Hermano de minCultura: $383 millones en contratos y más derroches ‘electorales’

No han pasado ni dos semanas desde que entró en vigencia la Ley de Garantías y Colombia sigue conociendo casos de miles de millones de pesos que se han ido en la firma de contratos en entidades del Gobierno. Esa normatividad busca evitar que en época electoral se usen los recursos públicos para favorecer a uno o varios candidatos. Sin embargo, recientes contratos que ganó Salim Kadamani Fonrodona con el Estado —hermano de la ministra de Cultura, Yannai Kadamani— se suman a la lista de contrataciones desbordadas que se hicieron hasta la fecha límite para su entrada en vigencia (31 de mayo).

Kadamani, quien es diseñador y gestor de modas, recibió $257 millones en contratos al límite de la Ley de Garantías. Estos se suman a los demás contratos que contabilizan $383 millones desde febrero de 2025. Esta información está publicada en el portal Datos Abiertos, que reúne los procesos de contratación que se encuentran en el sistema electrónico de contratación pública (Secop II).

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Allí se evidencia que los dos primeros contratos aparecen firmados el mismo día: el 25 de febrero del año pasado. Uno corresponde a $50’448.000 y tiene como objeto “prestar los servicios profesionales para brindar apoyos administrativos de la Dirección de Apropiación del MinTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)”.

Ese contrato contó con una prórroga de tres meses por un valor de $25’224.000. Adicionalmente, Kadamani firmó otro el 24 de enero de este año, que se extenderá hasta el 23 de diciembre. Este también corresponde a labores en la Dirección de Apropiación y es de más de $137 millones de pesos.

Finalmente, hay otro contrato firmado el pasado 30 de enero con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores que irá hasta el 31 de diciembre por $120 millones por “prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la gestión cultural de la Dirección de Asuntos Culturales y sus Grupos Internos de Trabajo”.

En 2026, Salim Kadamani contará con dos contratos simultáneos con el Estado, que suman más de $257 millones.

Hay que recordar que en mayo de 2025 la revista Cambio publicó que Salim Kadamani no tenía experiencia en procesos de apropiación digital, labores de la Dirección de Apropiación del MinTIC. Incluso, la persona que le verificó la idoneidad en el contrato al hermano de la ministra de Cultura fue la directora de Apropiación, Yeimi Carina Murcia Yela. Actualmente, es la ministra de las TIC del presidente Petro.

¿Quién es Salim Kadamani?

Kadamani es diseñador y gestor de modas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, graduado en 2019. Certifica haber realizado un taller avanzado en comunicación y redacción en la Universidad de California (Berkeley) en 2016. También habría cursado todos los créditos académicos de la especialización en Gerencia y Gestión Cultural de la Universidad del Rosario en 2024.

También presentó certificaciones laborales del Gobierno Mayor de las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, la Asociación de Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama dentro de un convenio suscrito con el Ministerio del Deporte.

Desde enero de 2020 hasta diciembre de 2023 estuvo vinculado a la Asociación IPS Indígena Inga Kamentsa, donde realizó tareas de comunicación organizacional, periodismo y sistematización. Luego, entre octubre del 2021 y noviembre del 2022, trabajó con la Asociación de cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de Arauca como realizador audiovisual de un documental.

También estuvo en la Asociación Intercultural, Ambiental y Social Ibionënga, donde fue comunicador entre agosto de 2019 y enero de 2020. Entre diciembre de 2023 y julio de 2024 volvió a tener un cargo como Gestor Cultural.

$70.000 millones en publicidad

En medio de las denuncias por los millones en contratos previo a la Ley de Garantías, la representante a la Cámara Katherine Miranda advirtió que el Ejecutivo invirtió $70.000 millones en publicidad. La mayoría se asignaron al sistema de medios públicos RTVC y se firmaron cuatro días antes de que empezara la restricción de ley.

Según dijo la congresista, “se trató de una contratación directa, a dedo, acelerada y altamente concentrada. Cerca del 90% de esos recursos quedaron en una sola entidad, RTVC, con más de $64.000 millones adjudicados en cuestión de horas”.

A su vez, Miranda resaltó que “en el mismo período en el Gobierno de Iván Duque el gasto de publicidad fue de tan solo $1.500 millones, una cifra que aumentó en más de 4.000 % mientras departamentos como Córdoba y Bolívar presentan graves inundaciones”.

De lo anterior, criticó que estos recursos invertidos en publicidad se dieron mientras Gustavo Petro intentó decretar una emergencia económica (que les tumbaron). Así mismo, anunció que trasladó la denuncia a la Contraloría y la Procuraduría.

La congresista explicó que los contratos se hicieron desde diferentes carteras. Fueron $14.500 millones del Fondo Único de Tecnologías de Información y Comunicaciones; $10.600 millones del Ministerio de Educación; $6.800 millones del Ministerio de Salud y casi $8.000 millones del Ministerio de Justicia, entre otros procesos.

¿Contratos “a dedo” a 472?

Otros hechos referentes a las contrataciones hechas hasta el 31 de enero fueron revelados por el candidato a la Cámara de Representantes, Daniel Briceño (Centro Democrático). Según denunció, la empresa de correos 472 habría recibido contratos de al menos nueve entidades por más de $391.000 millones. Estos, sostuvo, fueron entregados “a dedo” para eventos, logística, transporte, refrigerios y tarimas.

Llama la atención que, con recursos por más de $234.639 millones, la Unidad de Víctimas fue la que más contrató con 472; seguida del Ministerio del Interior, con $88.964 millones, y el Ministerio de Minas y Energía, con $36.425 millones. “En un país inundado y en plena crisis fiscal la plata se malgasta”, aseguró.

Así mismo, se firmaron dos contratos por $24.968 millones con el Departamento Administrativo de la Presidencia. De igual manera, se celebraron de a uno en la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) por $3.117 millones; en la Unidad Alimentos para Aprender, por $2.200 millones; en el Departamento Administrativo de la Función Pública, por $700 millones; en la Superintendencia de Servicios Públicos, por $531 millones, y en Colombia Compra Eficiente, por $316 millones.

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