Colombia

“Deben ser las autoridades competentes, y no personas anónimas las que aporten claridad”: presidente Petro sobre dinero robado en casa de Sarabia

El jefe de Estado aseguró que hay supuestos testimonios, que tienen un interés difamatorio en contra del presidente y que buscan minar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas.

15 de junio de 2023

El presidente Gustavo Petro, quien adelanta una visita en Alemania, se pronunció en la mañana de este jueves sobre una nueva versión, de una presunta fuente anónima, que lo señala a él de ser el dueño de presuntamente 3.000 millones de pesos que se perdieron de la residencia privada de su entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, y que desencadenaron un entramado que dejó al descubierto chuzadas, una supuesta financiación irregular de su campaña, y un oficial de la policía muerto.

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Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima”, indicó el mandatario en respuesta a un artículo publicado por la revista Semana.

“Son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo”, agregó el jefe de Estado en un comunicado.

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Y es que el mandatario fue señalado por una presunta fuente anónima de ser el dueño de la alta suma de dinero, empacada en cinco maletas, que se perdió de la casa de Sarabia el pasado mes de enero. Desde que se conoció el escándalo se dijo que el dinero hurtado de la casa de la exfuncionaria era de ella y correspondían a los viáticos que devengaba en la Presidencia.

La entonces niñera de Sarabia, Marelbys Meza, fue señalada como principal sospechosa del robo y fue sometida, de forma irregular, a una prueba de polígrafo que ella misma denunció meses después.

Tras este episodio la Fiscalía también denunció que tanto la exniñera como otra empleada de Sarabia, Fabiola Perea, fueron chuzadas luego de que fueran incluidas en un listado como integrantes del Clan del Golfo.

Los hechos dados a conocer por el ente acusador generaron una crisis en el Gobierno que desencadenó la salida de Sarabia y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien días después también causó revuelo tras la filtración de unos audios en los que hablaba de una financiación irregular de 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial del ahora mandatario.

El último episodio de este entramado involucra la muerte del teniente coronel Óscar Dávila que, en hechos que son materia de investigación, se habría quitado la vida tras verse involucrado en las chuzadas a las empleadas de Sarabia. Sin embargo, los resultados del estudio forense no han sido revelados, por lo que no se confirma, todavía, la tesis de un posible suicidio, en la que el presidente Petro ha insistido.

El coronel, quien era el coordinador de protección anticipativa de la Presidencia, fue señalado de ordenar las copias espejo de los celulares de las dos exempleadas de Sarabia.

El oficial, días antes de su muerte, le había enviado una carta al fiscal general Francisco Barbosa en la que le expresaba su disposición a colaborar con la investigación del caso.

Estos hechos, y las más recientes versiones que lo señalan como el dueño del dinero hurtado, motivaron al mandatario a pronunciarse. Petro dejó en claro que “deben ser las autoridades competentes, y no personas anónimas cuyos intereses se desconocen, las que aporten claridad sobre los procesos de investigación que se adelantan”.

Sostuvo el presidente que él mismo ha pedido de “manera contundente que sean las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones” y además, ha brindado las garantías para que estas puedan realizar su trabajo “con total libertad, acceso y transparencia, sin ningún tipo de obstáculo”.

El presidente reiteró que los supuestos testimonios que lo señalan como dueño del dinero en efectivo robado, “tienen un interés difamatorio en contra del Presidente de la República, buscan minar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno Nacional, a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas”.