento de los cultivos de coca, consciente de que este indicador pesa de manera directa en la decisión de Donald Trump. Si el país fuera descertificado, se pondrían en riesgo miles de millones en cooperación —US$453 millones, según cálculos de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham)— y hasta la mitad de la asistencia estadounidense podría congelarse, lo que sería un golpe para las finanzas y para las relaciones bilaterales.

Sobre el posible uso del glifosato, el internacionalista Manuel Camilo González, profesor de la Universidad Javeriana, explica que se trata una reacción a dos presiones simultáneas y lo califica de “inédito”. Por un lado, el temor a una descertificación, y por otro, la necesidad de responder a la hostilidad de grupos armados que no muestran voluntad de avanzar en negociaciones de paz.

La lectura más extendida entre analistas es que la advertencia no fue casual. En medio del riesgo de perder el respaldo de Estados Unidos, Petro buscó enviar un mensaje de endurecimiento en la política antidrogas, aun cuando el camino para revivir las fumigaciones parece, en la práctica, casi imposible.

El recuerdo vivo de la aspersión

Para entender lo que está en juego basta con mirar atrás. En Nóvita, un municipio selvático del Chocó, los habitantes aún relatan cómo los aviones descargaban glifosato desde el cielo. La sustancia arrasaba con la coca, pero también con los cultivos de plátano, maíz y yuca, que garantizaban la alimentación de las comunidades afrodescendientes e indígenas. Los ríos se llenaban de espuma, los peces desaparecían y varios niños comenzaron a sufrir irritaciones en la piel y problemas respiratorios. Lo que debía ser una medida contra el narcotráfico terminó golpeando la vida cotidiana de las familias.

Esas alertas llegaron hasta la Corte Constitucional, que en 2017 emitió la Sentencia T-236, en la que ordenó que antes de cualquier aspersión se debía consultar a las comunidades étnicas y realizar estudios técnicos rigurosos. “En ese momento, la Corte dijo que había que hacer consulta previa y cumplir con requisitos técnicos. El presidente Juan Manuel Santos paró las fumigaciones. Posteriormente, Iván Duque intentó revivirlas, pero nunca logró cumplir con las condiciones. Luego llegó Petro, que tampoco avanzó en el tema, hasta ahora que lo menciona otra vez”, recordó en diálogo con este diario el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, quien hizo parte de esas discusiones.

En la sentencia del 2017, la Corte advirtió que las fumigaciones podían realizarse una vez el Estado pudiera garantizar tres condiciones: demostrar científicamente que el químico no causaba daños graves a la salud ni al medio ambiente; realizar consulta previa con comunidades étnicas en zonas directamente afectadas; y asegurar licenciamiento ambiental con estudios de impacto robustos.

En 2021, el Gobierno de Iván Duque buscó flexibilizar la sentencia. La Corte revisó el cumplimiento de la T-236 y reconoció algunos avances en los procesos de consulta con comunidades indígenas y afrodescendientes, pero también señaló que no se habían culminado.

El alto tribunal fue claro y advirtió que mientras no hubiera consultas completas ni estudios concluyentes que probaran ausencia de daño, la aspersión no podía reanudarse.

Según expertos es ahí donde surge el punto central. Resulta imposible demostrar que el glifosato no genera daños. Aún más difícil es probar que la forma en que se rocía desde aviones para erradicar cultivos ilícitos en Colombia carece de riesgos, cuando no existen evaluaciones ni evidencia sobre este programa específicamente.

Así que cumplir con los requisitos que impuso la Corte Constitucional al Estado para reanudar la aspersión aérea no es una tarea fácil.

Quizá un reto aún mayor que intentar cumplir con este fallo es que las organizaciones de la sociedad civil están preparadas y enfiladas para responder con un mar de tutelas que, sin duda, bloquearán cualquier esfuerzo por reanudar la aspersión aérea. Solo hay que ver la experiencia del gobierno anterior.

Durante casi toda su administración, el expresidente Duque intentó volver al uso del glifosato. Inició con la solicitud de una audiencia pública ante la Corte Constitucional y puso a trabajar a todas las entidades relacionadas con este asunto en la normativa, el diseño del engranaje institucional y la generación de evidencia científica, según los requerimientos de la Corte. Aunque la pandemia puso ‘cascaritas’ al proceso, la realidad es que, al final, varias tutelas terminaron impidiendo que el Gobierno avanzara para lograr la reanudación.

Por eso es difícil entender por qué el presidente Petro, cuando ya no cuenta con el tiempo para iniciar un proceso de este calibre, amenaza con utilizar la aspersión aérea para reducir la conflictividad que hoy se vive en muchos territorios. La única razón posible es que mañana lunes se conocerá si Estados Unidos certifica o descertifica a Colombia por su lucha antinarcóticos.

Lo que hoy se puede y no se puede hacer

La realidad, a la luz de las decisiones de la Corte, es que no se puede ordenar de inmediato el regreso de los aviones con glifosato, pero sí se puede continuar con estudios ambientales y procesos de consulta previa. Además, debe garantizarse que cualquier decisión respete los principios de proporcionalidad y razonabilidad, priorizando la salud y los derechos de las comunidades.

Cifras que no favorecen

El contexto internacional tampoco le da respiro al Gobierno. El Informe Mundial sobre Drogas 2024, presentado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), revela que la producción global de cocaína alcanzó en 2023 un récord sin precedentes de más de 3.700 toneladas. Colombia sigue en el centro de ese escenario al concentrar cerca del 67% de los cultivos de hoja de coca del planeta y un aumento superior al 50% en la producción del alcaloide respecto al año anterior.

Según la ONU, esta situación obedece al crecimiento del área cultivada en el país y a la mayor productividad de las zonas cocaleras.

Los datos actualizados del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) confirman la magnitud del problema. En 2023 había en Colombia alrededor de 253.000 hectáreas de coca, lo que representa un incremento del 9 % frente a 2022.

Estas cifras internacionales explican en parte por qué el tema del glifosato vuelve a aparecer en la agenda y es más allá de las restricciones jurídicas y ambientales, la presión por mostrar resultados en la lucha antidrogas es hoy mayor que nunca.

Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes, explicó a EL COLOMBIANO que el reciente viraje del presidente Gustavo Petro no solo sorprende por ir en contra de lo que defendió en campaña, sino porque llega en un momento políticamente delicado. “Es un bandazo”, dijo, advirtiendo que la medida refleja más la presión externa y la falta de resultados internos que una verdadera estrategia.

El experto identificó tres frentes en los que el Gobierno se ha quedado corto. El primero tiene que ver con la erradicación manual. Según Mejía, el programa prácticamente se desmontó, con una caída cercana al 93 % frente a años anteriores.

Sobre el proceso interdicción, aunque el Ejecutivo presume mayores incautaciones en volumen, la tasa efectiva cayó. Mientras hace tres años se lograba detener el 42% de la cocaína producida, hoy esa cifra ronda apenas el 28%.

Y finalmente la sustitución de cultivos (PNIS), que fue la gran bandera de Petro en campaña. El experto afirmó que se ha convertido en el talón de Aquiles.

La ejecución presupuestal del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos no supera el 15 % en los tres años de su administración, y en algunos periodos ha sido menor al 6%.

“En radicación manual, la reducción ha sido del 93%; la interdicción, medida en incautaciones, cayó del 42 % al 28 %; y los programas de sustitución del PNIS no superan una ejecución del 15 % en ninguno de los últimos tres años”, concluyó el experto.

La UNODC advierte que en el país se consolidaron grandes enclaves de coca en regiones como el Catatumbo y el Putumayo, con características casi industriales.

El tiempo no juega a favor de Petro. La Corte ha sido tajante y los requisitos son estrictos. Aun así, algunos críticos admiten que la fumigación sería la única salida para sacar a Colombia del mar de coca.