Presencia de grupos ilegales en municipios creció en 165 %, según la Contraloría
El ente de control también alertó sobre el aumento de enfrentamientos con las Fuerzas Militares y un incremento en los integrantes de los grupos al margen de la ley.
Es necesario que el país haga una mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación para enfrentar los desafíos que tiene en materia de seguridad y defensa nacional.
Así lo sostiene el estudio ‘Análisis de los Avances y la Gestión de los Recursos en la Implementación de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) del sector Defensa y Seguridad’, presentado este martes por la Contraloría.
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El estudio muestra un preocupante crecimiento de la presencia de los grupos armados ilegales en el país. Según el informe, la presencia de actores armados ilegales pasó de 195 municipios en 2019 a 518 municipios en 2025, lo que representa un crecimiento superior al 165 %.
Esta expansión muestra, de acuerdo con la Contraloría, la capacidad de adaptación y reconfiguración de estas estructuras y la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas e institucionales para anticipar y enfrentar amenazas cada vez más complejas.
Además, estas organizaciones incorporaron cerca de 5.000 integrantes en un solo año, para llegar a 27.000 miembros. Simultáneamente, los combates entre la Fuerza Pública y grupos armados aumentaron 111 %, para llegar a 228 enfrentamientos en 2025, la cifra más alta de la última década.
La Contraloría advirtió que debe darse continuidad a los avances que se alcanzaron en los últimos años en la lucha contra estos grupos ilegales. Además, deben hacerse con una visión estratégica y una política pública que permita consolidar estos logros.
Este ente también encontró que durante 2024 se priorizaron recursos por $136.200 millones para la adquisición de sistemas antidrones y para 2025 se programaron cerca de $300.000 millones adicionales destinados a fortalecer esta capacidad.
Actualmente, el país destina alrededor del 0,2 % de su Producto Interno Bruto a estas actividades, porcentaje considerablemente inferior al promedio de los países de la OCDE, que alcanza el 2,5 %.
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