Los detalles de cómo naufragó en 24 horas el proyecto para extender periodo presidencial

No alcanzó a llegar ni al primer debate el proyecto de acto legislativo que buscaba la ampliación y unificación de los periodos del Presidente, congresistas y otras instituciones y entes de control.

La iniciativa, que desde el miércoles fue objeto de controversia y que recibió voces de rechazo desde distintos sectores, incluyendo al Gobierno, se quedó sin el apoyo necesario para poder iniciar el trámite de radicación.

Esto, porque 15 de los 23 congresistas que impulsaban la propuesta retiraron su firma, algunos de ellos, aparentemente, presionados por sus partidos.

Así las cosas, el proyecto no superó el mínimo exigido por ley para ser radicado cuando se trata de una reforma constitucional, que es tener al menos 10 rúbricas para iniciar su trámite en el Congreso.

El documento, de 25 páginas, era promovido por congresistas de partidos como Cambio Radical, La U, Conservador y Liberal, y pretendía que los periodos del jefe de Estado y los parlamentarios pasaran de cuatro a cinco años y que estos se unificaran con los de los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.

También buscaba extender los periodos del procurador, fiscal, Defensor del Pueblo, registrador, auditor y los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que también pasarían de cuatro a cinco años; en tanto que se incrementarían de ocho a 10 años los periodos de los magistrados de la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

La argumentación de la iniciativa, que fue planteada desde la Federación Colombiana de Municipios, señalaba “la necesidad de fortalecer la capacidad de gestión de las diferentes autoridades públicas, ampliando su margen de acción para la ejecución de políticas, programas y proyectos”, y se justificaba en la crisis económica y social derivada de la pandemia.

La reforma, que fue radicada el miércoles en la noche en la secretaría general de la Cámara, fue suscrita por los representantes conservadores Buenaventura León, Nidia Marcela Osorio, Félix Chica, Felipe Muñoz, Armando Zabaraín, Liliana Benavides, Juan Carlos Rivera; del uribismo estuvo Luis Fernando Gómez; de la U Alonso del Rio, Mónica Valencia, Teresa Enríquez, Jorge Eliécer Salazar, Astrid Sánchez y Milene Jarava Díaz.

También fue respaldada por los liberales Juan Diego Echavarría, Hernán Estupiñán, Carlos Julio Bonilla; por Cambio Radical José Gabriel Amar, Camilo Arango, Modesto Aguilera y Salim Villamil. Otro firmante fue Franklin Lozano, por Opción Ciudadana.

La idea, en definitiva, era que todas las elecciones en el país se celebraran en un mismo día –segundo domingo del mes de marzo de 2024– y, así mismo, permitir también que todos los alcaldes y gobernadores pudieran reelegirse, figura que actualmente está prohibida por la Constitución.

De acuerdo con el proyecto, esto reduciría un proceso electoral cada 20 años, lo cual implicaba un ahorro de 1,8 billones de pesos en logística electoral.

Presión de los partidos

Conflictos al interior de los partidos habrían sido la causa de que 15 de los 23 firmantes se desmontaron del proyecto.

Por ejemplo, los liberales fueron los primeros que tuvieron un enfrentamiento. El jefe del mismo, el expresidente César Gaviria, les dijo a los firmantes de su colectividad que retiraban su rúbrica o él se iba de la dirección, porque “con ese tema el liberalismo no se identifica”.

De ahí que los representantes Estupiñán y Bonilla, en carta a la Secretaría General e la Cámara, solicitaron que se eliminaran sus nombres del listado de coautores. Algo similar pasó en el Partido Conservador, en el que su presidente, Ómar Yepes, rechazó la acción de sus representantes.

Gobierno se opuso

Desde el comienzo, la idea generó el rechazo del Gobierno. El primero en dejarlo claro fue el mismo presidente Iván Duque, quien reiteró ayer que su mandato va hasta 2022.

“Yo fui elegido con la mayor votación en la historia de este país. Seré presidente hasta el 7 de agosto de 2022. Este país no está para otras discusiones”, afirmó.

Ese pronunciamiento estuvo en línea con el que ya había hecho el pasado 26 de febrero, durante la Cumbre de Gobernadores en Puerto Gaitán, Meta, donde fue enfático al afirmar que su mandato es de cuatro años.

A esa postura se sumó ayer la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien escribió en su cuenta de Twitter que ella y el presidente fueron “elegidos para el periodo que finaliza el 7 de agosto del 2022. Ni un día antes ni uno después”. Y agregó: “Nuestras preocupaciones y prioridades son vacunación; reactivación y repotenciación económica”.

De igual forma, tanto el fiscal Francisco Barbosa como la procuradora Margarita Cabello manifestaron que sus períodos solo se extenderían hasta lo establecido constitucionalmente.

“Cuatro años son suficientes, eso dice la Constitución y la procuradora debe respetar la institucionalidad”, expresó ayer Cabello.

Negativa de congresistas

Al igual que el Gobierno, congresistas de todos los partidos se fueron en contra de la iniciativa. Incluso, 15 de los 38 miembros de la Comisión Primera de la Cámara, donde comenzaría su trámite –debía pasar por ocho debates–, habían anunciado que rechazarían la propuesta.

Además, la senadora Angélica Lozano fue una de las primeras en expresar su inconformidad. Enfatizó que las diferentes ramas del poder no podrían votar por algo que los favorecía. “La Constitución se respeta. No pueden legislar o reformar la Constitución en beneficio propio”, dijo.

Y Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, consultado por este diario dijo que la iniciativa era “un mal ejemplo y un absurdo, anticonstitucional”.

Queja ante la CIDH

Fue tal la oposición que recibió el proyecto que los miembros del Pacto Histórico de izquierda elevaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertando sobre la situación.

La misiva, que la Comisión igual responderá, dice que se viola el artículo 23 de la Carta Democrática Interamericana, que garantiza procesos electorales libres y justos.

En todo caso, esta iniciativa de reforma constitucional puede revivir en cualquier momento, pues no hay impedimento legal para volver a radicarlo si, de nuevo, logra tener un respaldo inicial. EL COLOMBIANO supo que desde la Casa de Nariño trabajan para evitar que algo así suceda