Primer capturado por caso Lili Pink estaría detrás de 7 empresas “de papel”
La captura de Walter Francisco Martínez Martínez destapó uno de los expedientes más delicados de los últimos años en materia de contrabando y lavado de activos en Colombia, y que involucra a la marca de ropa interior Lili Pink.
La Fiscalía lo señala como pieza clave de una estructura que, presuntamente, utilizó empresas fachada, testaferros y complejas maniobras financieras para mover mercancía desde China y Panamá hacia Colombia, mientras ocultaba a los verdaderos beneficiarios del dinero.
Según lo expuesto por la Fiscalía durante las audiencias de legalización e imputación de cargos contra Martínez, la organización habría operado durante más de 13 años y estaría relacionada con las tiendas Lili Pink-Fast Moda S.A.S., cuya expansión comercial —más de 400 tiendas desde 2014— es considerada por los investigadores “como parte de una estructura diseñada para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito”.
El ente acusador sostiene que Martínez Martínez figuraba como representante legal de al menos siete empresas consideradas “de papel”, creadas presuntamente para importar mercancía, mover dinero y asumir riesgos jurídicos dentro del esquema.
Una de las sociedades mencionadas durante las audiencias fue Modamundo. De acuerdo con la investigación, estas compañías servían para ingresar mercancía al país mediante operaciones sospechosas de subfacturación y movimientos aduaneros irregulares.
Posteriormente, los productos terminaban siendo comercializados en canales formales, principalmente en tiendas asociadas a la marca Lili Pink. La hipótesis del ente acusador es que la comercialización masiva permitía convertir dinero de origen ilícito en ingresos aparentemente legales.
Cómo operaría el modelo
La estructura, según la Fiscalía, funcionaba en varias etapas. La primera de ellas era la creación de supuestas sociedades fachada. “Las empresas eran constituidas con accionistas de bajo perfil o presuntos testaferros”, ha dicho el ente acusador en las audiencias.
En algunos casos, las autoridades detectaron personas sin capacidad económica visible figurando como socios mayoritarios. Semana reveló, por ejemplo, que incluso un conductor aparecía como socio de compañías vinculadas al caso.
Las sociedades realizaban operaciones de comercio exterior desde China y Panamá. La Fiscalía habla de cerca de 1.900 declaraciones de importación y exportación bajo revisión.
Según la Fiscalía, la organización habría utilizado una red de importadoras, comercializadoras y sociedades ficticias para ingresar prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos de consumo masivo.
Las utilidades obtenidas eran transferidas al exterior mediante movimientos financieros complejos, pagos entre compañías y operaciones internacionales que, según la investigación, buscaban ocultar el origen real de los recursos. Uno de los mecanismos más relevantes detectados por las autoridades fue la constante creación y liquidación de sociedades.
La Fiscalía asegura que las empresas eran cerradas dejando atrás obligaciones tributarias y aduaneras, mientras nuevas sociedades continuaban la operación comercial. Los activos y cuentas por cobrar sobrevivían, pero las deudas quedaban en compañías que desaparecían jurídicamente.
730.000 millones bajo sospecha
Entre los hallazgos revelados por la Fiscalía, el ente investigador aseguró que la estructura habría permitido un supuesto lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones de pesos, posible contrabando por más de 75.000 millones de pesos, y decomisos de mercancía avaluados en más de 54.000 millones de pesos.
Además, las autoridades informaron que fueron afectados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, como parte de las medidas cautelares adelantadas en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos.
Durante las audiencias, la fiscal del caso aseguró que los verdaderos beneficiarios del dinero no aparecían formalmente dentro de las estructuras empresariales.
“Los verdaderos dueños se habrían ocultado”, afirmó la funcionaria judicial. La investigación apunta a que presuntamente se utilizaron “chivos expiatorios” para figurar como representantes legales, socios o accionistas, mientras el control real del negocio permanecía oculto.