Nóminas paralelas y contratos millonarios: los 80 casos que denuncia el gobierno de De la Espriella sobre el de Petro
El nuevo Gobierno puso bajo la lupa contratos, deuda pública y manejo de recursos en cuatrenio pasado.
El presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo entregaron este martes a la fiscal general, Luz Adriana Camargo; al procurador Gregorio Eljach; y al contralor saliente, Carlos Rodríguez, un documento que reúne denuncias sobre presuntas irregularidades detectadas durante el gobierno de Gustavo Petro.
Por el momento, Eljach aseguró que la Procuraduría ya tiene varias investigaciones andando: “se abrirán los procesos que se tengan que abrir”, aseguró, explicando que ambos gobiernos, tanto el saliente como el entrante, estuvieron de acuerdo con que sea la entidad la que investigue y tome las decisiones al respecto.
El informe, denominado “Libro de la Verdad”, fue elaborado a partir de los hallazgos recopilados por el equipo de empalme del nuevo Gobierno —aunque el proceso de empalme entre un gobierno y otro no se llevó a cabo—. Según explicó Restrepo, durante el acto realizado en la Fiscalía en Bogotá, se trata de una muestra de más de 80 casos que fueron identificados durante la revisión de diferentes entidades estatales.
Uno de los capítulos está relacionado con el manejo de la deuda pública y las operaciones con títulos de Tesorería (TES). Restrepo cuestionó que se hubiera elevado del 50% al 100% el límite de adjudicación mediante la emisión de estos títulos y señaló que las tasas de colocación se ubicaron entre el 13% y el 15%.
Para el vicepresidente, estas decisiones tendrán efectos sobre las finanzas públicas en los próximos años. “Este es un golpe silencioso al bolsillo de los colombianos”, afirmó, al advertir que una mayor proporción del presupuesto nacional tendría que destinarse al pago de deuda e intereses.
Agregó que, en general, “encontramos nueve patrones de mal manejo en la política pública y en el manejo del Estado”; entre ellos, problemas en contratación, “colapso de la capacidad tecnológica” y “opacidad en la información”, por nombrar algunos.
Otro de los asuntos incluidos en el documento es el manejo de los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). De la Espriella aseguró que durante el gobierno anterior se giraron $856.000 millones sin que, según su denuncia, existiera una declaratoria de urgencia manifiesta. Además, afirmó que se perdió el rastro de $1,38 billones.
El informe agrega un dato sobre la ejecución presupuestal de la entidad durante el cuatrienio Petro: de los $15,3 billones asignados, solo se habría ejecutado el 4,3 % del presupuesto.
Posibles líos en contratos
Los casos involucran entidades como el Dapre, Essmar, la ANT, el ICBF, la Cancillería y la ADR. Entre ellos, está uno relacionado con la reforma agraria: se desembolsaron $979.003 millones para adquirir 537 predios, pero solo tres habían sido titularizados a favor de la Nación.
También hay procesos cuestionados como el de la planta desalinizadora de Santa Marta, por cerca de $786.000 millones. En ese caso, el proceso, adelantado por ESSMAR entre el 18 y 19 de junio de 2026, generó dudas por posibles cambios al proyecto, deficiencias en los estudios previos y de mercado y aspectos técnicos que quedarían en manos del futuro contratista.
Por estas razones, el equipo del nuevo gobierno pidió medidas preventivas a la Procuraduría el 25 de julio. Cuatro días después, el organismo solicitó suspender provisionalmente el proceso mientras revisaba sus condiciones.
Otro caso corresponde a Colombia Compra Eficiente, que adelantaba un proceso por cerca de $300.000 millones para servicios de ciberseguridad, aunque en el Secop II figuraba con presupuesto de cero pesos.
El Gobierno también puso bajo la lupa la delimitación del páramo de Santurbán. Restrepo sostuvo que, cuando faltaban pocas semanas para terminar la administración anterior y apenas un día antes del cambio de mando, el Ministerio de Ambiente expidió resoluciones relacionadas con la delimitación de cerca de 29.000 hectáreas del ecosistema.
El Fondo para la Igualdad y la Equidad también aparece entre los casos presentados. De acuerdo con Restrepo, durante el proceso de liquidación se pagaron cerca de $140.000 millones a una misma empresa de servicios temporales, sin que se encontrara suficiente soporte para demostrar que el personal contratado cumpliera con los objetivos establecidos para el fondo. “La Contraloría calificó el riesgo como estado crítico”, dijo el vicepresidente.
El informe también cuestiona actuaciones de la Cancillería. El Gobierno aseguró que, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, esa cartera suscribió 785 contratos por un valor total de $83.000 millones. Adicionalmente, denunció el gasto de unos $8.500 millones en sedes temporales con períodos de funcionamiento de entre 90 y 120 días.
Y es que en materia laboral, De la Espriella denunció la existencia de una “nómina paralela” compuesta por unas 900.000 órdenes de prestación de servicios durante el anterior gobierno. El mandatario calificó esos contratos como “corbatas” y estimó que representaron un pasivo para las finanzas públicas.
La situación del programa Colombia Mayor fue otro de los puntos expuestos. Restrepo afirmó que los recursos destinados a los subsidios para adultos mayores en condición de vulnerabilidad se agotaron en julio de 2026, pese a que habían sido asignados para cubrir todo el año. Según el vicepresidente, tampoco se dejaron mecanismos de contingencia para responder a las coberturas previstas.
De acuerdo con el vicepresidente, el propósito ahora es que la Fiscalía evalúe los elementos entregados y determine cuáles de las denuncias tienen mérito para iniciar investigaciones.
“Su contenido será objeto de valoración técnica y jurídica bajo los estándares de rigor probatorio, objetividad e independencia que la Constitución y la ley imponen”, afirmó la fiscal Camargo.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué es el “Libro de la Verdad” entregado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella?
- Es un documento que reúne más de 80 casos de presuntas irregularidades detectadas por el nuevo Gobierno durante la revisión de diferentes entidades de la administración de Gustavo Petro.
- ¿A quién entregó De la Espriella el “Libro de la Verdad”?
- El presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo entregaron el documento a la fiscal general Luz Adriana Camargo, al procurador Gregorio Eljach y al contralor saliente Carlos Rodríguez.
- ¿Qué denunció el Gobierno sobre la UNGRD?
- De la Espriella aseguró que la UNGRD giró $856.000 millones sin una declaratoria de urgencia manifiesta y que se perdió el rastro de $1,38 billones. El informe también cuestiona la ejecución presupuestal de la entidad durante el gobierno Petro.