Revive propuesta de implementar voto obligatorio en Colombia

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018 en Colombia, la Registraduría Nacional de Estado Civil reportó que el abstencionismo fue del 46,96 %, ya que solo sufragaron 19.511.168 colombianos de las 36.783.940 habilitados para votar. A pesar de que se trata de una cifra abultada de personas que decidieron no sufragar, ese registro fue el más bajo en 20 años en el país.

Para hacer frente a esa situación, ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se radicó un proyecto de acto legislativo con el que se busca implementar el voto obligatorio en Colombia, lo que podría exponer a una sanción económica –por medio de una multa– a quienes decidan no acudir a las urnas a depositar su voto, ya sea en blanco, nulo o por el candidato de su preferencia.

Quien propuso esta iniciativa que busca instaurar el sufragio obligatorio por los próximos 12 años en el país, fue el representante Jorge Benedetti, de Cambio Radical, quien planteó en que además de un derecho, el voto es un deber social que deberían ser cumplido por los colombianos habilitados para ir a las urnas.

“Con este proyecto se busca lograr que se reglamente el deber de votar en el país. Se busca que sea un deber obligatorio para todo colombiano durante un periodo de 12 años después de su aprobación. Así se quiere enfrentar los altos índices de abstención y proteger los recursos públicos destinados a los comicios”, explicó el representante.

A nivel mundial, esta es una medida que ya se aplica, pues actualmente 27 países obligan a sus ciudadanos a votar: Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Corea del Norte, Costa Rica, República Democrática del Congo, Ecuador, Egipto, Gabón, Grecia, Honduras, Líbano, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, México, Nauru, Panamá, Paraguay, Perú, Singapur, Tailandia, Turquía y Uruguay

Propuesta con antecedentes

Esta propuesta de obligatoriedad en el sufragio no es nueva en Colombia, pues en los últimos 20 años fue impulsada en varias ocasiones en el legislativo y en una oportunidad desde el ejecutivo, esta última en la reforma política que presentó en 2017 el gobierno de Juan Manuel Santos, pero no ha podido prosperar.

La iniciativa gubernamental impulsada en 2017 la defendió entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien argumentaba en ese entonces –en el marco del proyecto de reforma política– la necesidad de implementar el sufragio obligatorio de forma temporal, solo durante ocho años, con el fin de aumentar la participación en las elecciones nacionales y locales.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Cristo aseguró que sigue creyendo que este proyecto es oportuno y defendió que puede convertirse en una herramienta contra la corrupción electoral. “Esta iniciativa surge sobre la base de la idea de que en la medida que se amplíe la participación electoral, se va a disminuir la posibilidad de corrupción electoral, de compra de votos. Creo que es viable una figura obligatoria, pero transitoria, no permanente”, dijo el exministro.

Entre tanto, cuando se presentó ese proyecto de parte del Gobierno, la directora del Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, lo cuestionó y aseguró que si el propósito era aumentar la legitimidad en el ejercicio de la política, esto no se lograría haciendo que el ciudadano vote obligado, sino garantizando que haya mejores candidatos.

“Si lo que se está buscando es aumentar la base de legitimidad de los resultados electorales, los partidos políticos podrían trabajar más en seleccionar candidatos con una mejor relación con los colombianos, y hacer propuestas que de verdad le interesen a los ciudadanos”, apuntó.

Lo cierto es que tanta ha sido la resistencia política y social a esta propuesta de transformación electoral que aunque Benedetti la había radicado en la anterior legislatura, esta se hundió por falta de apoyo. Sin embargo, en esta nueva ocasión el representante aseguró que consultó a académicos y sectores sociales para nutrir el proyecto y espera que se logre su aprobación.

¿Sí impulsa la participación?

De acuerdo con las cifras oficiales, en las elecciones presidenciales de 2006 la abstención en el país alcanzó el 55,3 %, en las de 2010 estuvo en 56,1 %, en las de 2014 fue del 52,6 %, y en 2018 llegó a 46,96 %. A pesar de que en los comicios de 2018 más de la mitad de los ciudadanos habilitados para votar acudieron a las urnas, las cifras siguen siendo altas pues 17,2 millones de personas decidieron no votar.

Independientemente de pa de la viabilidad jurídica o política de la propuesta de hacer que sea una obligación depositar el voto, en medio de ese debate se ha cuestionado si la aprobación de este tipo de leyes realmente fortalece la participación democrática de la sociedad o si se convertiría en una medida simplemente impositiva, que no necesariamente promueve una ampliación de la cultura política.

El director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, Yann Basset, expuso que los tres principales argumentos en defensa de esa propuesta son la responsabilidad democrática de los ciudadanos; que es una medida anticorrupción porque habría que comprar más votos para ganar; y el de igualdad buscando que los “desfavorecidos” participen.

El académico planteó que aunque esta medida se aplica en 11 países de Latinoamérica, hacerlo en Colombia implicaría entender el contexto del país por lo que cuestionó que ese proyecto no incluye una reflexión práctica en su aplicación. “Más allá del ‘publíquese, comuníquese y cúmplase’, que suena un poco mágico, las dudas están sobre la aplicación de sanciones a los que no deciden no votar, debemos reflexionar en algo: ¿le vamos a poner multas a los más pobres y a quienes tienen dificultades para ir a votar?”, dijo.

Para Adolfo León Maya, docente del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad Eafit, el hecho de no votar es una expresión democrática de quienes no se ven representados por la política en el país. “Para reducir la abstención no se debe pensar en la obligatoriedad, sino en tener una deliberación y control político ejemplarizante. No es por la vía de la obligación a votar que se fortalece la democracia”, apuntó.

En las próximas semanas el Congreso debatirá esta propuesta que no tiene posibilidades de ser implementada para las elecciones de 2022, debido a que para ser realidad requeriría aprobación en el legislativo y posterior revisión de la Corte Constitucional, por lo que los tiempos alcanzan