Ojo a las empresas que aportan a campañas

El pasado miércoles, el expresidente Juan Manuel Santos lo negó todo. Ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en versión libre, dijo que “no hay una sola prueba” de que la multinacional Odebrecht hubiera financiado su campaña reeleccionista a la presidencia.

Pero mientras rendía su versión, en medios de comunicación resonaba la voz del empresario Andrés Sanmiguel, quien ante la justicia admitió haber sido intermediario de la entrega de al menos 3.800 millones de pesos por parte de la constructora brasileña, que habrían ido a parar a la campaña de Santos.

Valiéndose de una red de financiaciones, coimas y lobby, Odebrecht fue entre 2010 y 2016 uno de los principales contratistas del Estado colombiano que, por citar uno de los casos, le adjudicó proyectos de la envergadura de la Ruta del Sol II, por valor de cerca de 3 billones de pesos.

En Colombia, que una empresa privada financie una campaña política no constituye delito, siempre y cuando el ingreso de dinero sea reportado y se ciña a ciertas reglas consignadas en la Ley 1475 de 2011. Tampoco es ilegal que una compañía que financió un proyecto político contrate con el Estado. Pero esa puerta giratoria de financiadores que se vuelven contratistas sí genera alto riesgo de corrupción.

Así lo advierte un informe presentado este viernes por la ONG Transparencia por Colombia, en el que revela que a una tercera parte de las empresas que financiaron campañas ganadoras a partir de 2015, les fueron adjudicados contratos públicos después de que entregaran sus aportes (ver gráfico).

Municipios, en riesgo

Para la redacción del informe, la ONG cruzó los datos de contratación pública registrada en las plataformas Secop I y II, y las cruzó con los datos que entre 2015 y 2018 registraron los candidatos en el sistema Cuentas Claras del CNE. En ese período de tiempo, el país tuvo elecciones regionales (alcaldías y gobernaciones), a Congreso y la primera y segunda vuelta presidenciales.

El reporte da cuenta de que, en el ámbito municipal y departamental, un 80 % de los contratos entregados a financiadores se hizo mediante la modalidad de contratación directa y un 11 % se adjudicó bajo la figura de régimen especial.

Estas dos modalidades están permitidas por la normatividad como “mecanismos excepcionales de contratación” y no requieren convocatoria pública. Están concebidas para casos en los que, por lo general, no hay pluralidad de oferentes en el mercado, sin embargo, muchas veces no es lo que ocurre.

Así lo explica Sandra Martínez, líder de Sistema Político de Transparencia por Colombia, quien señala que “uno de los temas continuos en los ejercicios de seguimiento a riesgos de corrupción es el excesivo uso de la figura de contratación directa, porque ahí las entidades tienen un poder discrecional sobre el resultado, no necesitan múltiples proponentes y pueden decidir más directamente qué es lo que quieren. En este ejercicio en particular, entre financiadores de campaña que después se volvieron contratistas, se confirma ese abuso”.

La experta advierte que aunque los resultados son elocuentes, hay vacíos de información, por lo que el riesgo puede ser de una dimensión aún mayor: “Lo primero que hay que aclarar es que no toda la contratación pública se registra en Secop”, indica, puesto que la Ley solo obliga a hacerlo a entidades del orden nacional. Algunas entidades territoriales lo hacen de forma voluntaria como práctica de transparencia.

Llama la atención de la ONG el caso de Antioquia. “Tanto por cantidad de contratos celebrados con financiadores, como por los montos de dinero comprometidos, la mayor cantidad de casos se concentraba en los 125 municipios que tiene Antioquia o a nivel departamental”, afirmó Martínez.

Tan solo en Antioquia, después de las elecciones de alcaldes y gobernadores, se ejecutaron 3.067 contratos con financiadores en los municipios, que representaron un billón y medio de pesos. Para el caso de la Gobernación y la Asamblea, se ejecutaron 518 contratos por 160 millones de pesos.

La MOE lo había advertido

Esta situación ya había sido alertada por la Misión de Observación Electoral (MOE), que luego de analizar los comicios de 2015, presentó en noviembre de 2018 un reporte según el cual 485 donantes a campañas recibieron contratos públicos por valor de 169.000 millones de pesos.

“La MOE logró encontrar tres modalidades a través de las cuales se favorecía a financiadores de campañas políticas: privados que recibieron contratos directamente de quienes quedaron elegidos; financiadores de gobernadores electos que recibieron contratos en municipios pertenecientes al departamento; y financiadores de campañas a la alcaldía que recibieron contratos en distintos municipios del mismo departamento”, señaló la entidad.

La información fue entregada a la Fiscalía para su análisis. El ente acusador, por su parte, siguió la pista de los casos y el pasado 18 de noviembre anunció resultados: cuatro alcaldes fueron imputados por otorgar, de manera presuntamente irregular, contratos millonarios a aportantes.

En Chocó fueron inputados los alcaldes de Bojayá, Jeremías Moreno, y de Bajo Baudó, Jhon Jared Murillo. En el primer municipio, “la Fiscalía evidenció que el actual mandatario habría entregado contratos por más de 900 millones de pesos para el suministro de insumos y servicios al señor Eberto Unfried Machado, quien donó cerca de siete millones de pesos.

Mientras que en Bajo Baudó, el alcalde “habría entregado contratos por 353 millones y por 345 millones de pesos a los señores Eladio Urrutia y Yesid Salazar, quienes habrían financiado la campaña electoral con sumas cercanas a los 5 y 3 millones de pesos, respectivamente”, aclaró la Fiscalía.

En el caso de Córdoba, en San Bernardo del Viento, el alcalde Élber Luis López, “adjudicó seis contratos por más de 670 millones de pesos al señor Pedro Antonio Negret Ramos, quien habría aportado cerca de siete millones de pesos a su campaña”.

Y en Cundinamarca, el ente acusador encontró que en el municipio de Vergara los contratos se repartieron entre dos financiadores: “Cuatro fueron entregados a la señora Martha Jazmín Castillo, por un monto superior a los 1.558 millones de pesos; mientras que tres contratos de alquiler de obra se adjudicaron a Jesús Alexánder Cifuentes Arias, por 31 millones de pesos. Los dos favorecidos habrían entregado sumas cercanas a los 5 y 9 millones de pesos para financiar la campaña de la actual alcaldesa Ana María Mahecha.

En todos los casos, los aportantes habrían violado el régimen de topes de financiación, lo que sí constituye un delito.

Justamente para diferenciar una práctica ilegal de una que no lo es, cabe la conclusión de Transparencia por Colombia: “Los delitos electorales y la incursión de recursos ilícitos en la política pasan por un manejo poco riguroso del origen, monto y destinación de los recursos. Mediante la financiación se corre el riesgo de que las campañas sean capturadas por intereses privados para ejercer presiones indebidas sobre candidatos o electores”.